Todos estos hechos han sido denunciados con oportunidad, sin que a las autoridades les haya interesado el tema más allá de darle el curso ministerial-criminal de rigor, como si no se tratara de un fenómeno de características particulares que mereciera atenderse de esa misma forma.
Tan no les interesó, que mientras Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz impidió por todos los medios que tuvo a su alcance que se declarara la alerta de género para el estado, con todo y las recomendaciones que a ese respecto hiciera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Debido a lo anteriormente expuesto, mujeres veracruzanas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, académicas, institutos de las mujeres, funcionarias y ciudadanas a título personal, lanzaron un pronunciamiento sobre estos hechos, demandando la acción de las nuevas autoridades, tanto las que ya están en funciones, los diputados de la LXIV Legislatura del Estado, como las que asumirán sus cargos a partir del próximo 1 de diciembre.
A los legisladores locales se les pide que durante el periodo de comparecencias de los secretarios de despacho que iniciaron este 17 de noviembre, se les soliciten cuentas de la atención prestada a las 15 observaciones que les hizo el grupo de trabajo de la Conavim sobre la solicitud de alerta de género, presentada desde septiembre del año pasado y que sigue en “prórroga”.
A la recién instaurada Comisión de la Verdad de la LXIV Legislatura del Estado, le exigen definir una postura clara ante el fenómeno así como el seguimiento preciso de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
De igual manera, las mujeres firmantes del pronunciamiento exigen al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares que una vez que comience su mandato, “garantice la vida e integridad de las mujeres en Veracruz, gire órdenes expresas y efectivas para garantizar la investigación y el esclarecimiento de estos feminicidios y desapariciones, dando la prioridad que corresponde a la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas en Veracruz, más allá de los operativos policiacos, para quienes conformamos más de la mitad de la población estatal”.
La violencia feminicida no ha cesado un ápice en Veracruz. Por el contrario, se ha incrementado con una ferocidad inenarrable, que no ha hecho más que aumentar exponencialmente el dolor y la pena de las familias de las víctimas, ante un Estado que es omiso y abiertamente irresponsable en su obligación de garantizar la seguridad y el derecho a vivir en paz de todos los sectores de la población.
Esto también tiene que cambiar en este estado.
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