Hoy Veracruz está viviendo la cruda de una breve borrachera de esperanza en el cambio. Por donde quiera, los rasgos de la violencia criminal y política están echando en cara a los veracruzanos que nada ha cambiado, al menos no para mejorar.
La violencia tiene permiso
Pese a la promesa de combatir la delincuencia, y de acabar la violencia en los primeros seis meses de su gobierno, han aparecido por todo Veracruz nuevas zonas castigadas duramente por la confrontación entre bandas criminales, mientras el gobierno estatal adelgaza sus líneas policiacas y basa su estrategia en la incorporación de las fuerzas federales. Nunca podrá siquiera mantener en la media la incidencia delictiva que va en aumento.
Una de esas zonas castigadas, solo por poner un ejemplo, es la que conforman los municipios industrializados de la zona centro del estado, los que conforman los municipios de Córdoba, Orizaba y aledaños, que en mayo vivieron el mayor infierno, cuando las ejecuciones aumentaron en más del 114 por ciento respecto del mes previo según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según un reporte del periodista Miguel Ángel Contreras Mauss para la agencia AVC, quien rescató notas periodísticas del mes de mayo, en ocho municipios de la zona ocurrieron más de 30 homicidios dolosos con características que hacen suponer la participación del crimen organizado; cinco de ellos fueron feminicidios, cortando la vida a igual número de mujeres, una de ellas de 17 años. En cuatro de esos casos, hombres armados dispararon en contra de las mujeres, mientras que la quinta fue descuartizada y sus restos abandonados en una bolsa de plástico, junto con un narcomensaje.
La nota periodística publicada este jueves señala que la ciudad de Córdoba, considerada por la Segob como la más violenta de Veracruz, registró el mayor número de crímenes, con ocho ejecuciones, a pesar de la presencia de la Policía Militar. Los otros municipios agobiados por estos hechos delictivos fueron Cuitláhuac, Yanga, Atzacan, Carrillo Puerto, Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores e Ixhuatlán del Café.
Según el relato del periodista, prácticamente no hubo día el mes recién concluido en que no se registrara un hecho sangriento, con homicidios antecedidos por tortura y descuartizamiento o calcinación de los cuerpos de las víctimas. A pesar de las reiteradas declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el sentido de que las muertes violentas se daban entre miembros de los cárteles, muchos de los asesinados eran comerciantes, restauranteros, personas que se habrían opuesto a ser chantajeadas o extorsionadas.
“En Yanga, municipio que reforzó su seguridad con la presencia de la Policía Militar (PM), la violencia ha incrementado; en este mes, cinco personas fueron encontradas muertas en diversos hechos, una de ellas calcinada dentro de una camioneta. No obstante, el mes de junio arrancó con un ejecutado; se trata de un albañil quien fue atacado a balazos en el municipio de Amatlán de los Reyes.”
La prensa no se salva de la violencia
En la continuidad de la violencia contra la prensa veracruzana, que en el gobierno de Duarte se cebó con más de 17 colegas, el gobierno actual comenzó su andadura con el asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera, ultimado a balazos el domingo 19 de marzo en Yanga, cuando salía de un restaurant donde había comido con su familia.
No solo eso. Según el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Jorge Morales Vázquez, solo en lo que va de 2017 se tienen contabilizadas 46 agresiones a representantes de los medios de comunicación. Dichas agresiones a periodistas, fotógrafos o camarógrafos se registraron en diversas partes de la entidad, y los responsables de las agresiones son principalmente autoridades, como policías, aunque también se cuenta con casos de amenazas cuya identidad del autor se desconoce. “Policías municipales, policías estatales o autoridades que amenazan a los periodistas en general”.
Se ha hecho común que en los operativos montados por la Secretaría de Seguridad Pública para desalojar a manifestantes de las vías públicas, una medida que se ha cumplido con puntualidad, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo duartista cuando las calles y carreteras permanecían por días en poder de los grupos de protesta, se arremeta con la misma ferocidad contra fotógrafos y camarógrafos, que son los compañeros que deben trabajar cerca de los hechos.
Incluso la Fiscalía ha llegado a extremos vergonzosos como la detención el 30 de mayo pasado del fotoperiodista David Bello, de Diario de Xalapa, cuando realizaba la cobertura de ¡un incendio! Mientras los criminales se pasean impunemente por el estado, a David Bello los ministeriales lo esposaron bajo la excusa de que había violado el perímetro de seguridad, donde ya estaba mucho antes de que llegaran los elementos de seguridad.
Estos hechos, tanto la violencia desatada en todo el estado como las agresiones a periodistas, buscarían inhibir no solo la participación ciudadana en las elecciones sino particularmente la actuación de los partidos políticos y los medios de comunicación en la documentación de violaciones a las leyes electorales que estarán a la orden del día, ahora por parte de los partidos en el poder, el PAN y el PRD.
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