Algunos medios han señalado que Mónica Ghihan sería una de las dos mujeres que la PGR habría detenido como parte del proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero de que se acusa al prófugo. A su esposo, José Armando Rodríguez Ayache, se le atribuye la propiedad de un departamento en Torre Pelícano, en Boca del Río, ocupada regularmente por Javier Duarte, y que está valuado en unos 10 millones de pesos.
No puede confirmarse que Mónica Ghihán sea una de las detenidas; la que sí, según varias fuetes, es América Aguilar Bozada, exfuncionaria de la Fiscalía General del Estado y exsubdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública en el gobierno duartista, y quien gracias a sus buenos oficios, tras crear una empresa de venta de pinturas Comex, fue beneficiada con las compras del gobierno estatal.
Por lo tanto, Duarte no embarró a su familia. La familia se incorporó con júbilo y enjundia al delicioso negocio de tomar dinero público a manos llenas, pero lo hicieron con tanta ansiedad que dejaron huellas enormes por todas partes. Se habla incluso de María Cecilia de Ochoa Guasti, madre de Javier Duarte, de su hermano Cecil y de parientes como sus primos Luis Iván y Héctor Ochoa Dehesa.
Tanto en la investigación periodística realizada por el portal Animal Político sobre la creación de empresas fantasma como en otras publicaciones y filtraciones, se repiten los nombres de operadores financieros y prestanombres como el diputado local electo Vicente Benítez González, o como los diputados federales Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Jorge Carvallo y Érick Lagos.
Pero en la lista derivada de las investigaciones del SAT y la PGR podrían aparecer decenas de cómplices que han sido o son funcionarios públicos, representantes populares, empresarios y familiares de Duarte.
Se dice que los principales prestanombres del exgobernador veracruzano son Moy Mansur, Franky García y Jaime Porres. Entre las propiedades de Moy Mansur se encuentra el rancho “Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, con un valor aproximado de 200 millones de pesos. También, mansiones y departamentos en las exclusivas zonas de Polanco y Las Palmas, en la Ciudad de México.
Franky García es el socio cañero, era también el representante del estado ante Petróleos Mexicanos, se encargaba de hacer negocios con los vales de asfalto y combustible. Se le atribuye como propiedad el polémico rancho El Faunito, ubicado en Fortín de las Flores. Por su parte, Jaime Porres tiene la operación de los puentes Prieto en Pánuco y José López Portillo en Álamo, grandes negocios que dejan buenas ganancias, porque por ellos circulan miles de vehículos diariamente.
El empresario David Velasco Chedraui, actual diputado local, declaró este miércoles a los medios de comunicación que había sido ‘invitado’ a realizar negocios sucios con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, derivado de los cuales tanto él como el mandatario saldrían beneficiados, propuesta que desechó pese a insistencia y presiones.
Si no se castiga a todos los que, como banda criminal (de ahí el delito de crimen organizado), participaron en la destrucción de toda una entidad y en el mayor agravio a los veracruzanos, no podremos hablar de justicia.
EL RECREO
“Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal”. Así parece que será la nueva letra del himno creado por Agustín Lara.
Delegados federales, más protagonistas
Hace tiempo que los delegados de las dependencias federales en Veracruz, por instrucciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizan un intenso trabajo de diálogo con los diversos sectores que estaban siendo afectados por el hoy gobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa quien, en el último año, prácticamente se había peleado con todos los líderes y representantes, además de alcaldes y dirigentes partidistas, incluyendo al PRI.
La inactividad del gobierno federal para remover la lacra en que con mayor claridad se había convertido Duarte, empezó a profundizar la desaprobación de los veracruzanos no solo del gobierno estatal sino del que encabeza Enrique Peña Nieto.
Por ello, encabezados por el delegado de la Segob que los coordina, Ángel Isaac Ochoa Pérez, empezaron a moverse por la entidad a inaugurar obras con recursos federales que Duarte señalaba como de su gobierno, a reunirse con organizaciones magisteriales que protestaban por falta de pagos, a acudir a las zonas afectadas por fenómenos meteorológicos para brindar apoyo directo a través de Sedesol y la SSA federales, a reunirse con alcaldes de diversas regiones y banderas políticas que trinaban contra Sefiplan que les retenía (hasta la fecha) recursos federales para obras y servicios, y a entrevistarse con los diputados locales electos por partido para exponerles los programas federales y proponerles formas de coordinación.
Esto nunca había sucedido. Los delegados federales eran propuestos por el gobernador y prácticamente eran empleados suyos que, protocolariamente, rendían informes en las sedes centrales de sus dependencias. Había mucha coordinación y, en un esquema de armonía, impulsaban obras y programas con respaldo de los dos niveles de gobierno. Con Javier Duarte esto desapareció: inauguró obras realizadas con presupuesto federal y se las atribuía a su gobierno sin darle siquiera una mínima mención. Ya sabemos que lo único que construyó el hoy prófugo de la justicia federal fueron puentes hacia su suicidio político y su posible estancia carcelaria por ladrón y mentiroso.
Este miércoles, estos delegados se reunieron con los diputados locales electos del Partido de la Revolución Democrática para, según el comunicado emitido por este partido, “afinar los mecanismos de una estrecha comunicación, colaboración mutua y actividades entre legisladores y la representación en el estado de la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto”. La reunión fue encabezada por la coordinadora del Grupo Legislativo electo del PRD, Yazmín Copete Zapot, así como sus compañeros de bancada Sergio Rodríguez Cortés, María Adela Escamilla Moreno y José Kirsch Sánchez.
Ángel Isaac Ochoa Pérez sostuvo que los 61 delegados federales en funciones en Veracruz tienen la instrucción precisa de trabajar con los nuevos gobiernos, tanto el estatal como de los 212 municipios, independientemente del partido político al que representen.
Tuvieron que ponerse las pilas y evitar cargar con el lastre de quien hoy anda a salto de mata.
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