Para quien piense que los actos políticos y de gobierno tienen su ámbito de influencia muy delimitado, solo tenemos que analizar lo que a últimas fechas está ocurriendo en Veracruz para saber que todo, o casi todo, tiene un fin político y electoral, y lo que sigue son los comicios para renovar a las autoridades de 212 ayuntamientos que, por primera vez, podrán reelegirse por cuatro años más en 2021.

De entrada, ya muchos veracruzanos dan por sentado que los hechos delictivos en que un grupo de agitadores profesionales involucró a centenares de pobladores para el saqueo de cuánto comercio, grande o chico, se cruzara por su camino en varias ciudades de la entidad, aunque con mayor fuerza en el Puerto de Veracruz, tuvieron un claro sesgo político en que se involucra la acción del lado más oscuro del PRI, particularmente el que tiene que ver con el grupo de la Fidelidad, que patalea con desesperación porque no tiene al partido en sus manos, pero además porque no tiene instrumentos organizativos para enfrentar a Miguel Ángel Yunes Linares.

El gobernador, por su parte, ha tratado de apagar lo más pronto posible los fuegos que le están prendiendo por varios rumbos, como una forma no solo de aplacar la situación social conflictiva que le están generando para hacer que su enorme barco político haga agua y, en una de esas, naufrague, sino para debilitar a sus enemigos, transfiriéndoles las facturas originalmente dejadas en las ventanillas de su gobierno.

En el caso de los saqueos, que afectaron innumerables negocios en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Tierra Blanca, Tres Valles, Isla, Minatitlán, Agua Dulce, Nanchital, Misantla, Paso del Macho y, en menor medida, en Acayucan, Coatzacoalcos, Las Choapas y Gutiérrez Zamora, ha desplegado una difícil cacería de involucrados que, hasta el sábado, sumaban 532 personas –ya con prisión preventiva– y que podrían enfrentar condenas de hasta 30 años por los delitos de robo agravado y terrorismo.

Todo parece indicar que ese mismo sábado, las autoridades estatales habían logrado contener los actos vandálicos contra comercios (no mediante el uso de la fuerza pública sino con el despliegue mediático disuasivo de la llegada de elementos de la Gendarmería Nacional) y podrían, en su momento, descubrir las manos que mecieron la cuna de una serie muy bien orquestada de actos violentos en que posiblemente estén involucradas las bandas del crimen organizado junto con personajes de la vida política de la entidad, que buscarían incidir en la orientación de los acontecimientos electorales de este año.

En ese ánimo de remediar un posible daño político en su mayor dominio electoral, la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río (donde ya se aprestan a ungir a su hijo Fernando como el candidato a la alcaldía del Puerto), Yunes tuvo que apelar a un acto de enorme carga populista: repartir masivamente vales de despensa por 500 pesos que supuestamente habría desembolsado de sus cuentas personales, lo que a muchos les pareció sobrado e, incluso, negativo, porque habría buscado disuadir a los saqueadores con cebos muy poco atractivos.

La pelea Yunes-Morena

Pero a Miguel Ángel Yunes Linares también se le abrió una línea de confrontación con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que preside Andrés Manuel López Obrador, en torno a la toma y bloqueo de la Presa Yuribia, que abastece de agua potable a más de medio millón de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Yunes Linares no solo ha tocado el tema en diversas ocasiones, haciendo girar los reflectores hacia al sur de Veracruz, otro de los bastiones políticos de Morena, donde al igual que en Xalapa, en los comicios de 2015 para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se hizo con las dos diputaciones en disputa.

También ha acudido este domingo lo mismo a reponer el suministro de agua como a ofrecer una conferencia de prensa que no solo congregó a periodistas sino a muchos sureños muy aplaudidores, la mayoría priistas, que vieron con delectación cómo se alentaba desde el gobierno pan-perredista una imagen muy negativa de Morena: ser cómplices de un atentado contra los miles de ciudadanos que votaron mayoritariamente por ellos, y a quienes por apoyar a los ejidatarios de Tatahuicapan se les había condenado (como en múltiples ocasiones en los años previos) a sufrir un criminal desabasto de agua potable.

Que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, con el apoyo de sus diputados (encabezados por la actual delegada de Sedesol en Veracruz, Anilú Ingram) y con la licencia de impunidad firmada por el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras (a quien Yunes no ha tocado ni con el pétalo de una investigación ministerial), se hayan doblado a los chantajes de los ejidatarios dotándoles de 2.5 millones de pesos mensuales, es un tema de graves consecuencias políticas, pero que estos chantajes sean insuflados y respaldados por Morena ha sido de un duro impacto político.

Tan fuerte sonó la sostenida acusación del gobernador Yunes contra Morena de apoyar la violencia que significa cortar el suministro de agua a medio millón de pobladores, en particular que la diputada local Rocío Pérez Pérez estaría involucrada en la decisión de cerrar las válvulas de la Presa Yuribia, que Morena ha reaccionado con molestia e incluso se ha movido la diputada federal (y segura candidata a la gubernatura en 2018) Rocío Nahle, para echar abajo la versión, que le significaría un posible desgaste en su principal valladar.

Los morenistas han reaccionado con virulencia; han acusado a Yunes Linares de porro y de violentar la ley, le han exigido una disculpa pública para deslindar a su diputada local, e incluso lo acusó de actuar en complicidad con el gobierno federal para promover los saqueos en Agua Dulce. 

Y ha dicho este domingo en un comunicado oficial: “Morena manifiesta que no esta (sic) involucrado en ese acción social de los habitantes de Tatahuicapan, y exige al gobernador que actué (sic) con responsabilidad y prontitud en la exigencia de apoyos en obras y servicios que reclaman los ciudadanos de esos municipios marginados y olvidados”.

Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador no quiere dejar descuidado Veracruz, que le dio muy buenos dividendos en los comicios para Gobernador del pasado 5 de junio, cuando su entonces desconocido candidato Cuitláhuac García obtuvo el tercer lugar y consiguió para Morena casi un tercio de los votos emitidos. Y ya ha anunciado que el próximo 5 de febrero estará en Xalapa para encabezar, por la tarde en la Plaza Lerdo, un evento nacional para llamar a un acuerdo político de unidad nacional a todos los ciudadanos, sin importar su militancia en otros partidos políticos.

Como se puede ver, la batalla por las municipales se ha desatado mucho antes de que se desate de manera legal, según los tiempos establecidos por el OPLE Veracruz, y estaremos viendo estas escaramuzas multiplicándose con el paso de los días por venir.

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