En los tiempos en los que gobernaba Fidel Herrera se presentó un conflicto que requirió de todo el oficio político del mandatario estatal.
Mientras Fidel Herrera dialogaba con las más altas autoridades de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para impulsar nuevos proyectos de inversión en territorio veracruzano, y la participación directa de esa empresa en el mejoramiento de las poblaciones que han crecido gracias a la actividad petrolera, diversas organizaciones ambientalistas reclamaban a las autoridades estatales “mano dura” y “sanciones ejemplares” contra Pemex, por el severo daño que le ha causado la explotación y transformación del hidrocarburo a hábitat natural de la entidad.
Y tenían razón. Los ejemplos se pueden contar por cientos, del daño que han causado los accidentes vinculados con las actividades petrolíferas.
Pemex ha sido, es y seguirá siendo por un buen rato más, uno de los motores económicos más importantes para Veracruz, lo que obligaba al gobernador a tratar con “mucho tacto” la justa demanda de las organizaciones ambientalistas.
La postura de las organizaciones civiles siempre fue firme: “El gobernador sabrá en qué términos le plantea el problema a los directivos de Pemex. Puede ser enérgico o conciliador, lo que los veracruzanos esperan es que la paraestatal muestre, en los hechos, que se interesa y se ocupa del respeto a nuestro entorno”.
¿A qué viene este comentario?
Pues resulta que nuestro actual gobernador se enfrenta a una disyuntiva similar. No con Pemex (aunque habría que revisar si se está atendiendo el tema de la protección al medio ambiente) sino con la Secretaría de Marina.
La “percepción” de los veracruzanos es que Miguel Ángel Yunes Linares está resultando “ineficaz” en el combate a la delincuencia, y ha tenido que solicitar a la Federación que lo auxilie.
Un ingrediente fundamental en el apoyo que el gobierno federal brinda a Veracruz, es la participación de la Secretaría de Marina. Nadie duda de su eficacia. El propio gobernador está interesado en mantener la presencia de esta corporación en la entidad, pues entre sus encomiendas, los marinos tienen la de mantener el orden en el municipio de Boca del Río, casualmente gobernado por el hijo del mandatario estatal.
Y sin embargo, hay señalamientos directos de ciudadanos que aseguran que elementos de la Secretaría de Marina participaron, el pasado 4 de enero, en la ejecución extrajudicial de dos miembros de la familia Ramírez Bravo, originaria Huajuapan de León, Oaxaca y la desaparición de tres más, quienes viajaron de vacaciones al puerto de Veracruz.
Mientras en el puerto de Veracruz se vivían los conflictos propiciados por el aumento a la gasolina, los hermanos Jaciel y Levi Ramírez Ramírez, así como sus primos Rafael y Hugo Alberto Ramírez Bravo, y Luis Uriel Ortega Jaca, amigo de la familia, salieron del hotel para abastecer de combustible su camioneta Escalade Cadillac.
Levi Ramírez le avisó a su padre, Zoilo Ramírez, que ya iban de regreso al hotel para recoger al grupo de 15 personas y esa fue la última comunicación que tuvieron con ellos. Más tarde, por las noticias, se enteraron de que Hugo Alberto Ramírez y Luis Ortega habían sido asesinados frente a una gasolinera.
Las indagatorias de los familiares los han llevado a asegurar que quienes participaron en el homicidio fueron elementos de la Marina Armada de México.
De estos hechos ya tienen conocimiento la organización Idheas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quienes presentaron el caso al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
Yunes Linares, metido en un brete, ha tenido que salir a los medios a defender a la Secretaría de Marina:
“Pregunté al Fiscal (…) si había algún elemento que vinculara a la Marina-Armada de México, a esta institución, o a algunos de sus miembros en estos hechos y la respuesta del Fiscal es contundente: de todas las diligencias practicadas no hay ningún indicio que señale algún tipo de participación de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en estos temas tan lamentables. Yo tengo la más alta consideración como Gobernador del Estado por el trabajo que desarrollan los elementos de la Policía Naval, de la Marina Armada de México y de todas las corporaciones federales en beneficio de la seguridad pública de los veracruzanos y estoy absolutamente seguro de que ni en este tema, ni en ningún otro, la Marina tiene alguna participación”.
O sea, que no valen ni un cacahuate las investigaciones. Él ya dictó sentencia absolutoria, y el que lo intente refutar, con seguridad será tratado de “ignorante”.
Hoy sí se puede decir que, en materia de seguridad, Miguel Ángel Yunes se sostiene de un clavo ardiendo.
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Epílogo.
Es el calvario de los fotógrafos de Comunicación Social. Cada visita presidencial les piden “la foto”, esa en la que el Jefe de la Nación se vea “especialmente afectuoso” con el gobernador. No importa el nombre del Presidente, ni del mandatario estatal, en todos los casos les piden lo mismo. No toman en cuenta que los únicos fotógrafos que tienen libertad para escoger los mejores ángulos, son los de Presidencia, y los locales tienen que apañárselas con los limitados espacios a los que tienen acceso. ¡Muchas veces los han despedido por no haber conseguido el ángulo que les habían pedido”! Y con todos es lo mismo. *** Y por aquello de las “percepciones”, vale la pena leer el acucioso trabajo del portal Imagen de Veracruz, acerca de las ejecuciones en el mes de febrero. Contaron 134 personas abatidas en los 28 días, lo que supera por 37 el número reportados en el mes de enero, que tuvo tres días más.
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