El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha tenido graves problemas para completar el gasto de su obesa (e incompetente) estructura burocrática y sus programas de inversión lastimados por la corrupción. ¿Cómo lo enfrenta? Elevando mañosamente sus ingresos mediante el incremento de los precios en sus productos y servicios que, vaya coincidencia, le permiten incrementar los montos de los impuestos (IEPS e IVA, principalmente) que completan su ritmo desaforado de gasto.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha decidido enfrentar un déficit que ha calculado en 20 mil millones de pesos anuales y los efectos desastrosos del criminal endeudamiento y la rapiña de los dos gobiernos estatales previos, mediante la medicina más amarga para la burocracia, aunque el resto de los veracruzanos espera que sea benéfica para la mayoría: recortar drásticamente la plantilla laboral, cebándose con el sector más vulnerable en términos legales (el de confianza, de contrato y por compensación).
Por supuesto, al menos en el discurso, estas medidas que estarán definidas a finales de enero, serán acompañadas de otras, como la racionalidad en el gasto público, la transparencia y la anulación de gastos imperiales como los que se han tributado los gobernadores de un país miserable con políticos multimillonarios.
¿Cuál de ambos modelos es el más efectivo y el menos costoso socialmente? Ya podemos echarle loas al que realizan inclementemente los funcionarios del gabinete legal y ampliado del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, contra el implementado desde ayer por el gobierno federal, el mayor aumento de los combustibles en la historia, que tendrá efectos inflacionarios severos en el país. Pero, vayamos por partes.
Familias arrojadas al desempleo
Alguien me dijo que, aunque dolorosa para muchas familias, la medida de despedir a centenares de burócratas por parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares será recibida por la población como un mensaje positivo de que se están tomando decisiones contundentes para componer la desastrosa situación financiera del gobierno veracruzano.
Lo cierto es que este paso que se recrudecerá con el inicio de este año en todas las dependencias del gobierno estatal significará una dura prueba para quienes dejarán la comodidad de las quincenas, para ser arrojadas a un mercado laboral sumamente constreñido.
La aplicación de la medida, sin embargo, no ha sido muy aseada que digamos. De entrada, mediáticamente se le ha pretendido justificar criminalizando a los afectados. Ya se manejan cifras del supuesto descubrimiento de cientos de ‘aviadores’ que han sido expulsados del edén presupuestal, cuando es versión generalizada en las dependencias el hecho de que muchos aviadores se mantienen en sus puestos mientras son despedidos empleados que sí acudían a laborar, muchos de ellos con una experiencia y una capacidad difícil de adquirir.
Y habría que preguntar si no se está despidiendo a gente capaz, no para adelgazar la nómina sino para incorporar a los compañeros de partido, amigos y colegas, sobre todo si estos no reúnen las capacidades que los puestos demandan.
Y es que en este caso, ni la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero, ha querido precisar cifras y, por lo visto, cada funcionario maneja el tema de acuerdo a ocurrencias.
Tomemos por caso a la titular de la Sedesol, Indira Rosales San Román, quien el 23 de diciembre declaró que sumaban 40 ‘renuncias voluntarias’ en su dependencia, pero lo cierto es que han sido obligados a ello, incluso gente de enorme experiencia. “Algunas personas han decidido no continuar colaborando, lo ven como un ciclo, sobre todo en las jefaturas, son las que han decidido renunciar de manera voluntaria, las demás siguen laborando. Algunos han renunciado y otros su contrato vence el 31 de diciembre”.
Lo cierto es que han cortado cabezas sin análisis de los perfiles, sin indagar sobre quién realmente está ahí por ser familiar, compinche o amante de los antiguos jefes (como las chicas sembradas a su paso por Jorge Carvallo Delfín) que empleados que tomaban en serio sus responsabilidades.
¿Quién opera en Sedesol la tarea de cortar cabezas, mientras la joven titular se mantiene acuartelada en sus oficinas sin operar ningún programa porque lo primordial es descubrir desfalcos y despedir personal? La aún más joven licenciada Goretti Montalvo, politóloga cuyo mejor antecedente es haber trabajado en Nuevo León para administraciones priistas; ella es la que, en la práctica, ejecuta y decide quiénes deben ser despedidos.
Así por el estilo opera la guillotina en las demás dependencias. En la SEV, el jueves 29 de diciembre, el Oficial Mayor Abel Cuevas Melo envío un oficio para instruir que, a partir de este lunes 2 de enero, todos los trabajadores por contratos de prestación de servicios y por compensación, o por combinación de ambas modalidades, dejarían de prestar sus servicios, y que la imposible renovación de sus contratos y compensaciones estará sujeta a disponibilidad de cargas de trabajo, disposición presupuestal y financiera, y necesidades del servicio. No solo eso: también que aquellos que tengan plaza y, adicionalmente, tengan contrato de servicios y/o compensación, solo se quedarán con su plaza.
Cuando regresen este lunes 2 los trabajadores sin plaza, ni siquiera podrán checar entrada, porque no estarán sus tarjetas. La medida drástica afectará a decenas de empleados de oficinas centrales de la SEV, quienes comenzarán 2017 con un panorama sombrío y desolador, en un Veracruz sin oportunidades.
Algo en que no cayeron en cuenta los nuevos funcionarios es que justamente los trabajadores por contrato o compensación son los que sacan la chamba, por lo que tendrán que jalarle las orejas a los de plaza.
Esta medida impopular obedece a la necesidad de desaparecer el déficit anual de 20 mil millones de pesos que arrastra el gobierno veracruzano y, en efecto, solo afecta a una parte de la burocracia, si bien pudo haberse operado con inteligencia para evitar deshacerse de los servicios de empleados de calidad y entregados a su trabajo.
Más impopular y carente de objetivo ha sido la tomada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien también ha querido atajar el déficit presupuestal dejado por la baja en los precios internacionales del petróleo, pero sin tomar ninguna medida que reduzca el gasto corriente.
Peña Nieto nos obliga a pagar su fastuosidad
Para quienes, en medio del coraje y el estupor, piensan que los salvajes incrementos en el precio de los combustibles, decretados por Enrique Peña Nieto, no representan un impacto fiscal favorable para el gobierno federal, baste recordar que más del 40 por ciento del precio de cada litro de combustible corresponde a impuestos, tanto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Un incremento en el costo base significa ingresos adicionales muy importantes.
Sin el aumento que empezó a operar este domingo 1 de enero, los ingresos federales en 2016, solo hasta noviembre, habían significado una derrama adicional por 54 mil 159 millones de pesos, eso significaba un 25 por ciento sobre los 209 mil 386 millones que la Ley de Ingresos calculaba percibir por el IEPS en todo el año, sin contar diciembre. Es decir, hasta el onceavo mes, el gobierno federal había registrado ingresos fiscales por 263 mil 546 mdp.
Para dimensionar esos ingresos adicionales, baste señalar que representan una cantidad superior a los que recibieron en lo individual 30 estados del país (con excepción de la Ciudad de México y el Estado de México) por concepto de participaciones federales.
Para este año, el gobierno plantea obtener poco más de 284 mil millones por este impuesto. El IEPS fijo que se cobra a las gasolinas Magna, Premium y el diésel, generará una ganancia de más de 73 mil millones en 2017, casi 40 por ciento más de lo que la Secretaría de Hacienda programó recaudar por este impuesto en 2016.
Estos ingresos extra son 2.7 veces más que el presupuesto asignado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por 27 mil mdp para el próximo año, y son 935 veces más a los recursos asignados para el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa en pueblos y comunidades indígenas (77 millones de pesos).
Las tasas del IEPS federal aplicables para este año serán de 3.18 pesos por litro de Magna, 3.59 pesos para la Premium y 3.58 pesos por litro de diésel. Pero a la gasolina no sólo se carga el IEPS federal, también se incluye el IEPS estatal que es aplicado y recaudado para otorgar recursos a las entidades federativas: la cuota por litro para la Magna en 2017 será de 38 centavos, 46.37 centavos para la Premium y 31.54 centavos por diésel. También se cobra y se cobrará el IEPS ambiental, equivalente a 11.41 centavos para las gasolinas y 13.84 centavos por diésel, además del IVA.
Un aumento en el precio significa un aumento en los impuestos, cuyo objetivo es mantener el ritmo de gasto del gobierno federal que, ya sabemos, en muchos casos significa el pago de una enorme cantidad de gastos superfluos de los funcionarios públicos federales, comenzando por el propio Peña Nieto, y de sus familias imperiales.
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