En Veracruz formó parte importante del primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Como secretario de Educación durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez enfrentó una dependencia enorme, compleja y marcada históricamente por intereses sindicales, administrativos y políticos. Su gestión tuvo defensores y críticos —como corresponde a cualquier servidor público—, pero resulta imposible negar que fue uno de los cuadros que acompañaron desde sus primeros años la construcción del nuevo régimen político en la entidad.
Por eso mismo, frente a su muerte debe imponerse la responsabilidad.
No han transcurrido siquiera las horas necesarias para conocer con precisión qué ocurrió y ya existe el riesgo de que comiencen a construirse historias, hipótesis y sentencias desde micrófonos, redes sociales y trincheras partidistas. Ese camino no solamente resulta irresponsable: puede terminar dañando la memoria de una persona y entorpeciendo la comprensión de hechos que corresponde investigar a las instituciones.
Serán la Fiscalía General del Estado de Veracruz y, en el ámbito de sus atribuciones, la Fiscalía General de la República, las que deberán determinar circunstancias, responsables y móviles. La investigación ministerial, las pruebas periciales y los elementos jurídicos tendrán que hablar; no las especulaciones periodísticas ni, mucho menos, las conveniencias electorales.
Porque existe además un ingrediente imposible de ignorar: Veracruz llegará en 2027 a una elección de enorme relevancia política.
Desde ahora habrá quienes pretendan presentar cada acontecimiento como prueba de un estado incendiado, ingobernable o sometido a la violencia. La seguridad pública debe discutirse, cuestionarse y exigirse sin concesiones; pero también con datos y sin fabricar conclusiones anticipadas. Las autoridades estatales y federales han sostenido que diversos indicadores delictivos muestran reducciones derivadas de la coordinación y los operativos implementados en territorio veracruzano.
Un crimen de esta naturaleza exige respuestas, no propaganda. Exige investigación, no rumores. Y exige justicia, no rentabilidad electoral.
Hoy corresponde lamentar la pérdida de Zenyazen Escobar García, reconocer su trayectoria como maestro, dirigente y político, y exigir que su muerte sea esclarecida hasta sus últimas consecuencias.
Que hablen las pruebas. Que actúe la justicia. Y que calle, por una vez, la especulación.
Al tiempo.
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