Se ha señalado en no pocas ocasiones que una investigación no termina con la detención, sino que esta debe sostenerse ante los tribunales. Y por lo que se ha visto, en ese renglón la Fiscalía General del Estado (FGE) integra carpetas de investigación sólidas y con pruebas, que llegan hasta sentencias condenatorias ejemplares.
Y los números de la semana no son de relleno. Del 12 al 18 de noviembre, la FGE, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), consiguió cuatro sentencias condenatorias por secuestro agravado y secuestro específico, contra 16 personas. Detrás de cada una hay una investigación que no se cayó en el juicio oral, que es justo donde se desmoronan muchos casos.
Tuxpan: 80 años de prisión para cinco personas, por un evento ocurrido el 12 de diciembre de 2020, sobre la carretera Tierra Blanca-Llano Grande, en Álamo Temapache. La víctima viajaba en un vehículo cuando sujetos armados la interceptaron y le quitaron la libertad. Luego vino lo de siempre: exigir dinero a cambio de dejarla ir. Casi seis años después, los responsables tienen sentencia.
Minatitlán: 75 años para otras cinco personas por hechos del 5 de noviembre de 2019, en la colonia Luis Donaldo Colosio, de Cosoleacaque, cuando sujetos armados, a bordo de un vehículo, se llevaron a la víctima y fue su esposo quien recibió la exigencia de pago. Siete años después, la justicia les llegó.
Veracruz: 55 años para dos personas. En febrero de 2022, en Alvarado, 22 personas migrantes de diversas nacionalidades, que viajaban en autobuses rumbo a Estados Unidos, fueron privadas de su libertad. Iban de paso, con otro destino en mente, y aquí las convirtieron en mercancía: los responsables pidieron un rescate por cada una.
Huatusco: 4 años para cuatro personas por secuestro específico. El 24 de octubre de 2023, un campesino fue sacado de su propio domicilio, en Tlacotepec de Mejía, y trasladado a Totutla. Su familia recibió después la exigencia de pago. La pena es mucho menor que en los otros tres casos, pero sigue siendo una condena para quienes arrancaron a un hombre de su casa y obligaron a su familia a negociar.
Cuatro distritos, cuatro casos, 16 sentenciados. Lo que quedó probado en tribunales, no en conferencias de prensa.
Son sentencias ejemplares logradas tan solo en la última semana, y en ellas mucho tiene que ver que la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, haya servido antes en cargos relacionados con el análisis y la toma de decisiones sobre carpetas de investigación mal integradas.
La pregunta sigue siendo: ¿podrá la FGE mantener estos resultados y seguir cerrando espacios a la impunidad? Es difícil mantener el ritmo, pero es lo que la sociedad exige, no menos.
Por lo pronto, ¡sigue la mata dando!
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