Y aquí comienza el problema: mientras las cuentas públicas se revisan sobre el papel, los trabajadores denuncian carencias que afectan sus condiciones laborales.
Personal administrativo del IPAX hizo llegar a esta redacción una queja contra la anterior administración, encabezada por Héctor Manuel Riveros Hernández, por la presunta falta de entrega de uniformes reglamentarios. Aseguran que deben comprar con sus propios recursos las prendas necesarias para presentarse a trabajar, pese a que, según sostienen, les corresponde recibir una dotación institucional.
No es un asunto menor. Tampoco lo es la falta de seguro de vida para elementos operativos y administrativos denunciada públicamente durante 2026. En abril, medios de comunicación reportaron que más de siete mil 600 trabajadores se encontraban sin esa cobertura, una situación que exige respuestas claras de las autoridades responsables.
Porque estamos hablando de personal que realiza labores de seguridad y protección patrimonial. Si quienes deben cuidar los bienes y la integridad de terceros carecen de prestaciones fundamentales, alguien tiene que explicar qué ocurrió y qué medidas se tomaron para corregirlo.
A estos cuestionamientos se suman señalamientos sobre una comandancia adquirida durante la gestión anterior que, de acuerdo con las denuncias recibidas, habría sido clausurada por el Ayuntamiento de Xalapa debido a problemas relacionados con el uso de suelo. También se afirma que el inmueble continuaría utilizándose como archivo, situación que merece una aclaración oficial.
Y respecto a la supuesta nueva residencia del excomisionado, conviene preguntar antes de afirmar: ¿existe documentación que permita vincular su adquisición o construcción con recursos del instituto? Si la hay, debe presentarse y ponerse a disposición de las autoridades fiscalizadoras. Una acusación de esa naturaleza no puede sostenerse únicamente en rumores.
Ahora corresponde al nuevo comisionado revisar los expedientes, informar sobre el estado financiero y administrativo del organismo, aclarar las observaciones pendientes y garantizar que el personal reciba las prestaciones que legalmente le correspondan.
También debe explicar públicamente cuáles son las medidas adoptadas para regularizar los uniformes, el seguro de vida y las instalaciones cuestionadas.
Porque cambiar al titular de una dependencia no significa borrar las cuentas del antecesor.
El IPAX necesita orden administrativo, transparencia y respeto a sus trabajadores. Y si alguien utilizó indebidamente recursos públicos, que se investigue y se sancione conforme a derecho.
Como diría nuestro filósofo xalapeño ateniense, Pancho López, con el sarcasmo que amerita el caso:
“Para cuidar el patrimonio ajeno, primero hay que aclarar las cuentas del propio.”
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