Una de las tareas más importantes de los diputados federales todos los años, es la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación (PEF) para el siguiente año. Un ejercicio en donde se definen los montos de los recursos públicos que se asignarán a los tres poderes de la federación y sus respectivas dependencias, a los órganos autónomos, así como a las entidades federativas y municipalidades.

El pasado 10 de noviembre de 2016,  la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017, por un monto de 4 billones, 837,512 millones de pesos  ($ 4, 837, 512, 000,000 MXN), cantidad que representa 25.6% del producto interno bruto;  razón por la que el PEF es considerado el instrumento de política pública más importante del gobierno federal.

La ingrata sorpresa para la ciudadanía y para muchos diputados, es que en la práctica, el PEF  se ejerce de una manera radicalmente diferente a como los legisladores lo aprueban y como el resto de la sociedad creemos. Esto lo evidencia con pelos y señales Leonardo Núñez en su tesis “Presupuesto de Egresos ficticio: el gasto de gobierno en la cuenta pública” trabajo que ha recibido el más amplio reconocimiento de los especialistas en el tema, con el que Núñez obtuvo la maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE.

La investigación demuestra que existe una asimetría abismal entre los datos que indica el PEF y aquellos que aparecen dieciséis meses después en la Cuenta Pública. A manera de ejemplo: entre 2000 y 2015, existe una diferencia de 6.5% entre la Cuenta Pública y el PEF. Es decir, a lo largo de esos quince años se gastaron 3.37 billones de pesos ($3,370,000,000,000 MXN) que no estaban previstos en los Presupuestos de Egresos aprobados previamente. De acuerdo al estudio, al través de ampliaciones y reducciones al presupuesto, el Ejecutivo gastó 913 mil millones ($913,949,660,000 MXN) de pesos más. Lo que equivale aproximadamente a 23 veces el presupuesto de la UNAM o a 5.4 veces el gasto de la Ciudad de México.

Cabe destacar que todos estos movimientos, a pesar de la incongruencia y desorden que representan, están apegados a la Ley. El art. 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite ampliaciones o reducciones en las diferentes categorías, sí y solo sí, las dependencias justifican que éstas son en pro de “la búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos del Estado”. Aunque sólo el Ejecutivo sabe si se cumple. 

Muchas dependencias se ven afectadas todos los años por la flexibilidad presupuestaria. Según la investigación de Núñez, la SCJN, junto con el IFT y el INEE, son las dependencias que recibieron menos recursos que aquellos que les asignaba el PEF. Mientras que la ASF, y las Cámaras de Diputados y Senadores, tuvieron un gasto mayor a lo que establecía el presupuesto.

La Secretaría de Hacienda es quien tiene la facultad para aprobar estas modificaciones. El poder Legislativo no tiene ninguna participación, de manera que es un proceso totalmente discrecional respaldado por una Ley redactada a modo, para favorecer al Ejecutivo.

México no es el único país con flexibilidad presupuestaria. Según un estudio de la OCDE, hay otros quince países con leyes que permiten que sus gobiernos gasten por encima de lo presupuestado. Sin embargo, México es uno de los pocos que permite a su Ejecutivo hacer estas modificaciones sin intervención del Legislativo u otro órgano que funcione como contrapeso.

Más allá del arribo de Donald Trump al poder, que se ha vuelto un símil de “Ahí viene el coco” la prioridad del Ejecutivo en materia económica tendría que ser: Poner la Casa en orden, porque hoy nos llama a “apretarnos el cinturón” sin poner el ejemplo, acortando la brecha entre el PEF y la Cuenta Pública.

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