De acuerdo con la información que ha comenzado a circular, cuatro contratos relacionados con servicios de planeación, supervisión y auditoría de obra pública representarían más de 20 millones de pesos.
La cifra, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad.
Pero sí justifica que se revisen los contratos, los procedimientos de adjudicación, las empresas participantes, los montos, los entregables y, sobre todo, quiénes intervinieron en cada una de las etapas.
Y aquí aparece un elemento que merece especial atención.
La arquitecta Ana Isabel Martínez Torres encabeza la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Veracruz, dependencia directamente relacionada con la ejecución y supervisión de infraestructura municipal. Su participación en esas responsabilidades está documentada oficialmente por el propio Ayuntamiento.
Por otra parte, Griselda Adahí Gil Marín fue designada al inicio de la actual administración como titular del Órgano de Control Interno y formó parte, junto con la Tesorería y Obras Públicas, de la Comisión Especial para la Entrega-Recepción.
Posteriormente, en junio de este año, Gil Marín dejó la titularidad del Órgano de Control Interno para asumir la Dirección de Administración.
Hasta aquí, son hechos administrativos documentados.
Lo que corresponde esclarecer es lo demás.
Porque si en los expedientes de esos contratos aparece algún posible parentesco entre funcionarios que participaron en los procedimientos y propietarios o representantes de empresas beneficiadas, entonces la pregunta deja de ser política y se convierte en una cuestión documental: ¿existía un conflicto de interés?, ¿fue declarado?, ¿se excusó el funcionario correspondiente?, ¿quién autorizó la contratación?
Y si no existe ningún vínculo irregular, también debe demostrarse.
Ahí está precisamente la importancia de la transparencia.
Porque gastar más de 20 millones de pesos en servicios relacionados con obras públicas puede ser perfectamente legal y justificable. Lo que no puede ser es que nadie pueda explicar con claridad por qué se contrataron esos servicios, quién los realizó, cuánto costaron y qué resultados entregaron.
Y hay otra pregunta que merece respuesta:
¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar?
Porque resulta paradójico que se paguen millones para planear, supervisar y auditar obras públicas y, al mismo tiempo, queden dudas sobre quién revisa a las empresas contratadas y quién verifica que efectivamente cumplieron con lo establecido en los contratos.
Los regidores, sean de oposición o de la mayoría, tienen en este asunto una tarea elemental: preguntar.
Preguntar cuánto.
Preguntar a quién.
Preguntar por qué.
Y preguntar qué se recibió a cambio de cada peso pagado.
No se trata de acusar sin pruebas.
Se trata de hacer algo mucho más sencillo: abrir los expedientes.
Los contratos, las propuestas de los participantes, los dictámenes de adjudicación, las declaraciones de intereses, los informes de supervisión, los entregables de las auditorías y, en su caso, cualquier posible relación familiar o empresarial deben estar disponibles para su revisión.
Porque cuando se habla de más de 20 millones de pesos del erario, la transparencia no puede quedarse en el discurso de los boletines oficiales.
Cada peso debe tener una explicación.
Y cada funcionario que intervino debe estar dispuesto a darla.
Porque en la administración pública no basta con decir que todo está en orden.
Hay que demostrarlo.
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