Contra lo que muchos venían especulando, de que el prófugo gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa estaba siendo protegido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, este martes el comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, afirmó que “en breve habrá resultados”, aunque acotó que todavía “no podemos dar un dato fijo”, pero que “continuamos trabajando” de manera coordinada con instancias de seguridad federales y estatales para la ubicación y captura del mandatario veracruzano. 

“No podría adelantar en dónde pensamos que se encuentra en este momento, por razones obvias de la secrecía de las investigaciones”, puntualizó el funcionario federal al término de la reunión de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Si Peña Nieto y la PGR de veras hubiesen querido ayudar a Duarte, de inicio le habrían imputado delitos que le hubieran permitido obtener libertad caucional, como los de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y peculado, los mismos por los que  originalmente se había decidido procesar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, quien por ello tomó la iniciativa de comparecer ante la justicia federal. Sin embargo, desde un principio al veracruzano se le fincó responsabilidad por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, ilícitos que no alcanzan fianza y por los que al ex mandatario sonorense se le dictaron posteriormente dos autos de formal prisión.

Así, pues, aunque Duarte de Ochoa fuese protegido por Peña, el Presidente sólo podría encubrirlo hasta el término de su mandato, en noviembre de 2018; pero la acción penal por la gravedad de los delitos que se le imputan prescribirá hasta varios sexenios después. 

Por eso, desde el 20 de octubre pasado habíamos consignado aquí que Javier Duarte no debió huir sino entregarse de una vez a la justicia, pues por donde se le vea, el suyo ya era un caso perdido desde el momento en que el gobierno de la República, que lo encubrió hasta donde más pudo sostenerlo, finalmente decidió retirarle su protección por un entendible cálculo electoral en aras de retener el poder en la sucesión presidencial de 2018.

Y preguntábamos que si acaso Duarte creía que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue el encargado de operar su salida del gobierno de Veracruz, no iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que lo capturaran lo antes posible, ya que su pronta detención diluiría las especulaciones sobre un presunto pacto entre ambos y abonaría a las manifiestas aspiraciones presidenciales del titular de la SEGOB.

Además planteábamos: “¿Cuánto tiempo les llevó recapturar a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, catalogado como el narcotraficante más poderoso de México y del mundo, cuya segunda fuga, el 11 de julio de 2015, fue considerada un duro golpe para las aspiraciones presidenciales de Osorio Chong ya que los penales federales de alta seguridad dependen directamente de la Secretaría a su cargo? Como se recordará, Guzmán Loera, a quien la afamada revista Forbes llegó a incluir en su lista de los hombres más ricos del planeta y el cual se mantuvo prófugo 13 años luego de su primera huida en enero de 2001 del Cefereso de Puente Grande, Jalisco, fue reaprehendido en esta administración el 8 de enero de 2016, ¡sólo seis meses después! de su último escape del reclusorio de El Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México.”

El miércoles 19 de octubre, entrevistado vía telefónica por el periodista Ciro Gómez Leyva, el secretario de Gobernación negó que se dejara escapar a Duarte, rechazó que haya pactado con él y aseguró que las autoridades de inteligencia estaban trabajando “para su localización”, mientras que la PGR –que ahora ofrece 15 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos del paradero del ex gobernador de Veracruz– estaba haciendo lo propio para solicitar la ficha roja ante la Interpol.

Pero desde entonces el titular de la SEGOB dejó entrever que Javier Duarte podría seguir en México, ya que al menos, apuntó, no había salido del país de manera legal.

Tampoco el escurridizo Joaquín “El Chapo” Guzmán, con todos sus miles de millones de dólares y aviones, pudo huir de territorio mexicano. El capo del cártel del Pacífico, uno de los más buscados del mundo, fue detenido por la Marina en un operativo en Los Mochis, Sinaloa. El viernes 8 de enero de este año, a las 12:19 horas, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Peña Nieto dio a conocer la histórica detención. “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”.

¿Cuánto tardarán en cazar a Duarte y exhibirlo ante la opinión pública? La lógica política indicaría que no será mucho, si es que la persecución del ex mandatario jarocho pretende servir para lavar la cara corrupta de su ex partido antes de las elecciones locales de 2017 en Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, que serán el preámbulo de la sucesión presidencial de 2018. Por eso, Sales Heredia acaba de afirmar que “en breve habrá resultados”. Y es que no pueden demorarse tanto, pues además corren el riesgo de que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, una vez que asuma el poder el 1 de diciembre próximo, les gane el brinco con su captura y, entonces sí, “haga cimbrar a México”. 

A. FERRARI: BUENA FAENA

Con la conciencia tranquila de “el que nada debe, nada teme” –pues los casos de las “empresas fantasma” no se dieron durante su corta gestión–, el secretario de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra, compareció este miércoles ante la LXIV Legislatura local, a cuyos diputados reiteró que “las condiciones financieras del Gobierno del Estado imposibilitaron que de manera oportuna se canalizaran los recursos para ser aplicados por la dependencia” a su cargo. 

No obstante, Ferrari Saavedra sostuvo que en la Sedesol “se dejan asentadas las bases documentales que posibilitan a la siguiente administración retomar bajo sus directrices, y en coordinación con las instancias federales y municipales, programas que contemplan pisos de concreto, techos firmes, sanitarios ecológicos y estufas ecológicas, proyectos productivos, huertos comunitarios, apoyo alimentario y empleo temporal, así como obras de electrificación, agua potable y alcantarillado sanitario.”

Al hacer alusión al combate a la pobreza, el funcionario estatal expuso que “el trabajo corresponsable y coordinado entre los tres órdenes de Gobierno hizo posible, entre otras cosas, que el estado de Veracruz pasara de ocupar el lugar 27 en 2011, al lugar 8 en 2015, de acuerdo con el ‘Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas 2015’, dado a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) a principios de este año.”