La magnitud de la impunidad en Veracruz ha forzado a que se intente apoyar la acción de la justicia desde los puntos menos esperados, como es el caso de la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien se convirtió en un factor determinante para la difusión de nuevas aventuras delictivas no sólo de Javier Duarte, sino de su antecesor Fidel Herrera, con el caso de los medicamentos alterados para curar el cáncer.
La procuración de justicia en Veracruz parece ser sólo una Oficialía de partes donde se reciben quejas y no demandas penales bien estructuradas y muchas veces ni siquiera es necesaria una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidad; sin embargo, nada se mueve en el aspecto de justicia en la entidad, donde pareciera que los jueces son movidos por fuerzas extrañas e invisibles que terminan por liberar a los delincuentes.
El fiscal Jorge Winckler Ortiz mantuvo 10 días en prisión preventiva al doctor Leonel Bustos Solís, quien abandonó el Reclusorio Regional de Pacho Viejo, a pesar de ser responsable, acusado por esa misma fiscalía, del desvío de 2 mil 300 millones de pesos, del Seguro Popular.
Leonel Bustos Solís, era considerado como un ejemplo a seguir para que después de él siguieran cayendo en la cárcel, uno a uno, los peces gordos que Javier Duarte alimentó; sin embargo; un juez federal consideró que podía salir y llevar su juicio en libertad, por no ser un delito grave.
Así, en Veracruz se señala no sólo al juez federal de ser parte de la cadena de cómplices sino al propio Jorge Winckler, de trabajar para la banda de los ex gobernadores.
La impunidad está de lado de los duartistas, los presuntos responsables señalados como chivos expiatorios ahora gozan de buena salud y mayor libertad, y listos para continuar la era de la impunidad en un estado que fue cuna de buena parte de nuestras leyes.
El ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes, ambos en la administración de Duarte, simplemente se burlaron de la justicia, y el tercero, Leonel Bustos, prácticamente tiene asegurada la libertad.
Se asegura que el fiscal tiene la intención de corresponder a la confianza de su jefe, el gobernador Yunes Linares, y es por ello que busca desaforar a los diputados Vicente Benítez González, Juan Manuel del Castillo y Ángela Soto.
Incluso, el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, el señor de las maletas, salió al paso para declarar que no hay denuncia en su contra.
Los nombres de los funcionarios públicos que viven en la impunidad están muy claros y se han repetido innumerables veces en esta columna. Pero si a estos cómplices se les otorga desde la cúpula nacional de su partido una coartada para que sigan por el camino de la impunidad, los culpables, el número de cómplices crece, lo mismo que su cobertura que se amplía como círculos concéntricos.
De esta manera en el negocio de los medicamentos surgen nuevos culpables y nuevos cómplices.
El empresario Andrés Beceiro estaba quebrado hasta que llegó Fidel Herrera Beltrán, al poder. De esta manera en una maniobra legaloide, su familiar Jorge Carvallo Delfín, se convirtió en su prestanombres y vendió medicamentos a la Secretaría de Salud.
El gobernador Yunes Linares informó que hay tres empresas ligadas al legislador federal, dos de ellas son Especialidades Médicas del Sureste y Oncofarma.
Lo cierto es que antes de las elecciones del 4 de junio, para las cuales faltan poco más de cien días, el fiscal debe sacudirse la fama de cómplice de Herrera y Duarte, y el gobernador deberá echar toda la carne al asador a la hora de presionar a los órganos de justicia para dar un golpe espectacular si quiere que su partido, el PAN, obtenga en las urnas una rebana sustanciosa del pastel que implican las 212 presidencias municipales de Veracruz.
A la entidad le han hecho mucho daño sus mandatarios. Los veracruzanos están a expensas de las decisiones más arbitrarias de una clase política que sólo gobierna para sí misma, y tiene en la impunidad sobre sus ilícitos la mejor prueba.
La impunidad es el certificado de ilegalidad que proviene de las autoridades y ahora que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quiere meter orden resulta que todos y cada uno de los culpables está conectado a la red de complicidades que tienen que ver con el desarrollo de la injusticia y no hay poder humano que enderece las acciones en favor de una correcta aplicación de las leyes.
El gobernador tiene la responsabilidad de agilizar los trámites y las investigaciones para cobrar credibilidad ante la población, si lo hace tendrá votos su partido; de no lograrlo, simplemente el PAN tendrá que sufrir una gran derrota en donde obtuvo una histórica victoria un año antes.
Por su parte, el fiscal deberá tener pruebas lo suficientemente contundentes para que un juez no vuelva a echar por tierra sus peticiones al responsabilizar a los cómplices de Herrera y Duarte que cada día son más en el paraíso de la impunidad que se ha convertido Veracruz… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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