Para la gran cantidad de colegas que transitaron en un limbo absoluto durante el ¿Gobierno? de Cuitláhuac García, esta declaración podría significar la apertura del Gobierno del Estado hacia el conjunto de la comunidad periodística veracruzana, por años excluida de facto de cualquier relación con los funcionarios y las dependencias estatales.
Tal vez implique la apertura de los miembros del gabinete a responder preguntas y recibir a reporteros con el fin de darles la información oficial que soliciten. Porque lo usual ha sido que los funcionarios se nieguen a conceder entrevistas sobre los temas que deben dominar en el área de su responsabilidad. Pero de lo dicho por Bouzas Medina pareciera que la mordaza será quitada finalmente de las bocas y los ojos de las cabezas de área del equipo de gobierno.
No sonó muy preciso lo que dijo don Rodolfo sobre que “se debe identificar a los medios de comunicación que representan la profesión periodística, de aquellos perfiles de redes sociales que se dedican a denostar, principalmente a los gobiernos de izquierda”. Y es que no es función de la dependencia a su cargo y tampoco del Gobierno ponerse a calificar unilateralmente a los medios de comunicación, sino aceptar la interlocución con periodistas reconocidos por su desempeño profesional a lo largo de los años; menos, delimitar maniqueamente la relación sobre la base de una ideología.
Puede haber medios de derecha que sean profesionales, verídicos y que ofrezcan información cierta, real y comprobable, y a contrapelo, se llega a dar el caso de medios que se definen como de izquierda, y sin embargo llenan con falsedades sus informaciones.
La interrelación de los medios con el Gobierno no se puede sustentar sobre la necesidad de una comunión ideológica.
Esperaremos la apertura ofrecida por el maestro Bouzas Medina porque no puede haber mejor política que la de permitir que “los medios de comunicación que representan la profesión periodística” -que son muchos en Veracruz- ejerzan la libertad de expresión con plena garantía de su derecho constitucional a expresarse.
He ahí la mejor fórmula para garantizar una comunicación plena, versátil y enriquecedora entre el pueblo y su Gobierno
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