La propuesta ha generado posturas encontradas sobre su alcance en la vida democrática del estado:
Argumento a favor: Defensores sostienen que la evidencia de vinculación de autoridades locales con el crimen organizado —con antecedentes nacionales como el caso de La Esperanza, Puebla— exige mecanismos ágiles de acción penal.
Postura crítica: Cuestionan que si el objetivo es la rendición de cuentas, la eliminación de la inmunidad procesal debería extenderse a la figura del titular del Poder Ejecutivo estatal.
Antecedentes, expedientes y la prevención necesaria
El Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que existen alcaldes y exediles bajo investigación o en calidad de prófugos tras perder su inmunidad.
Entre los casos vigentes en la entidad destacan los procesos contra Raúl González Martínez (exalcalde de Ixhuatlán del Sureste) y Bertín Bravo Montero (exalcalde de Úrsulo Galván), así como las indagatorias de la Fiscalía sobre Isaac García Álvarez, alcalde de Coahuitlán.
La experiencia demuestra que el desafuero en el Congreso no garantiza por sí solo la aprehensión ni la aplicación de la justicia. Por ello, el análisis plantea que la reforma constitucional debe acompañarse de filtros previos: como por ejemplo, someter a candidatos y ediles electos a exámenes de control de confianza obligatorios, similares a los aplicados en las corporaciones de seguridad pública.
Podrá gustar o no gustar la iniciativa, pero es necesario poner el tema sobre la mesa y discutirlo.
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