Y es que sobre el caso de Catemaco ha trascendido que la virulenta manifestación fue encabezada por Wilfrido Reyes Martínez, identificado como dirigente de la Organización del Gobierno Autónomo de los Pueblos Indios, quien es un recalcitrante adversario político del alcalde González Azamar, al cual estaría tratando de frenar en su pretensión de heredarle la presidencia municipal a su esposa.
Ello parece explicar por qué la turba azuzada por el líder indígena no sólo incendió el despacho del munícipe sino que también allanó y saqueó su domicilio particular y la bodega del ayuntamiento.
González Azamar, quien ya ha sido diputado local y tres veces alcalde por diferentes partidos –el PRI, PT y actualmente por Alternativa Veracruzana (AVE), instituto político que acaba de perder su registro local en la elección de este año–, fue un factor determinante también en Catemaco para el triunfo de Vicente Benítez González como diputado por el distrito de San Andrés Tuxtla, cargo que el ex Tesorero de la Sefiplan y ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz obtuvo postulado por Nueva Alianza (PANAL).
El aparente control político que el edil de Catemaco tiene de su municipio hace suponer que cumpliría su capricho de imponer a su cónyuge por el partido que sea en los próximos comicios locales, cuyos resultados incidirán posiblemente en la elección del próximo Gobernador y Presidente de la República que se elegirán conjuntamente en el 2018.
En cuanto a la movilización de los alcaldes del PAN y PRD ha despertado también suspicacias el protagonismo del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante a suceder a su padre Miguel Ángel Yunes Linares en el 2018.
¿Por qué no se apoderaron del Palacio de Gobierno y de la Casa Veracruz en octubre, cuando todavía estaba en funciones el gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, si el pretexto de su movilización es el adeudo de las participaciones federales que el gobierno del estado les dejó de entregar desde hace tres meses?
Una versión trascendida del propio bunker de Yunes Linares es que el gobernador electo temía –y presuntamente aún seguiría temiendo– que no lo dejen tomar posesión el 1 de diciembre próximo, pese a que el presidente Peña Nieto le concedió audiencia el antepasado miércoles 2 en la residencia oficial de Los Pinos.
Y es que las especulaciones se reactivaron al publicar Peña Nieto en su perfil de Facebook las fotos de los encuentros que sostuvo ese mismo día también con los gobernadores electos de Tlaxcala y Oaxaca, ambos del PRI, en cuyos casos el jefe del Ejecutivo federal usó el verbo “respaldar”, más no así cuando se refirió al panista veracruzano. El Presidente escribió: “Me reuní con el Gobernador Electo de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, a quien expresé la voluntad del Gobierno de la República de respaldar su administración para llevar adelante los proyectos, programas y acciones a favor de la entidad”. Luego publicó: “Me reuní con Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador Electo de Oaxaca, a quien le reiteré la voluntad de respaldar al gobierno estatal, con la intención de mejorar las condiciones de progreso en favor de los oaxaqueños”. Y por último, de manera escueta, consignó: “Hoy me reuní con Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo de Veracruz, con quien dialogué sobre diversos aspectos de la situación actual en la entidad”.
Además, en los últimos días ha quedado evidenciado que el gobierno de Peña no ha concretado supuestos acuerdos con legisladores federales y líderes del PAN, cuyo dirigente nacional Ricardo Anaya viene siendo blanco de una apabullante campaña mediática sobre su riqueza inexplicable.
Y es que aparte de que el ex secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, declinó ser el Fiscal Anticorrupción cuando supuestamente ya estaba convenido con el PAN, ahora la Procuraduría General de la República le acaba de jugar chueco al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, quien este jueves tomó la iniciativa de comparecer ante un juez del Reclusorio Oriente. Los más sorprendidos con el encarcelamiento de Padrés fueron los panistas, ya que según versiones periodísticas, a cambio de apoyar la llegada a la PGR de Raúl Cervantes, éste habría aceptado una entrega pactada del ex gobernador de Sonora, de tal manera que sólo pisaría el Juzgado y no la cárcel, para poder seguir desde su casa el proceso en su contra por lavado de dinero y fraude. Pero, a la mera hora, los agentes ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada y, de paso, detuvieron también a su hijo, que fue internado en el penal del Altiplano, quien por cierto es abogado del despacho del ex procurador Antonio Lozano Gracia, defensor del ex mandatario sonorense.
¿Qué tanto de estos enjuagues sabrá el otro hijo del gobernador electo Miguel Ángel Yunes, el senador Fernando Yunes Márquez, quien como presidente de la Comisión de Justicia del Senado coincidentemente la tarde del pasado jueves 10 tenía acordada una reunión “a puerta cerrada” con el titular de la PGR, Raúl Cervantes, en la que supuestamente el objetivo era hablar de la iniciativa de la Ley de Extinción de Dominio pero en cuya agenda –según versión del diario Reforma, muy afín al PAN y a los Yunes– había un espacio para tratar “asuntos de especial relevancia”?.
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