Quien estime hoy por hoy, que el interés del gobierno estadunidense por apropiarse de aspectos nodales de México, es una percepción caduca, fuera de la realidad actual, se equivoca. 

El desmembramiento, privatización y extranjerización de Pemex, CFE y la desarticulación y finiquito –hace ya más tiempo- de Ferrocarriles Nacionales de México como sistema nacional de arrastre integrado, de puertos y aeropuertos, carreteras y sistema financiero, adquiere connotaciones especialmente delicadas en las regiones y estados cercanos a ambas fronteras.

La del sur por la colindancia con una nación dominada militarmente por Estados Unidos. La del norte por el accionar político-estratégico de este país sobre los procesos de “integración silenciosa”, que se vuelven audibles cuando ya es demasiado tarde.

Las modificaciones a la Constitución y a la ley que regula la inversión extranjera así como su formalización en el TLCAN; las reformas estructurales en energía, comunicaciones y transportes, y el establecimiento de un vasto entramado de redes de interconexión transfronteriza (eléctrica, gasera, ferrocarrilera, etc.) a cargo de empresas estadounidenses y cuando mucho binacionales, han venido creando  vulnerabilidad para México y problemas de carácter jurisdiccional, que se acrecientan con la masiva militarización fronteriza impulsada por Estados Unidos.

En la península de Baja California, por citar un ejemplo, presenciamos un inusitado despliegue de compra de propiedades por parte de inversionistas estadounidenses y de grandes firmas de bienes raíces de aquel país, interesados en desarrollar urbanizaciones desde Tijuana hasta Los Cabos, por el enorme potencial que ofrece la zona para el turismo y los jubilados, equivalente a la Florida, pero en la Costa Occidental. Si a esto agregamos la citada integración binacional de los proyectos de infraestructura de comunicaciones y la baja población mexicana que habita en la Península, el  escenario  resulta potencialmente peligroso, para la integridad territorial de esa importante región de nuestro país.

En su ensayo La compra-venta de México, una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos desde la perspectiva del sur Ed UNAM 2002, actualizado en 2015,  el profesor John Saxe Fernández señala: “La apertura del sector eléctrico, esencialmente en el norte del país, donde se ponen en marcha ambiciosos proyectos binacionales de interconexión eléctrica y de infraestructura, ocurre en medio de un cruce de fuerzas geoeconómicas y geopolíticas, culturales y migratorias, que contempla medidas y aspiraciones mayores tanto en lo geográfico como en lo temporal, incluyendo escenarios sobre la reestructuración de las fronteras entre México y Estados Unidos de cara al año 2050”

Todo forma parte, dice Saxe Fernández, de un programa impuesto a México hace más de tres décadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que representan los intereses del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (sic) Y desglosa los cuatro pasos del programa: El primero fue la privatización de los bienes nacionales, que inició el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El segundo, es la desregulación del mercado de capitales, que permite que las inversiones entren y salgan, y que los especuladores incidan en la moneda. El tercer paso es la regulación de los precios de los productos por el mercado, la eliminación de todo tipo de subsidios, con lo cual suben desde la comida, el agua, el gas y demás, que sería la etapa en que nos encontramos, y el cuarto paso, sería una estrategia de gradual reducción de la pobreza, como un incentivo a la población, para que apoye al gobierno en turno, solidario amigo de los Estados Unidos.

Otorgándole el beneficio de la duda a tan audaz aseveración, lo que queda claro es que el esquema privatizador que activó el gobierno de México justo al inicio de la puesta en marcha del TLCAN, ha sido el elemento clave hacia una concepción mayor, de largo alcance geoeconómico y geopolítico.

Desde esa perspectiva, estudiosos del Colegio de la Frontera Norte, COLEF preveían desde antes del arribo de Trump, que el gobierno de Estados Unidos podría  replantear o suspender porciones del TLCAN con el fin de minar nuestra frontera económica. Habría que meditar sobre la pertinencia de esta aseveración.

En todo caso, nuestra vecindad asimétrica nos obliga a tratar de ver más allá de la aparente coyuntura anti-México que hoy ocurre desde la Casa Blanca. ¿Lo estarán haciendo los estrategas del gobierno?

rayarenas@gmail.com                                                                                                               @RebeccArenas