“El no ser codicioso es ser rico, y el no tener la manía de comprar es una renta.” – Cicerón.

A los veracruzanos ya no nos espantan con ningún petate del muerto, que un gasolinazo por parte del gobierno federal, por favor, que subió el precio de la tortilla, o de los demás ingredientes de la canasta básica, vaya, no son problema y quizá eso sea producto de haber tenido que padecer el paso del más cínico de los ladrones que han pasado por la función pública, ironías de la vida, hoy nadie sabe dónde está y su calidad es la de prófugo.

Pero enterándonos en la cotidianidad de los hechos y cosas que aquí si suceden, -no como en otro momento una pelusa que pretendió ser vice gobernadora o un pedante sujeto, que cual cisne sin plumas despacharon en la Coordinación General de Comunicación Social desde donde vendieron falsedades y claro se hincharon la talega-lo que nos confirma lo mal que nos dejaron estos parias venidos a funcionarios públicos, corroboramos, que en México, se deberían elevar las penas severamente para quienes intencionalmente malversan recursos públicos.

Y es que el más reciente escándalo de la pasada administración estatal tiene que ver con el manejo del Programa de Cobro de Tenencia Vehicular, pero mire le platico, desde 2014 el Observatorio y Contraloría Ciudadana A.C., denunció que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realizó el cobro indebido del Impuesto Estatal sobre Tenencia y Uso de Vehículos correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, en una evidente exhibición de la forma en como estos desgraciados manejaron el recurso que es de todos, para beneficiar a unos cuantos.

Y es que la resolución de un Tribunal Federal colegiado favorable a un contribuyente que se inconformó por la mala aplicación del cobro del impuesto de la tenencia o uso de vehículo, el Gobierno estatal deberá devolver el excedente de lo cobrado y resarcir el daño económico ocasionado por este motivo.

Según se ha podido saber, por parte de Sergio Vázquez Jiménez todo parece indicar que dicha acción habría sido concertada por acuerdo, como una medida sistemática que permitía aumentar la recaudación, bajo la base de no aplicar correctamente una serie de tablas que ayudaban a lograr una amortización sobre el monto final de donde se haría el cálculo del pago de la tenencia.

El universos de posibles contribuyentes afectados no es menor cerca de 250 mil propietarios que como contribuyentes fueron literalmente robados por la autoridad en ese afán por hacer ricos a pocos, explotando la miseria de muchos.

Aunado a ello, el monto de lo que ahora el gobierno se vería obligado a retornar a los contribuyentes sería cálculos más o menos cercano a los 300 o 350 millones de pesos anuales, ¿de los que nadie sabe a dónde fueron a dar?

Lo cierto es, que aun cuando la responsabilidad no es de la presente administración, este si deberá llevar ante el juez a los responsables de este gravoso robo.

¿Será acaso que el recurso habrá terminado en los fondos de la familia de Karime Macías, vía Jorge Ramírez Tubilla?, ¿acaso estarán en alguna cuenta de algún paraíso fiscal del Caribe?, ¿hasta hoy quien deber responder por este miserable atraco?

Ya en 2012 el entonces secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González afirmaba que habrían detectado un fraude precisamente en el cobro de ese mismo tema, de esa manera llevaron a Deyanira Hernández García quien era la Jefe del Departamento de Autorización de Créditos, tras las rejas por un fraude de 1.8 millones de pesos, dejando prófugo a otro implicado de nombre José Luis Noriega Uscanga de quien se desconoce si purga o no condena por ello.

La podredumbre no termina de drenar en la administración estatal, dejando a todas luces una estela de hedor que es inconfundible, pero que nos deja ese mal sabor de boca, al no ver a los responsables, ni tras las rejas, ni vomitando lo que se robaron.

Al tiempo.

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