Según información de alto nivel, las acciones no tienen vuelta de hoja, la altanería, sumada a esa soberbia, que nubla la realidad producto de un ejercicio del poder basado en una hermética actitud de construirse una burbuja de irrealidad, cargada de aduladores, soplanucas, y por supuesto de mentirosos que lo único que hicieron fue lamerle los pies al titular del ejecutivo, apunta a que Javier Duarte, por más bueno que afirme su el último poseedor de la llave del reino, lo va alcanzar la justicia, esa que pensó, que era factible de nublar, como nubló su realidad.
En un giro inesperado de sucesos, los amigos de Javier Duarte estarían presenciando como varias de sus propiedades son embargadas producto de las investigaciones y procesos en contra del Gobernador de Veracruz en donde salen irremediablemente salpicados.
El ex director de Aeronáutica del Areopuerto El Lencero y dueño de Val Aeroespacial S.A. de C.V. sería el afectado más reciente en el desmoronamiento del duartismo.
Sus empresas Hermes y Val Aeroespacial están siendo embargadas después de haberlas pasado bajo la lupa de investigaciones y encontrar serias irregularidades.
Alejandro Sánchez se le señaló de desvíos de recursos y malversación de fondos estatales a razón de millones de pesos y también se le relacionó con el Ing. Alejandro Morales Reyes y los subdirectores de mantenimiento Jorge Patiño A. y el subdirector de operaciones Santiago Peña Vera quienes mediante la empresa ASA Trading Co. y con Ayuda de Alejandro Sánchez y su empresa Val Aeroespacial habrían concretado desvíos millonarios de recursos.
Justamente Val Aeroespacial era el taller encargado de hacerle mantenimientos a el helicóptero XCVER del estado de Veracruz que terminó accidentado y llevándose a dos vidas.
Por otro lado, las investigaciones realizadas en torno al caso Duarte han empezado a afectar a uno de los más allegados del aún Gobernador, Moisés Mansur Cysneiros a quien también se le han embargado varias propiedades de cuantioso valor monetario y que ahora están bajo el escáner de los investigadores del caso.
Además de los inmuebles, el SAT está embargando cuentas bancarias empresariales y particulares de los investigados.
Ahora bien, aun cuando el mismo el SAT no refiere nombres de funcionarios, ni mucho menos de personajes involucrados, la impronta nos remonta a la investigación periodística de Animal Político, quien vinculó en este escándalo a diversos servidores públicos como Alberto Silva Ramos, Edgar Spinoso Carrera, Adolfo Mota Hernández, Tarek Abdalá Saad y Humberto Benítez Pérez,
Asimismo, Tomás Ruiz, y Noemí Guzmán Lagunes Juan Carlos Rodríguez, y Zaidé del Carmen Zamudio Corro.
Es importante acotar que de los implicados en la investigación varios ocupan una curul en la Cámara de Diputados, otros son diputados electos y algunos siguen en la función pública.
Por ejemplo, Edgar Spinoso Carrera, fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y actualmente es diputado federal; Tarek Abdalá Saad llegó a ser tesorero de la SEFIPLAN y actualmente goza de fuero al haber ganado la diputación federal.
Silva Ramos logró llegar al cargo de diputado federal, pero al poco tiempo solicitó licencia para regresar a ser coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz.
En el caso de Tomás Ruiz González ha ocupado varios cargos en la administración pública federal y estatal, ahora, en la presente administración estatal, se desempeñó como secretario de Finanzas y actualmente es secretario de Infraestructura y Obras Públicas.
De igual forma Noemí Guzmán Lagunes, quien se desempeñó los primeros años como secretaria de Protección Civil ahora, funge como legisladora federal.
Uno a quien la PGR tiene especialmente en la mira es a Vicente Benítez quien ocupó diversos cargos en la administración de Javier Duarte, el último, antes de buscar la diputación local, fue como oficial mayor de la SEV.
Juan Carlos Rodríguez “El Zopilotito” es un abogado que ocupó cargos en la SEDESOL estatal y la Secretaría de Salud y quien últimamente se ha defendido en medios nacionales porque afirma que nunca ha sido militante del PRI, ello luego de que el tricolor le suspendiera sus supuestos derechos partidarios.
Se suma a la lista Adolfo Mota otro de los señalados en la investigación de Animal Político, a quien refieren como presunto responsable del desvío de recursos de la SEV, también cuenta con la protección del fuero por la que pagaron millones en su afán de salvar el pellejo.
Por último, Zaidé del Carmen Zamudio Corro fue jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, hoy escondida en la administración del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y donde acusan ha buscado a toda costa la protección de cuanto santo existe en el Santoral.
Ahora bien, la federación prepara todo para mandar un mensaje claro y profundo, no más actos de corrupción, aplicación irrestricta del cumplimiento de la ley, para eso, ya opera en Veracruz, a su encargado de operar todos estas acciones, aun a pesar del malestar de algunos delegados federales, que simplemente no terminan de entender, que el poder se detenta y el presidente de México es la más alta institución del país, haya el que lo quiera entender.
Por lo pronto, la PGR ostenta ya elementos suficientes para solicitar ante un juez la detención de Javier Duarte de Ochoa y cuando menos 10 de sus colaboradores, aunque al todavía gobernador de Veracruz tendría que realizársele primero un juicio procedencia, para destituirlo inicialmente como mandatario estatal y retirársele todo beneficio referente a dicho cargo burocrático.
De este modo, con la información del “Caso Veracruz” por parte del SAT se confirma que el comienzo del principio del fin está en marcha; así al menos 6 de los 10 señalados tienen inconsistencias graves ya comprobables, desde el supuesto de que emitían comprobantes de gastos millonarios sin entregar bienes o servicios.
La dependencia federal indicó que ya se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes. Como resultado, se ha librado ya una orden de aprehensión y se han llevado a cabo dos audiencias iniciales, donde en uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional.
¿Tendrá la federación encabezada por Enrique Peña Nieto la disposición de hacer justicia?
La respuesta es sí.
Por otro lado el SAT y la Procuraduría General de la República ya investigan el desvío de cantidades millonarias por parte del gobierno de Veracruz que según evidencias aportadas por un testigo protegido con el que ya cuenta la PGR y es identificado anónimamente como "El Inglès" fueron llevados al Canal de la Mancha y a las Islas Caimán.
Además, la PGR ya también confirmó que la tarde del pasado martes Domingo Yorio Saqui, titular de la Dirección de Catastro y Valuación de Veracruz, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para rendir su declaración en torno a las investigaciones que realiza la dependencia contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Recordará que la presencia del funcionario fue solicitada en días anteriores a raíz de las indagatorias por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal en las que probablemente incurrió el gobernador.
El pasado 21 de septiembre José Guadalupe Medina Romero, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, dio una conferencia de prensa para aceptar por primera vez que la Procuraduría estaba realizando una investigación contra Duarte de Ochoa.
Queda claro que para el gobierno federal el “Caso Veracruz” es el comienzo del principio del fin.
Al tiempo.
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