Vaya que ha despertado sospechas la extraña actuación de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes ministeriales acudieron el viernes pasado al domicilio particular del extesorero y exsubsecretario de Egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, para ejecutar una orden que supuestamente era de aprehensión pero que de manera indebida la habrían convertido en otra de cateo. 

Además ha cundido el sospechosismo porque hasta antes de este desatino, el fiscal especializado en hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, Rufo Seechi Ordóñez, se había visto mucho más cauto y eficaz para la detención de otros exfuncionarios, como el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; el exdirector del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos Solís; el excontralor y exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, y el exsecretario de Comunicaciones y exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia García, quien casualmente fue cazado ese mismo viernes en la caseta de cobro de la autopista Xalapa-Perote cuando viajaba de Puebla hacia la capital veracruzana.   

Sorprende este desliz de Seechi Ordóñez, pues justamente fue certificado por la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETECC) como docente y capacitador, por lo que algunos juristas habían augurado que “su experiencia jurídica le permite desarrollar las experiencias educativas con maestría”. 

Sin embargo, al presentarse al domicilio de Aguirre Morales para ejecutar una orden de aprehensión pero sin cerciorarse previamente de que el exfuncionario se hallaba en ese lugar –providencia que en cambio sí tomó en el caso de los otros exservidores públicos detenidos hasta el momento– ha sido un craso error que permitió poner en alerta al extesorero y exsubsecretario de la Sefiplan, quien a estas horas seguramente ya huyó no sólo del estado sino del país pues recursos económicos le sobran, como se evidenció en los videos que grabaron y que sospechosamente también fueron filtrados y difundidos. 

Por cierto, Rufo  Secchi, quien el sexenio anterior estaba asignado a la Fiscalía Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XII Distrito Judicial en Coatepec, fue galardonado en julio de 2014 por el entonces presidente municipal de ese pueblo mágico, el priista Roberto Pérez Moreno, (a) “Juanelo”, quien terminó siendo desaforado por el Congreso local al imputársele la autoría intelectual del crimen de su tesorero Guillermo Pozos Rivera, secuestrado, torturado y ejecutado en agosto de ese mismo año.   

El ex alcalde coatepecano se dio a la fuga desde el año antepasado y no ha sido detenido aún.

Lo mismo parece que va a ocurrir ahora con Aguirre Morales, quien renunció el 24 de junio de 2015 como subsecretario de Egresos de la Sefiplan y sobre el que poco después la Contraloría General del Estado, a cargo aún de Ricardo García Guzmán –exprecandidato del PAN a la alcaldía de Pánuco–, dio a conocer que había sido inhabilitado por tres años para desempeñar cargos públicos.

Desde agosto pasado, Aguirre había promovido el amparo 735/2016 en el Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa, el cual le había concedido la suspensión provisional contra mandamientos ministeriales o judiciales que lo privaran de su libertad.

Sin embargo, tras la captura de Valencia, acusado de un presunto desfalco de 435 millones de pesos según los dictámenes del ORFIS sobre las cuentas públicas de 2013 y 2014,  ha trascendido que el entonces subsecretario de Egresos le habría solicitado al exdirector de la CAEV la transferencia de fondos destinados a programas de agua, saneamiento y alcantarillado a cuentas de la Sefiplan.

EL PODER DE AGUIRRE

Por cierto, primero como tesorero y luego como subsecretario de Egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales ejerció un gran poder desde el sexenio antepasado, el del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Y si no que le pregunten a su protegido Eduardo Cárdenas Ruz, a quien primero impuso como administrador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde tuvo el detalle de regalarle a una amiguita que estaba a cargo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional de la PGJE una camioneta Cadillac último modelo, valuada en casi 520 mil pesos, según la factura número 00171 de GOMSA Premiun, S.A. de .C.V.

Cárdenas, al igual que su compadre Aguirre Morales y, entre otros, Mauricio Audirac, extitular de la Sefiplan actualmente sujeto a prisión preventiva en Pacho Viejo, fueron inhabilitados en 2015 por la Contraloría General del Estado.