Si el presidente Enrique Peña Nieto de veras estuviera interesado y le preocupara la situación de Veracruz, no sólo habría avalado desde hace más de un año que la PGR procediera penalmente contra el gobernador con licencia Javier Duarte sino que, además, el jefe del Ejecutivo federal ya hubiese recibido en audiencia a Miguel Ángel Yunes Linares, tal como el gobernador electo se lo ha venido solicitando desde que el OPLE le otorgó oficialmente su constancia de mayoría una semana después de las elecciones del 5 de junio, misma petición que hace ocho días el panista le volvió a hacer por escrito luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válidos los comicios.

La desfasada reacción de Peña Nieto en el caso de Duarte hace recordar el dicho atribuido a Lee Iacocca, un ingeniero industrial estadounidense de ascendencia italiana muy representativo de la industria automotriz norteamericana, quien precisamente advertía que “hasta una decisión correcta resulta equivocada cuando se toma demasiado tarde”.

De haber actuado a tiempo con la misma determinación de ahora, el Presidente habría evitado que los latrocinios del gobernante y su red de cómplices y prestanombres agravaran aún más las finanzas públicas del estado, e inclusive hasta hubiese sido posible que evitara que su partido, el PRI, perdiera la gubernatura de Veracruz y que Duarte de Ochoa terminara como prófugo de la justicia.

¿Desde cuándo los principales colaboradores de Peña Nieto detectaron los focos rojos en materia de seguridad pública, política y financiera en Veracruz, lo que debió alertarlos sobre la insostenibilidad de Duarte? Por lo menos desde hace más de tres años, en 2013, cuando la imprudencia de algunos funcionarios y operadores electorales del mandatario veracruzano obligaron al Presidente a firmar un adendum con los dirigentes nacionales del PAN y PRD para salvar el Pacto por México, el cual fue puesto en riesgo por la forma tan burda en que intentaron manipular los programas sociales de la Sedesol federal en el proceso electoral local de ese año.

En esa ocasión, incluso, trascendió que le habrían propuesto a Duarte una salida airosa como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia que acababa de quedar acéfala por la salida del mexiquense Humberto Benítez Treviño, quien a mediados de mayo de 2013 le fue solicitada su renuncia por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debido al escándalo mediático de su prepotente hija, la “Lady Profeco”, como fue motejada en las redes sociales. 

Pero también por esas fechas, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que es la agencia de inteligencia del gobierno mexicano que depende directamente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ya tenía integrados sendos expedientes sobre las múltiples propiedades que el gobernador de Veracruz había estado adquiriendo en la entidad, en otras partes del país y en el extranjero a través de una red de prestanombres que incluían a familiares de él y de su esposa Karime Macías, amigos íntimos y sus colaboradores más cercanos en la administración estatal.

Igualmente la Auditoría Superior de la Federación había mandado señales más que preocupantes sobre la crítica situación de las finanzas estatales. Por ejemplo, en la revisión de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014, la ASF fincó “observaciones” al gobierno de Veracruz por un total de 29 mil 281 millones de pesos, que implicaban daño patrimonial porque esos recursos de origen federal no se aplicaron a los programas para los cuales fueron etiquetados, ni los reintegraron a la Federación.

Hasta ahora, casi cinco meses después de haber perdido el PRI la gubernatura de Veracruz y a sólo unos cuantos días de que concluya su administración, Duarte de Ochoa fue obligado a solicitar licencia, lo expulsaron del partido tricolor y libraron orden de aprehensión acusándolo de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Pero es obvio que el tardío retiro del blindaje partidista y la protección del gobierno federal sólo es un estandarte para reivindicar al maltrecho priismo ante la cercana elección de 2017 y, sobre todo, con miras a retener el poder en la sucesión presidencial del 2018, lo que difícilmente lograrán si no capturan pronto al prófugo ex gobernador y si no miden con la misma vara a otros ex mandatarios estatales priistas tan cuestionados como el veracruzano.

Según versiones periodísticas –entre ellas una que el columnista de El Universal, Salvador García Soto, dio a conocer este miércoles–, el pasado martes 11 de octubre, un día antes de que Duarte anunciara en el noticiero matutino de Televisa que conduce el periodista Carlos Loret de Mola, que iba a solicitar licencia al Congreso local para dedicarse de tiempo completo a preparar su defensa legal, el gobernador de Veracruz habría sido persuadido por el secretario de Gobernación para que se separara del cargo y enfrentara las acusaciones, pues el político hidalguense le habría dicho que “necesitamos entrar en tu estado para atender la grave crisis de seguridad y no podemos hacerlo mientras tú estés ahí”.

¿A escasos 50 días de que concluyera su sexenio? El supuesto pretexto de Osorio Chong más bien sonaba a burla. Por eso ahora el presidenciable titular de la SEGOB estaría obligado a capturar a Duarte y a hacer que antes de que concluya noviembre próximo devuelva lo que saqueó al erario veracruzano. ¿O acaso la prisa por procesarlo penalmente no es para arrebatarle esa bandera de campaña a su sucesor Yunes Linares, del PAN, quien –si no hay sorpresas de última hora– habrá de asumir el poder el 1 de diciembre entrante?