Eso puede derivar de dos posibles causas, o de las dos: que la inseguridad en esa región se ha agudizado o que los grupos delictivos están provocando al nuevo gobierno para medir su capacidad de respuesta o para imponerle condiciones y volver al paraíso de la Fidelidad, cuando las bandas criminales fueron protegidas en los sucesivos gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
En diciembre crecieron homicidio y secuestro
Y es que, pese a que en diciembre de 2016 (primer mes de su gobierno), el número total de delitos del fuero común disminuyó de 4 mil 011 en noviembre a 3 mil 380, en delitos de alto impacto, en particular, homicidio y secuestro, las cifras se elevaron, sobre todo en este último. En efecto, entre ambos meses (último de Duarte y primero del actual gobierno) los homicidios subieron de 192 a 196 y, lo más grave, los secuestros se dispararon casi al 100 por ciento, al pasar de 9 a 17 casos.
Cuadro Único. Incidencia delictiva en diciembre de 2016 (Homicidio y secuestro)
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva del Fuero Común 2016.
En este mismo espacio http://formato7.com/2017/01/03/seguridad-publica-gran-reto-yunes/ habíamos predicho que con la entrada del nuevo gobierno habría un ajuste al alza en el número de delitos del orden común reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), siempre que el nuevo Fiscal General del Estado no cayera en actos de simulación y ocultamiento de información como en los que incurrió el último Fiscal de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras, quien desde su asunción en 2014 hizo descender las cifras de incidencia delictiva de manera frenética, para ocultar el verdadero martirologio que vivíamos los jarochos.
De entrada, el gobierno actual ha estado realizando una búsqueda sistemática de los elementos y mandos policiacos, estatales y municipales, que han sido cooptados por el crimen organizado. Yunes Linares informó que se realizan cambios de mandos y se está investigando a elementos policiacos y funcionarios municipales, pues se ha detectado que directores del área de gobernación y de seguridad están vinculados a la delincuencia.
Aunque no ha habido una manifestación detallada de cómo recibió el área de seguridad pública, como sí lo ha hecho en materia de salud, es muy posible que el legado de Javier Duarte de Ochoa acuse graves deficiencias en la formación y confiabilidad de los elementos policiacos, aunque se hizo mucho alarde de cómo se destinaron fuertes presupuestos a ello, que seguramente se quedaron en los bolsillos de los funcionarios. Además, problemas de coordinación, falta de recursos para la operación tanto de las policías estatales como de las fuerzas federales que han trabajado en coordinación con las autoridades locales.
Lo más peligroso es la incorporación de elementos policiacos y de unidades enteras de la policía estatal a las filas del crimen organizado; en algunas regiones se habla, incluso, de la formación de organizaciones delictivas conformadas por elementos policiacos, que han operado impunemente, con recursos públicos como patrullas, combustibles, fornituras, armamento y municiones, sin contar la cobertura que les proporcionan las insignias oficiales en sus uniformes.
El lastre, por supuesto, es sumamente pesado. Para ejemplificar, el gobernador Yunes dijo que el director de Gobernación del ayuntamiento de Ciudad Mendoza es hijo de un delincuente de alta peligrosidad condenado a prisión y recluido en el Penal de Pacho Viejo, quien había sido director de la policía municipal. Nada más para que veamos en manos de quiénes estamos.
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