El gobierno del estado no reconoce la deuda que tiene con el Instituto de Policía Auxiliar (IPAX) por un monto de 204 millones de pesos (mdp) y está provocando un fuerte daño patrimonial a este Organismo Público Descentralizado, dedicado a proveer de servicios de seguridad, de donde obtiene sus ingresos.
Sucede que el IPAX prestó sus servicios de seguridad poniendo a disposición las dependencias del gobierno del estado, un amplio número de policías para brindar este servicio, el cual no sólo no ha sido pagado, sino que además, el gobierno del estado se niega a reconocer una parte importante de esa deuda, a pesar de que existe evidencia documental de que el servicio se llevó a cabo.
En la reciente revisión de las cuentas por pagar del gobierno del estado que se publicaron en la Gaceta oficial No. Ext. 290, el 21 de julio de 2016, se reconoce que el IPAX tiene derecho a reclamar el pago de 94 mdp, por servicios prestados al gobierno estatal. Sin embargo, de acuerdo con los estados financieros de junio 2016 de esta institución, ese adeudo es de un monto de 298 mdp.
|
Esto significa que no se le está reconociendo al IPAX el pago a que tiene derecho legalmente, por haber prestado sus servicios de seguridad.
El proceso de eliminación de un monto importante de estas cuentas por pagar del gobierno del estado se llevó a cabo de dos formas.
- Se incluyó en la Gaceta Oficial, un conjunto de deudores con deuda por pagar al IPAX, pero el monto que se consigna es menor al que señalan los Estados financieros del Instituto. Por esta vía se le están dejando de reconocer un total de 178 mdp.
- En la Gaceta oficial no se incluyó un conjunto de deudores cuya deuda suma 26 mdp, aunque ésta forma parte de los estados financieros del IPAX. Es decir, simplemente desaparecieron, aunque si se les otorgó el servicio y hay facturas para exigir el pago.
Finalmente hay que señalar que los montos de los adeudos no reconocidos por dependencia son de magnitudes muy diferenciadas, destaca la deuda no reconocida de la Secretaria de Gobierno por 84 mdp, la de SEFIPLAN por 62 mdp, DIF 17, Secretaría de Educación 13 y Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 11 mdp.
Esto es un prueba más del desorden financiero del gobierno del estado, de la corrupción que ha imperado y del manejo discrecional de los recursos públicos, sin ninguna responsabilidad para los funcionarios que han abusado de su uso.
Por desgracia estas prácticas han causado un grave daño a nuestras instituciones, no sólo financiero, también de orden ético y moral del que tendrán que recuperarse como condición para cumplir con su papel social para el cual fueron creadas. hbarcel@hotmail.com |
