El caso es que alguien establece cómo se deben gastar los recursos del Estado, y otro presenta el plan de acción que el mismo gobierno estatal debe cumplir en los próximos dos años.
En virtud de que el anterior gobierno y el actual no coinciden en la visión de Veracruz, las diferencias entre presupuesto y plan son abismales, por lo que es indispensable hacer las correcciones al presupuesto, de manera que proyecto y recurso caminen de la mano.
No existe antecedente de una modificación como la que pretende Yunes Linares que se haga al Presupuesto anual. Lo hace fuera de tiempo, según lo que establece la Constitución local, pero recurre a las capacidades jurídicas de los legisladores –y a su comprensión- para que se hagan los ajustes que se necesitan y se puedan atender los temas que, a juicio del Poder Ejecutivo, son los prioritarios.
Diálogo entre pares. Esa es la clave.
Lo sucedido en la sesión ordinaria de la Legislatura del pasado martes es una muestra de que la relación entre los tres poderes del Estado debe cambiar, debe recuperarse el respeto entre ellos y debe anteponerse el interés de los veracruzanos, por encima de los compromisos políticos o los intereses de grupo.
Con la postura solidaria de los diputados del PRI, de Morena y del Grupo Mixto, de abandonar el pleno del Congreso para evitar que les fueran impuestos dictámenes que no habían pasado por la previa aprobación en Comisiones, se llamó la atención sobre las fallas en las que está incurriendo la Junta de Coordinación Política.
Quien detectó estas irregularidades y pidió el apoyo de otros grupos legislativos para impedirlo, fue el diputado perredista Sergio Rodríguez, casualmente, Presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, y encargado de conducir la tarde del miércoles el diálogo con el Gobernador Miguel Ángel Yunes.
Como parte de los compromisos que el PRD tiene con su aliado electoral, el PAN, la bancada del Sol Azteca no abandonó el recinto, a pesar de haber surgido de ahí la inconformidad que llevó a la suspensión de la sesión.
El hecho es que en la reunión de la Junta de Coordinación Política, previa a la sesión del Pleno, al momento de acordar la agenda del día se incluyeron dos dictámenes que tienen qué ver con reformas en materia de disciplina fiscal.
Dichos dictámenes fueron remitidos a esa junta por la Secretaría General del Congreso, que aseguró que ya habían sido sometidos a votación en sus respectivas comisiones y habían sido aprobados.
Falso. Los dictámenes no fueron elaborados por la comisión correspondiente y, por lo tanto, tampoco fueron firmados por sus integrantes.
Cuentan quienes de esto saben que hubo un acto de traición a los más altos niveles de la administración del Congreso, y que atrás de todo esto está un siniestro personaje de la política local que pretende mantener su influencia en el Poder Legislativo.
Por lo pronto lo que busca ese oscuro personaje (hoy con responsabilidades en la capital del país) es exhibir la novatez de Sergio Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política, para lograr que ruede su cabeza y que alguien más represente los intereses de los panistas.
Así, una grilla interna entre panistas y perredistas desembocó en un reclamo conjunto de 25 diputados que se sintieron agraviados cuando descubrieron que les trataban de imponer dictámenes sin una revisión previa.
La lección está ahí:
El problema se pudo haber subsanado si todos hubieran privilegiado el diálogo.
Ojalá la hayan aprendido.
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