La conformación de la LX Legislatura del Estado fue plural, incluso con mayoría opositora. Y a pesar de ello, nunca se colapsó Veracruz porque no se pudiese llegar a acuerdos. Era, sin duda, otra la circunstancia. Y también otras las formas de hacer y entender la política.
Fuera de ese corto periodo de tres años, los últimos cinco lustros los gobiernos estatales han hecho y deshecho a su antojo, sin mayor contrapeso. Las sucesivas legislaturas fueron meras oficialías de partes del Ejecutivo, que aprobaban casi sin chistar las órdenes que llegaban de palacio de gobierno, por absurdas que fueran.
Una de las peores fue la anterior, la LXIII Legislatura del Estado, que le autorizó a ciegas a Javier Duarte de Ochoa brutalidades como la reducción del actual periodo gubernamental a dos años, la basificación masiva de burócratas y otras tantas barbaridades ampliamente conocidas.
Tras las elecciones del año pasado, el voto de los veracruzanos ordenó una conformación más que plural de los órganos y poderes del estado. En el Ejecutivo, una coalición entre el PAN y el PRD; y en el Legislativo, una distribución política en la que ningún partido alcanza por sí mismo las mayorías calificadas que requieren las decisiones fundamentales, lo cual obliga a la negociación entre las partes para lograr consensos.
Al tomar posesión de la titularidad del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares dijo estar consciente de cuál había sido el mandato popular y se manifestó dispuesto a alcanzar acuerdos con el Congreso a través del diálogo respetuoso entre poderes. Pero muy pronto se ha perdido la paciencia y el respeto.
El rechazo del Congreso local –o mejor dicho, de la mitad de sus diputados- a aprobar la solicitud de reestructuración de la deuda pública del estado presentada por el gobernador Yunes Linares, ha llevado a un grado de máxima tensión el cacareado “diálogo entre poderes”, entre descalificaciones mutuas, amenazas y una total ausencia de autocrítica de ambas partes y sus seguidores.
La advertencia de Yunes Linares a los diputados locales de que prefiere pagar los sueldos de maestros, médicos y policías que los suyos, sumada más tarde a su exigencia de que el Congreso ajuste su presupuesto a la mitad, no demuestra ánimo alguno por avanzar por la vía del consenso en la solución de los problemas, y mucho menos respeto por la división de poderes.
A su vez, las posturas intransigentes en el Poder Legislativo, en las que no se proponen alternativas a las que quiere el gobierno para enfrentar la quiebra financiera del estado, tampoco ayudan a salir de una crisis que, ciertamente, le fue heredada a la actual administración.
Ni la soberbia ni la intransigencia, y mucho menos la autocracia, son la vía para sacar a Veracruz del agujero negro en el que lo hundió la misma clase política. Si la reestructuración es la única o la principal vía para enfrentar el problema, el gobierno estatal está obligado a proporcionar todos los datos que se le solicitan al respecto e incluso a hacerlos públicos para que no quede lugar a dudas. Si los diputados tienen una mejor idea, también tienen la obligación de exponerla y defenderla. Ambos, Legislativo y Ejecutivo, fueron elegidos para aportar soluciones, no mayores conflictos.
Lo que es inadmisible es que el presente y el futuro los ciudadanos permanezcan secuestrados por las interminables disputas de los políticos. Si no pueden con el paquete, unos y otros, que se vayan.
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