En la batalla contra Andrés Manuel López Obrador, cuya primera etapa habría concluido con las elecciones municipales del 4 de junio, el gobernador de Veracruz percibe que no se ha cerrado totalmente el círculo.
Y los que conocen a Miguel Ángel Yunes Linares aseguran que a éste no le gusta dejar cabos sueltos.
El tema que considera Yunes Linares que no se concluyó es el proceso penal en contra de quien operó para que Morena se convirtiera, en Veracruz, en el poderoso rival electoral que es ahora. El gobernador de Veracruz, el líder de la guerra contra la corrupción en el estado, no admite que Gabriel Deantes siga en libertad. Se la tiene jurada y sigue trabajando para cumplírsela.
A finales de la administración duartista, tanto Gabriel Deantes como Arturo Bermúdez llegaron a un acuerdo con el entonces Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Le pidieron que los procesara, que le diera celeridad a las carpetas de investigación en su contra, pero que los tratara con benevolencia. El objetivo era que para cuando asumiera el cargo Miguel Ángel Yunes Linares, ellos ya estuvieran enfrentando su proceso, en las mejores condiciones posibles.
Y el Fiscal se los concedió. Ambos tuvieron que responder ante las autoridades, a partir de consignaciones presentadas por la Fiscalía del Estado. Y ambos recibieron el beneficio de seguir sus procesos en libertad
A su llegada a la gubernatura, Yunes Linares ya estaba enterado de esta jugada por parte de dos de los colaboradores más cercanos de Javier Duarte y le ordenó al nuevo fiscal, Jorge Winckler, que buscara nuevos elementos, nuevos cargos en su contra, de manera que no pudieran librar la cárcel.
En el caso de Arturo Bermúdez fue más sencillo. Su arrogancia le impidió comprender que los negocios que realizaba a través de sus familiares se encuadraban en delitos como el de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Para la nueva Fiscalía fue sencillo abrirle una nueva carpeta de investigación y proceder en su contra, hasta meterlo a la cárcel.
Con Gabriel Deantes fue distinto. En realidad no hay autoridad que haya encontrado un solo centavo que haya sido desviado de alguna oficina de gobierno en los lapsos en los que él estuvo al frente. Sus cuentas públicas lucen impecables. Ni la Auditoría Superior de la Federación encontró elementos para actuar en su contra.
¿Cuál fue, entonces su delito?
Se trata de enriquecimiento ilícito. Y es que las posesiones de Gabriel Deantes no corresponden con los ingresos (salarios) que habría acumulado en los últimos dos sexenios.
¿Cómo es que Deantes se hizo de esa fortuna?
Sencillo: A él le tocaba operar los temas electorales. A él llegaron cientos (quizá miles) de millones de pesos en efectivo, de los que no estaba obligado a comprobar su destino. Quienes lo conocieron en los momentos de auge de su operación política, narran que en su oficina acumulaba montañas de billetes a su alrededor. De ahí salían los fondos para comprar voluntades, candidatos, funcionarios electorales y todo lo que fuera necesario.
Ante tal discrecionalidad de recursos, lo más lógico es que “algo” se le quedara. Hoy no tiene cómo comprobar una vía legítima para su notoria bonanza económica.
Gabriel Deantes sabe que están tras él. Procura pasar desapercibido, pero cada intento de sus abogados por conseguirle un amparo de la justicia federal lo deja en evidencia.
En su más reciente trámite, Deantes pidió en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Boca del Río, la revisión de la resolución a un amparo que tramitó y le fue negado, ante una posible captura de la Fiscalía General del Estado.
Se trata de un recurso promovido a través del expediente 247/2017 para la revisión del recurso en contra de la sentencia de 10 de mayo de 2017, dictada en el juicio de amparo 1352/2016 por el titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla.
Entre las cómodas medidas cautelares que en su momento le aplicó el Poder Judicial del Estado, está que se presente a Pacho Viejo cada dos semanas a firmar el libro de registros. El resto del tiempo lo pasa en la capital del país.
La próxima vez que tenga que hacer acto de presencia, podría ser la última.
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Epílogo.
Por si quería saber dónde andan nuestras gloriosas fuerzas del orden, es oportuno aclararle que no andan en malos pasos. Sólo fueron a cumplir con una instrucción de su jefe, el gobernador de Veracruz, quien prometió desde que asumió el cargo que no permitiría movilizaciones que violentaran el derecho de terceros al libre tránsito. Los policías con escudo y macana viajaron a Zongolica, para desalojar a quienes mantenían bloqueada la carretera. Se trata de miembros de la Coordinadora de la Defensa Campesina Indígena Náhuatl, que salieron a protestar porque uno de sus compañeros, Germán Otehua Vázquez, fue agredido con una motosierra por tres personas y se encuentra grave en el Hospital Regional de Río Blanco. El operativo de desalojo de los indígenas dejó como saldo al menos diez manifestantes lesionados. *** Pero no se preocupe. Ya el gobernador anunció un nuevo operativo de las fuerzas federales por territorio estatal. En una de esas le atinan y abaten los índices de inseguridad que padece Veracruz. Ojalá.
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