Sería iluso pensar que las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado, por el Tribunal Superior de Justicia y por la Universidad Veracruzana, para que se respete lo que la Ley establece respecto al presupuesto de esos tres entes autónomos, significan una confrontación con el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Jorge Winkler, Edel Álvarez y Sara Ladrón de Guevara son tres de los personajes más cercanos al mandatario estatal, y las controversias constitucionales, lo mismo que los recursos presentados ante el Congreso local, son medidas que no sólo permitió Yunes Linares, sino que incluso las impulsó.
Antes de emprender la huida, Javier Duarte de Ochoa promovió ante el Congreso local la aprobación de reformas legales que les garantizan a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la UV porcentajes mínimos del presupuesto estatal, con el fin de dotarlos de autonomía financiera.
Con esas reformas esos tres entes no estarían sujetos a los vaivenes políticos y sin importar el color del gobierno en turno, siempre tendrían garantizados recursos suficientes para su funcionamiento.
La medida suena acertada. De hecho eso es lo que buscan este tipo de organismos autónomos. El problema es que, sabedor de que quien lo sustituiría sería su enemigo Miguel Ángel Yunes Linares, el anterior gobernador promovió que se aprobaran altos porcentajes para esas tres instituciones, lo que maniata a la actual administración estatal.
Una vez que Yunes Linares confirmó el altísimo déficit que enfrentan las arcas estatales, llegó a la conclusión de que sería imposible cumplir con lo que las actuales leyes establecen para la asignación del presupuesto de la Fiscalía, el Poder Judicial y la UV.
Mientras los titulares de esos tres entes reclaman la parte que por ley les corresponde, el Gobernador envió al Congreso local su iniciativa para renegociar la deuda del Estado. El argumento es sencillo: La ampliación de los plazos de los créditos bancarios le permitirá a la administración estatal contar con mayor liquidez con lo que se acercará a su objetivo de reducir de manera sustancial el déficit financiero.
La lógica del gobernador coloca en un brete a los legisladores. Si no aprueban la renegociación, ¿cómo pretenden que se mejoren los presupuestos de la UV, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia?
No hay que perder de vista que el mandatario estatal plantea no uno, sino hasta tres ejercicios de refinanciamiento de la deuda. Una vez que amplíe los plazos y libere recursos que hoy están retenidos para garantizar el pago de los compromisos bancarios, Yunes Linares anticipa que la calificación crediticia del Estado habrá de mejorar, y será entonces cuando se plantee una nueva renegociación, con la compra de deuda mediante pasivos que signifiquen intereses más bajos.
El problema es que Yunes Linares, el adalid de la transparencia y la honestidad, no está siendo todo lo claro que se requiere para convencer a los diputados locales. Ellos esperan que les explique con detalle cada uno de los movimientos, y que además considere que ya existe una Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, además de que cada acción en materia de contratación de deuda debe contar con el aval de la Secretaría de Hacienda.
Este martes es la última sesión del primer período ordinario del Congreso local, y la solicitud del gobernador para que le aprueben la renegociación de la deuda no está incluida en la orden del día. Se va a necesitar de mucho más operación y de un período extraordinario, para conseguir que el Poder Legislativo le apruebe esas medidas.
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Epílogo.
Ya moderó la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, su reclamo al Congreso local. Insiste, sí, en que le asignen a su presupuesto los recursos que marca la Ley, aunque ahora ya admite que el 4% es una cifra que escapa a las posibilidades del gobierno estatal. La rectora sugiera “revisar” el porcentaje, pero una vez decidido, respetarlo plenamente. A ver si es chicle y pega. *** Renato Alarcón sabe que no le queda tiempo, que ya va rezagado en las tareas que le competen rumbo a las elecciones municipales. Por lo pronto, apenas unas horas después de haber rendido protesta como dirigente del PRI en Veracruz, emitió la resolución sobre sus delegados distritales. Estos son: Guillermo Zorrilla (Pánuco), Pedro Garcés Marcial (Tantoyuca), Anabel Ponce Calderón (Tuxpan), Juan Ignacio Morales (Álamo), Gaudencio Melgarejo Morales (Poza Rica), Ricardo Landa Cano (Papantla), Luis Sardiñas (Martínez de la Torre), Juan Vicente Cerecedo (Misantla), Jesús García Ravelo (Perote), Carlos Rodríguez Velasco (Xalapa 1 y 2), Alicia González Cerecedo (Emiliano Zapata), Tomás Montoya Pereira (Veracruz), Ismael García Huesca (Boca del Río), Elena Zamorano Aguirre (Medellín), Raúl Ramos Vicarte (Córdoba), Juan Humberto García (Orizaba), Marcos Carvajal Cervantes (Ciudad Mendoza), Hugo Aburto Torres (Zongolica) Mario Tejada Tejada (Cosamaloapan), Rafael Rodríguez González (Santiago Tuxtla), Francisco Esparza López (San Andrés Tuxtla), Alejandro González Martínez, (Cosoleacaque), Eduardo Sagrero Bejar (Acayucan), Héctor Melgarejo Domínguez (Minatitlán), Nemesio Lucho Toto (Coatzacoalcos urbano), y Rafael de Hombre (Coatzacoalcos rural). Todos ellos serán coordinados por Crisóforo Hernández Cerecedo (Norte), Ernesto Alarcón Trujillo (Centro 1), Alejandro Moreno Leal, (Centro 2), y Guillermo Franco (Sur). Van representados todos los grupos y todos los intereses. *** Ya habían avisado y lo van a cumplir. Se prevé que a partir del mes de abril se eche a andar, una vez más, el impuesto del 2 por ciento al hospedaje. Los empresarios calculan que con ese renovado gravamen podrían reunir hasta 50 millones de pesos por año, y prometen que habrán de ser utilizados para promover Veracruz. Ajá.
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