El más grave, la posible vinculación de autoridades municipales con el crimen organizado. En su afán por ocultar la identidad del municipio donde se detectó este fenómeno, el gobernador exageró en vaguedades.
Dio a entender que hay grupos del crimen organizado que han estado presionando para influir en las decisiones del ayuntamiento, pero no aclara si ya lo lograron, y no explica si dicha vinculación entre autoridades y delincuentes está relacionada con acuerdos previos o simplemente pretenden obligar al alcalde a doblegarse ante las decisiones de dicha banda.
No identifica el municipio, pero en virtud de que lo que se analizó este fin de semana fue el operativo en la zona centro, en Veracruz, Boca del Río y municipios aledaños, se infiere que el ayuntamiento al que hizo referencia el gobernado se ubica en esa zona.
El mensaje del gobernador fue, incluso, amenazador: “Si algún presidente municipal confía más en la delincuencia que en las instituciones del estado se está equivocando y está cometiendo un delito; vamos a proceder de manera muy severa en todos los casos, pero particularmente en los casos donde autoridades municipales pudieran estar involucrados en hechos de esta naturaleza”.
Eso suena muy parecido a lo que expresó el exgobernador Javier Duarte en Poza Rica, el 30 de junio del 2015: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, todos sabemos quiénes tienen vínculos y quienes están metidos con el hampa”.
Es un fenómeno que no se puede ocultar. Es evidente que las células del crimen organizado han penetrado en las estructuras de mando de muchos municipios, como también lo han hecho en varios sectores de la administración estatal.
La reubicación del penal La Toma, al de Pacho Viejo, de Josele Márquez Balderas, alias "El Chichi", identificado como jefe de plaza de Los Zetas, en la región de Orizaba, quien fuera capturado en febrero del presente año, y de Omar Escalona, alias “El Cachorro”, quien lo había sustituido en la misma plaza de Orizaba y fue detenido en agosto (presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Anabel Flores Salazar), habla de que las autoridades de Prevención y Reinserción Social también habían sido infiltradas.
En el combate a la delincuencia hay mucho por hacer. El nuevo gobernador se dio un plazo de seis meses para conseguir que el ciudadano perciba la mejoría en ese tema.
Esperemos que avance por el camino correcto y que la próxima vez que se pare frente a un micrófono para hablar del combate a la delincuencia, ya pueda aportar datos precisos de los involucrados.
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