Los diputados locales del PRI y sus aliados, incluidos varios que se supone navegan con las banderas de la “oposición”, no sólo cerraron los ojos ante el robo en despoblado a las finanzas estatales, sino que disfrutaron de las mieles del dinero malhabido, de los frutos de las componendas, de las prebendas de un poder usado para lucrar y no para servir a los ciudadanos.
Esa mayoría de diputados y diputadas que en los últimos seis años dominaron al Poder Legislativo estatal aprobaron sin chistar todos los desvaríos legales que se le ocurrieron al hoy prófugo ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su camarilla.
Fue así que intentaron limitar y penalizar la libertad de expresión en las redes y en los medios; redujeron a míseros dos años el próximo periodo gubernamental porque el gobernador quería imponer sucesor; modificaron normas como la Ley de Pensiones en perjuicio de los trabajadores; permitieron la opacidad en el gasto gubernamental; buscaron criminalizar las protestas ciudadanas y lograron hacerlo con las mujeres al abrir la puerta a la penalización del aborto para que Javier Duarte quedara bien con la Iglesia Católica.
Los diputados locales de las dos últimas legislaturas dejaron pasar informes maquillados e inverosímiles sobre las revisiones de la Cuenta Pública, en los que el Ejecutivo aparecía como un ente impoluto, honestísimo, sin mácula ni sombra de duda. Sólo al caer en desgracia el régimen “se dieron cuenta” del hervidero de corrupción, de los desvíos y el atraco a Veracruz perpetrado por el fide-duartismo voraz.
No podían hacerlo de otra forma cuando fueron cómplices de la podredumbre, vendiendo su conciencia y su voto. Según fuentes de primer nivel a las que este reportero tuvo acceso, hasta 30 millones de pesos se dejaron pedir muchos diputados locales por avalar los disparates legislativos con los que el gobierno de Javier Duarte primero reventó las finanzas públicas y al final pretendió cubrirse las espaldas y garantizarse impunidad.
Ahora que se van, con un cinismo esperpéntico los diputados locales dicen haber obrado bien. Niegan haber avalado el robo al erario del estado y aseguran estar despreocupados porque se les califique como los peores de la historia de Veracruz. Eso les tiene sin cuidado.
Lo que no les tendrá sin cuidado es que también se les llame a cuentas y se les finquen responsabilidades políticas y hasta penales, por acción u omisión, de la devastación de Veracruz. Corresponderá a la LXIV Legislatura del Estado, que entra en funciones este 5 de noviembre, esa tarea. Habrá que exigírsele que la haga.
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