Y posiblemente tenga razón, porque si la acusación que le están haciendo es por un monto de 250 millones de pesos, que fueron movidos de una cuenta a otra del mismo gobierno del estado y que lógicamente no fue hecha por el gobernador sino por el secretario de finanzas, pues entonces, ahí está la explicación del porqué la sonrisa sarcástica-nerviosa, del ex mandatario.
Pero de los miles de millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó durante los últimos años de su administración, no hay ninguna acusación, o lo que es lo mismo los delitos que le imputan, podrían ser fácilmente defendidos favorablemente por el despacho de abogados que lo está asesorando.
Por eso fue que Duarte de Ochoa aceptó su extradición -casi inmediata- a nuestro país, aunque los trámites de las autoridades mexicanas, Secretaría de Relaciones Exteriores, todavía podrían llevar hasta 15 días, para que finalmente sea repatriado a un penal en el centro del país.
Pero cabe entonces preguntarse, ¿cuáles son los delitos por los que Javidu será juzgado?
De entrada, enfrentará tres órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de siete delitos.
Una de estas órdenes fue solicitada por la PGR y dos más por la Fiscalía de Veracruz.
De acuerdo con los que conocen del derecho y del nuevo sistema penal, de todos los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe el riesgo de fuga.
Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, pues ninguna de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.
En un reportaje publicado por Animal Político se establece que los delitos que le imputan a Javier Duarte son:
Delincuencia organizada: Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
Tráfico de influencias: el ex gobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
Por otro lado existe una segunda orden de aprehensión que la PGR obtuvo de un juez a través de la FEPÁDE por delitos electorales, Esto luego de que se identificó que la administración de Duarte obstaculizó la llegada de recursos al órgano electoral de la entidad,
Esta orden de aprehensión no fue incluida en la solicitud de extradición, pero de acuerdo con la PGR, en su momento se podrá cumplimentar la misma aludiendo a una excepción del principio de especialidad del tratado de extradición México Guatemala.
Adicionalmente, en redes sociales se está convocando a presentar una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya, por el delito de lesa humanidad, por el tema de los medicamentos clonados para ser suministrados a enfermos de cáncer, además de que también algunas ONG estarían organizando otra demanda por la desaparición y asesinatos de más de 12 mil veracruzanos durante el sexenio de Javier Duarte.
Habrá que esperar a ver cómo le demuestran esas acusaciones de los delitos, para que no vaya a ser que al rato salgan con que no estaba bien presentada la denuncia, con pruebas suficientes para comprobar la participación del ex gober sonriente y más temprano que tarde, quede en libertad.
Bien advierte Pancho López el filósofo de mi pueblo, que el que ríe al último ríe mejor.
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