El objetivo de este mecanismo, según la misma ley, es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Para ello, establece que se deberá crear un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Nada, absolutamente nada de esto, se ha hecho aún.
Casi siete meses y 110 mujeres asesinadas después, los gobiernos federal y estatal se decidieron a dar inicio al procedimiento establecido por la ley, en un momento en el que las condiciones institucionales y políticas de la defensa de los derechos de las mujeres son totalmente adversas en el estado de Veracruz.
En primer lugar, el organismo del gobierno estatal encargado de dar atención y seguimiento al tema, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), continúa acéfalo y ha sido prácticamente desmantelado. En el Consejo Consultivo del IVM, once de sus integrantes fueron orilladas a renunciar al no existir condiciones para desempeñar su labor y sí, en cambio, hostigamiento desde el mismo gobierno, antes y después de su salida.
A su vez, el Consejo Social del IVM fue prácticamente “colonizado” por militantes del Partido Acción Nacional, con la consigna de despojar al instituto de cualquier atisbo de ideas que aboguen por los derechos reproductivos y de decisión sobre sus propios cuerpos de las mujeres. La intención es imponer una agenda afín con las ideas de la Iglesia Católica como política pública de “atención”.
Por otra parte, de acuerdo con el proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género: feminicidio en la entidad veracruzana”, elaborado por la Facultad de Antropología de la UV, desde que comenzó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Veracruz registra 110 asesinatos de mujeres: 13 casos en diciembre de 2016, así como 16 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo, 18 en abril y 16 en mayo de 2017.
De estas agresiones, 75 reúnen las características para recibir la tipificación de feminicidios. Solamente en los primeros seis meses del gobierno de Yunes Linares.
Asimismo, de los once municipios integrados en la Alerta de Violencia de Género, en Orizaba el presidente municipal priista –aunque de tendencia ultraconservadora-, Juan Manuel Diez Francos, rechazó públicamente aceptar las recomendaciones. “No sé por qué hay alerta de género, ni en base a qué. Yo creo que es un distractor político para que no nos paguen a los ayuntamientos”, declaró en diciembre pasado.
En esas condiciones, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong vino a Veracruz a decir que “se ha venido avanzado (…). Hay que revisar lo que se ha hecho, hay que ver que funcione aún más, hay que evitar la doble criminalización que se da con las mujeres cuando hay un acto de violencia y cuando se presenta con la autoridad”.
A su vez, en su comunicación oficial el gobierno de Miguel Ángel Yunes señaló que “es necesario que los gobiernos locales asuman como prioridad la generación de acciones transversales e inmediatas para la creación de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia de género e institucional a la que se enfrentan millones de mujeres en el país”.
Y mientras en todos los niveles de gobierno se regodean en su demagogia, en Veracruz a las mujeres las siguen matando. Impunemente.
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