Lo dijo un Presidente que hizo sentir su fuerza e impuso al actual dirigente nacional de su partido, el PRI (Enrique Ochoa Reza) quien arrancó su gestión con una sola consigna: Encabezar una cruzada al interior de ese partido, en contra de la corrupción de sus militantes.
Enrique Ochoa es el mismo dirigente político que se atrevió a cobrar una liquidación superior al millón 200 mil pesos por sus servicios como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar de haber sido él mismo quien presentó su renuncia.
Aunque alegó que se había limitado a recibir lo que establecen los reglamentos internos de esa empresa, más tarde se conoció que dicha normatividad aplicaba exclusivamente para servidores públicos de primer nivel que hubieran cubierto tres años de servicios, plazo que él no alcanzó a cumplir.
No sólo eso: Otros 24 funcionarios de los más altos niveles en la CFE se vieron beneficiados con ese trato. Entre los favorecidos de esta irregular forma de la CFE para liquidar a sus directivos, está -¡oh sorpresa!- el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, justo el responsable de sancionar las conductas de corrupción de los militantes priistas.
Es justo lo que hace ver el analista político del periódico La Jornada, Pedro Miguel, en su colaboración titulada "Gobernadores impunes".
Advierte que ya dejaron sus cargos Roberto Borge, en Quintana Roo, y César Duarte, en Chihuahua, que muy pronto se les unirá Javier Duarte, de Veracruz.
Menciona que, como ocurrió el año pasado en Nuevo León, "en esas tres entidades el tricolor fue desalojado del poder por políticos que alimentaron sus respectivas campañas con el descontento provocado por la manifiesta ruptura del estado de derecho auspiciada o permitida desde las instituciones, especialmente en lo que se refiere a la corrupción".
Y señala: "Ahora los tres (candidatos ganadores en Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz) tienen ante sí la tarea de desarticular la montaña de inmundicia e ilegalidad que heredan Borge y los Duarte, herencia que en Veracruz se ve agravada por la pavorosa e incontrolada violencia que ejercen la criminalidad y las corporaciones policiales en contra de la población. Y la desactivación de semejantes legados implica necesariamente investigar y sancionar a quienes los construyeron, a sus colaboradores y a los beneficiarios de los desastres estatales correspondientes. De no actuar así, los nuevos gobernadores enfrentarán un rápido desgaste".
No está lanzando sentencias al aire. Tiene un sólido ejemplo para sustentar sus dichos:
"Un antecedente esclarecedor en este sentido es la brusca caída de la popularidad y credibilidad de El Bronco, fenómeno que no se explica única ni principalmente por sus dislates sino, sobre todo, porque en más de un año en el cargo no ha podido -o no ha querido- avanzar de manera sustancial en el esclarecimiento de la inmundicia del gobierno anterior. Ello es así no sólo porque la coalición de intereses empresariales que cobijó su candidatura independiente está inmersa en la misma descomposición que El Bronco prometía combatir, lo que lo ata de manos localmente, sino también porque es dudoso que el poder federal acuda en auxilio de un trabajo de esclarecimiento que podría culminar con el ex gobernador Medina en la cárcel".
¿Podrá Miguel Ángel Yunes imponerse a los intereses económicos y políticos que lo impulsaron a la gubernatura?
¿Estará dispuesto el gobierno de Enrique Peña Nieto a abrir la cloaca de la corrupción priista, lo que daría como consecuencia la entrega del poder en el 2018?
¿Aceptarían con sumisión y disciplina su negro destino los gobernadores señalados, sin "llevarse entre las patas" a más de uno de los que hoy los condenan?
Justo es recordar aquella deformación que hiciera el ingenio del mexicano al lema de campaña del expresidente José López Portillo: "La corrupción somos todos".
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