El contrato se venció el 31 de diciembre 2016, nos dieron una ampliación de contrato que venció el 28 de febrero del 2017 y a partir de ese día, prohibieron la entrada del personal a las unidades médicas en donde se encuentran los equipos propiedad de NRA, notificando que tenían 30 días para desmantelar y también las plantas de tratamiento de agua.
“El día primero de marzo al día de hoy, más de 300 pacientes con deficiencia renal no están siendo atendidos dentro de la secretaría de salud, los están remitiendo a clínicas privadas de cuestionable reputación “Clínicas que no estaban abiertas (…) Clínicas que hace unos años fueron clausuradas por la Cofepris, por un incumplimiento legal y son establecimientos que no tienen la experiencia ni el personal como tampoco los permisos para operar”.
El empresario indicó que el titular de la dependencia, no finiquitó el adeudo que mantiene con NRA que asciende a un total de 50 millones de pesos que corresponden únicamente al 1 de diciembre del 2016 al 28 de febrero. También advirtió que Suárez Villa sin mediar licitación alguna, por medio de asignación directa, otorgó a una empresa, la cual le fue suspendida su proceso de certificación el 22 de septiembre de 2015 por parte del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica.
Esto se dio a conocer la propia Secretaría de Certificación de Salubridad General a través del oficio CSG/DGAA/3283/2015 remitido por parte del secretario del Consejo de Salubridad General y presidente de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica, Leobardo C. Ruiz Pérez [instancia encargada de analizar los estándares necesarios que debe de cumplir las empresas hospitalarias para brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad para los pacientes] al director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Dávila Torres quien había solicitado información detallada sobre esta y cuatro prestadoras de servicios más, quienes habían solicitado ser prestadoras de servicio del instituto en el tratamiento para personas con problemas renales.
El documento enviado decía: “Por medio de la presente, le comento que con la finalidad de cotejar la información asentada en la Solicitud de Inscripción y Autoevaluación que envían los establecimientos de atención médica para inscribirse al Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, el Consejo de Salubridad General realizó una revisión in situ a diversas unidades de hemodiálisis (…) Resultado de esas revisiones, se encontraron diversas irregularidades e incumplimientos en las siguientes unidades: GYFT S.A. de C.V Unidad de Hemodiálisis de Poza Rica y la ciudad de Xalapa (…) Dichos establecimientos ya se les ha suspendido su Proceso de Certificación retirándoseles del Sistema Nacional de Certificación”.
Por su parte Alejandro Cossío Hernández advierte que lo más terrible y preocupante de la situación, es que a los pacientes que hacían uso del equipo que NRA le rentaba a la Secretaría de Salud, no están siendo atendidos y esas personas podrían morir en 72 horas.
“Existen enfermos que requieren ser tratados hasta dos veces por semana (…) En Tierra Blanca la Secretaría de Salud no está prestando el servicio (…) No sabemos cómo le están haciendo (…) No sabemos si los están trasladando a Veracruz en camiones, porque no hay en el municipio un lugar en donde los puedan atender (…) Es alarmante la situación allá, es el lugar con mayor número de enfermos con problemas renales (…) Más de 89 casos de personas que requieren ser atendidas (…) Diariamente mueren personas a causa de los problemas en el riñón”.
Se intentó tener un acercamiento con el secretario de Salud del “gobierno del cambio”, Arturo Irán Suárez Villa para conocer la parte oficial y sobre todo, saber que están haciendo con relación a los pacientes con padecimientos renales. Se le solicitó a Elias Assad Danini, director de Comunicación Social del gobierno estatal el celular del titular de Sesver y nos proporcionó el número del móvil del secretario particular del servidor público y con el cual se hizo contacto directo para poder realizar una entrevista.
El contacto con “Suárez B” –empleado de Suárez Villa- se hizo el martes 7 de marzo del año en curso a las 13:22 horas. La respuesta del subordinado fue:
“Mucho gusto Silvia. Mi titular se encuentra en una encomienda del gobernador. Paso tu recado y nos estamos comunicando”. Al cierre de esta entrega, jamás volvieron hacer algún contacto con una servidora, quedando por bien sentado la cerrazón en el cual los subordinados de Miguel Ángel Yunes Linares mantienen con los medios de comunicación y le niegan a la sociedad el derecho a estar informados y defenderse con relación a la corrupción que mantienen dentro de las dependencias que le fueron encomendadas.
La guerra vs los medios
Es una burla para la sociedad que mientras el gobernador del estado, diga de manera pública, que su “gobierno es y será siempre de puertas abiertas”, la realidad sea otra y exista un bloqueo informativo tan alarmante por parte de su gobierno con los medios de comunicación.
Para el Yunes Linares y sus funcionarios el único medio local al que tratan con respeto es al diario asentado en el municipio de Veracruz al cual mantiene una relación preferencial con su mandato. Es al único medio que le filtra información y hasta le da “chamba” a sus reporteros/fotógrafos y columnista al integrarlos en su equipo de trabajo. Es importante destacar que la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) es parte del grupo de columnista de dicho diario.
Mientras a su medio local lo apapacha y hasta asegura que es el único medio “digno” en toda la entidad veracruzana menospreciando el ejercicio periodístico y el esfuerzo que diariamente hacen el resto de los medios de comunicación en el estado. La “manga ancha” para uno y el bloqueo informativo para el resto, es indudablemente violencia ejercida desde el poder.
La finalidad de Yunes Linares y su constante “cantaleta” que hace público en el medio de su preferencia es que no habrá convenios con ningún medio. ¿Acaso piensa que la sociedad es tonta? ¿Cree que no es notorio que el apoyo económico que le brinda su periódico favorito? La idea gubernamental es que derivado de esa acción, cierren el resto de los medios de comunicación y se le limpie el territorio veracruzano de la competencia y la sombra que les hacen otros medios al diario con el que trabaja. Hostilidad y estrategia política por parte del “gobierno del cambio”.
Hace uno días, el fiscal General del Estado, Jorge Wickler Ortíz, bloqueó a una servidora luego de haberle compartido a través de mensajería de Whatsapp un meme en su contra. La respuesta del servidor público fue tan agresiva como sus acciones: “Caray pensé que eras más inteligente, en serio. Póngase a trabajar y dejen de inventar (…) Eso es más falso y que te den el audio y listo (…) Cree lo que consideres”. Como acto segundo, el servidor público bloqueo el Whatsapp y toda comunicación con la columnista.
¿Gobierno del cambio? No lo vemos en lo absoluto. Al parecer la orden de arriba es que los titulares de las dependencias reguladas por el gobierno estatal no tengan la posibilidad de emitir un comentario que no sea aprobado por el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares. Los medios de comunicación, se han convertido en los peores enemigos del ejecutivo estatal y por naturaleza transgrede el derecho de la sociedad a tener acceso a la información, que emane de todas y cada una de las dependencias a su cargo. La Comunicación Social dominada por un solo hombre y la desaparición de los enlaces de prensa, es total y exclusivamente para controlar toda la información del gobierno estatal.
Convierten su paso en el poder en un terreno escabroso para los gobernados. Operan políticamente y dejan a un lado el gobernar el estado. La polìtica convertida en un verdadero “chiquero” para “trabajar” duro y arduamente en defensa de sus propios intereses. Que importa que haya enfermos con padecimientos renales crónicos. La corrupción primero y la sociedad después.
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