La documentación -de la cual, quien esto escribe posee copias- establece que el 27 de marzo de 2015 se emitió el dictamen de justificación –con lo cual se evitó someter el contrato a licitación- para asignar la capacitación referida a la empresa Promociones Velotsia SA de CV, “cuyo servicio es profesional y con un criterio de ética confiable y que además reúne el perfil técnico, experiencia y prestigio, con lo cual se cubren las necesidades de esta secretaría, además que cuenta con la capacidad y probidad para cumplir con la prestación de este servicio con la calidad requerida”.
Tres días después, el 30 de marzo de 2015, Juan Manuel del Castillo envió a quien en el organigrama de la Sefiplan era su superior, el secretario Antonio Gómez Pelegrín, la solicitud de autorización para la contratación de los servicios de Promociones Velotsia. El documento fue firmado por el titular de la dependencia y por el propio Del Castillo.
El 2 de abril, la titular del Órgano Interno de Control de la Sefiplan, Dalia Carolina García Mercader, le remitió a Juan Manuel del Castillo el oficio número OIC/SFP/DA/0457-BIS/2015, en el que le pidió reforzar el dictamen “anexando documentación que compruebe que el prestador del servicio cuenta con la experiencia, perfil técnico y prestigio, así como la capacidad y probidad para cumplir con la prestación del servicio”.
El contrato fue firmado el 8 de abril siguiente por Juan Manuel del Castillo en su calidad de subsecretario de Finanzas y Administración, y por Eduardo Christian Zamora Velázquez, quien fue acreditado como representante legal de Promociones Velotsia.
Y ahí empiezan a brotar anomalías. En una búsqueda en Google, Eduardo Christian Zamora Velázquez aparece como un fotógrafo de sociales de la ciudad de Puebla, sin mayores referencias que pudieran vincularlo al ejercicio de la abogacía y menos aún a Promociones Velotsia, empresa de la que, además, no aparece absolutamente nada en la red.
Lo que sí aparece es la dirección que se plasmó en el contrato: 9 A sur no. 11708-1, colonia Agua Santa Infonavit, también en la ciudad de Puebla, y cuya ubicación es una unidad habitacional de interés social, sin indicio alguno de que exista ahí la sede de una empresa que, según la Sefiplan, “reúne el perfil técnico, experiencia y prestigio”.
A pesar de ello, y tal como consta en el contrato, Promociones Velotsia aparece como constituida desde el 13 de septiembre de 2005, bajo la escritura número 53,431 otorgada por la notaría pública número 01 de la ciudad de Puebla, a cargo de Sandra Giovanna Rivero Pastor, quien en el año 2015 fue involucrada en una denuncia por falsificación de documentos que quedó asentada en la queja 167/2015, presentada ante el Colegio de Notarios del Estado de Puebla.
Pero lo peor de todo, lo más grave y que debería ser materia de una investigación a fondo, es que en la Sefiplan no existe evidencia de que Promociones Velotsia haya prestado los servicios de capacitación a más de seis mil empleados del gobierno estatal para los que fue contratada, por los que recibió más de 18 millones de pesos, y que debió impartir en los 90 días naturales siguientes contados a partir de la firma del contrato.
Contra los miles de millones desviados por la administración duartista, 18 millones parecerían una nimiedad. Pero se trata de otra punta de la madeja de la corrupción del gobierno saliente, en la que aparece directamente involucrado Juan Manuel del Castillo, quien en una bofetada para los veracruzanos, fue nombrado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia y secretario de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatura local.
Cuando donde debería estar es ante un juez.
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