La reestructuración de la deuda de Veracruz es un gran acertijo acerca de los beneficios que pueda traer a los veracruzanos y en cambio sí deja la seguridad de que los plazos para el pago de la deuda se incrementarán y que este rejuego de capitales puede convertirse en un negocio de hasta más de 1 mil 150 millones de pesos.
Incluso se corre el riesgo de que los montos de la deuda pública bancaria de Veracruz se incrementen, si los nuevos créditos no se aplican para su pago.
De acuerdo con un borrador de la “Comisión Permanente de Hacienda del Estado” del Congreso local, presentado por la oficina de Sergio Rodríguez Cortés, presidente de dicha Comisión, ni siquiera se tiene la seguridad de que se vayan a liberar recursos de los pagos por servicio de la deuda, y en caso de que los mismos lleguen a darse se utilizarán inicialmente para cubrir el déficit que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares (Mayuli) genere, y si acaso sobra algún dinero, se utilizará en la obra pública que al actual gobierno se le pegue la gana realizar.
La reestructura de la deuda, como está planteada hasta ahora, no contempla el pago a proveedores, ni de participaciones a los ayuntamientos, ni de prestaciones laborales.
Pero eso sí, la administración de Mayuli ya está buscando como “convencer” a los diputados del PRI y de sus partidos aliados, para que voten a favor de la reestructura.
No habrá maletas de dinero para los diputados, pero si otros beneficios, como impunidad por las acusaciones que se les puedan fincar por delitos cometidos durante la administración de Javier Duarte, candidaturas para las presidencias municipales o promesas de postulación para diputaciones federales el próximo año, o compromiso de hacer campañas de bajo nivel para que candidatos de los partidos contrarios a la coalición PAN-PRD puedan ganar ayuntamientos.
Igualmente se ofertan “donativos” millonarios para las fundaciones que manejan los diputados, tanto en efectivo como en especie, así como contratos diversos por entrega directa, de acuerdo a las versiones de uno de los diputados de los partidos integrados en el fidelato.
Buena parte de las negociaciones para conseguir el voto las realizan enviados del gobierno del estado, porque no confían que el coordinador de la fracción del PAN, Sergio Hernández, pueda conseguir los votos que necesitan para que se aprueba la reestructuración de la deuda.
Así pues, eso es lo que va a “convencer” a los diputados del PRI y de los otros partidos de oposición -incluso de algún independiente- de que voten a favor de la reestructuración de la deuda como Yunes Linares quiere que salga.
La “maquinaria” para “convencer” a los diputados de Veracruz porque voten a favor de la reestructura de la deuda, ya está funcionando.
No habrá maletas con dinero, pero sí otras cosas.
Vamos por partes.
REESTRUCTURAR LA DEUDA, NEGOCIO DE 1,150MP. Miguel Ángel Yunes, el 23 de enero de 2017 solicitó autorización para reestructurar 42 mil millones de pesos de deuda bancaria del gobierno del estado.
Pero la cantidad se le hizo poca y ahora el dictamen que está a discusión menciona la autorización de refinanciar 46 millones de pesos; y si no les alcanza con eso se puede ir hasta “el monto total de los saldos pendientes de cubrir al momento de suscribir los contratos respectivos”.
Así pues, la reestructuración puede convertirse en un gran pozo sin fondo si se contrata nueva deuda y esta no se aplica a cubrir los débitos.
Pues bien, el gran negocio de la reestructura de la deuda está en el pago que se realizará a los intermediarios que harán las negociaciones, porque estas no correrán a cargo de personal del gobierno del estado.
En este decreto, en su punto tercero, se anota que “El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación de los créditos celebrados con sustento en el presente Decreto, no podrá exceder del 2.5% del monto contratado de cada financiamiento u obligación”.
Esto es, que si se pueden reestructura hasta 46 mil millones de deuda bancaria, las comisiones pueden llegar hasta los 1 mil 150 millones de pesos.
O más, si hacen crecer los números.
Una pregunta dentro de este entramado es ¿cuál será la empresa que hará estas negociaciones y se quedará con estas ganancias?.
Pero esta no es la única fuente de negocio que puede salir de la reestructura.
También está la compra de “instrumentos de garantía de pago oportuno”. ¿Cuánto costará la contratación de estas garantías?, ¿a qué empresas se las comprarán?.
Las garantías tienen además la particularidad de que se aplicarán hasta por 37 años y medio. Es decir, que si en este momento se comprase una garantía de este tipo, la misma estaría vigente hasta finales del año 2055. ¿Cuántos de los ciudadanos que están vivos hoy en Veracruz lo estarán para entonces?.
Las garantías deben cubrir los 30 años a que se quiere ampliar el pago de la deuda bancaria y 7.5 años más para asegurar su liquidación.
Y más preguntas: ¿Licitarán los contratos para estas actividades o los entregarán de manera directa a quién quieran?.
NO PAGO, A DEUDORES Y AYUNTAMIENTOS. El borrador para la reestructura de la deuda, muestra que no existe intención de pagar a los ayuntamientos las participaciones atrasadas; al menos no, con los supuestos ahorros de la reestructura de la deuda.
Y son supuestos porque el borrador exhibe la posibilidad de que no se libere un solo peso de los pagos que se tienen que hacer por servicio de la deuda.
En el punto duodécimo de la propuesta de decreto se lee: “En el caso de que se logre liberación de recursos como resultado del proceso de reestructuración o refinanciamiento”.
Así dice, “en el caso de que se logre”, esto es, que no hay seguridad de que se vayan a liberar.
Pues bien, “en el caso de que se logre” sacar del pago de la deuda algo de recursos “éstos deberán aplicarse a la consecución de un balance presupuestal sostenible de las finanzas públicas del Estado”.
Lo cual significa que primero nada, de liberarse algún recurso, se utilizará para cubrir el déficit financiero que están calculando que tendrá el gobierno de Mayuli.
El 21 de enero, cuando Miguel Ángel Yunes presentó su intención de reestructurar la deuda bancaria, incluyó un cuadro que mostraba el contraste entre el gasto de nómina y el de inversión pública, donde se nota que su gobierno tiene proyectado incrementar éste año los pagos por ese concepto.
Nuevamente surgen las dudas: si despidieron a cerca de 8,000 trabajadores, si eliminaron a un montón de cuentas fantasma, si sacaron a muchos aviadores, ¿porqué el gasto de nómina es mayor que en 2016?, ¿a quiénes metieron que se incrementa otra vez éste rubro?, ¿acaso hay nuevos fantasmas en la nómina del gobierno del estado?.
Volviendo al punto, lo que ahí dice es que el gobierno de Yunes Linares ni siquiera contempla poder equilibrar sus finanzas; las suyas, propias, las correspondientes a este año.
Después de cubrir el déficit del gobierno de Mayuli, pero ya después, “de existir remanentes”, éstos se usarán para terminar obras públicas inconclusas en el estado, “dando prioridad a aquellas que reporten mayores beneficios para el desarrollo social, el desarrollo económico o la seguridad de la población”.
¿Y cuáles pueden ser esas obras?.
Las que Miguel Ángel Yunes determine.
NADIE PODRÁ VIGILAR LA REESTRUCTURA DE LA DEUDA. Además de todo esto, el gobierno del estado no quiere que nadie vigile el proceso de la reestructura de la deuda y por eso dejará en manos de particulares todo el proceso, y para fortalecer esto, con el carácter de fideicomitente, constituirá “uno o más fideicomisos irrevocables”… “Para administrar los recursos destinados al pago de las operaciones de financiamientos o emisiones o garantías de pago oportuno o instrumentos financieros derivados de cobertura de tasas de interés que se realicen en virtud del presente Decreto”…
Fideicomitente, que es el papel del gobierno del estado, es quien trasmite el bien o bienes objeto del fideicomiso; en un “fideicomiso irrevocable” el fideicomitente pierde el control de los bienes que colocó en el mismo, siendo el fideicomisario quien tiene ese control.
Nuevamente más dudas ¿qué bienes quedarán integrados a esos fideicomisos?, ¿se conformarán sólo con los documentos de las garantías?.
Desde ese fideicomiso, manejado por particulares, cuando ya se haya contratado un nuevo crédito para la reestructuración de la deuda pública, en los cinco días posteriores, el titular de la Secretaría de Finanzas hará llegar un informe por escrito pormenorizado de los términos financieros y condiciones contractuales de los nuevos créditos al Congreso del Estado.
Pero será hasta entonces, hasta que la deuda este contratada, no antes.
De aprobarse esto, los terrenales conoceremos la reestructura de la deuda pública sólo por lo que los místicos nos quieran contar.
Nada más. |
