El asunto adquiere relevancia porque durante su gestión la Secretaría de Gobierno tuvo relación institucional directa con el Registro Público de la Propiedad y el Archivo General de Notarías. Incluso, documentos oficiales confirman que Cisneros participaba junto con la Fiscalía y autoridades registrales en reuniones con integrantes del notariado veracruzano.
Publicaciones recientes han ido más lejos. Algunas han señalado directamente a Cisneros Burgos como presunto articulador o protector político de personajes relacionados con conflictos inmobiliarios en Xalapa y Coatepec. Son acusaciones que requieren investigación ministerial y pruebas, pero que adquieren otra dimensión ante la acumulación de denuncias sobre falsificación documental, despojos y utilización irregular de instrumentos jurídicos.
A ello se agregan publicaciones que desde años anteriores han relacionado al exsecretario con personajes presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Una columna publicada por Gobernantes recupera señalamientos periodísticos sobre sus frecuentes visitas a Vega de Alatorre y referencias previas que lo vinculaban públicamente con personas relacionadas con Rafael Caro Quintero. Nuevamente: son señalamientos periodísticos, no sentencias judiciales, pero constituyen antecedentes que las autoridades tendrían que esclarecer.
Lo verdaderamente importante es que el asunto dejó ya el terreno exclusivamente mediático.
Este jueves, la Fiscalía General del Estado informó que Fernando “N”, notario público de Catemaco, fue imputado por su presunta responsabilidad en fraude y delito contra la fe pública. Un juez le impuso prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 221/2026. La investigación deriva de la denuncia de una persona que presuntamente fue llevada mediante engaños a una notaría para firmar documentos relacionados con un inmueble de su propiedad.
El caso no prueba por sí mismo la existencia de toda una red ni demuestra responsabilidad alguna de Cisneros Burgos. Pero confirma algo fundamental: existen investigaciones penales sobre posibles irregularidades cometidas desde una institución cuya esencia es precisamente garantizar certeza jurídica.
Ahora corresponde al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, desmontar cualquier estructura irregular que pudiera haber sobrevivido administraciones anteriores.
La instrucción política de la gobernadora Rocío Nahle García debe traducirse en una premisa sencilla: investigar hasta donde llegue la cadena, sin proteger nombres, apellidos, notarías ni antiguos funcionarios.
Porque limpiar el Registro Público y el sistema notarial no solamente significa encarcelar responsables. Significa terminar con una posible herencia de impunidad que, de comprobarse, habría convertido la fe pública en uno de los negocios privados más lucrativos del poder.
Al tiempo.
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