De esa manera en nuestro país, la alerta fue de inmediato atendida, no podría el gobierno federal hacer frente en paralelo a un escándalo más de corrupción, tras los conocidos por todos -el amigo que pagaba impuestos; el Grupo Higa; la Casa de Malinalco; la Casa Blanca-, la llamada era urgente y había que resolverla.
Quizá por ello, aquella renuncia y desaparición pública del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, convertido en cónsul de Barcelona, al que tuvo que renunciar, acusando que vendría a defenderse de las denostaciones y acusaciones que vertiera sobre él, su archirrival Miguel Ángel Yunes Linares, actual mandatario estatal.
De esa manera la construcción de todo un entramado legaloide para impedir conocer los nexos, las relaciones, los sobornos otorgados a altos funcionarios comenzaron a caminar.
Por eso la determinación realizada por el pleno del INAI este miércoles 5 de julio, con la que respaldan la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de reservar la información relativa a la investigación que se lleva a cabo en torno a la empresa Odebrecht, deja muchas dudas.
Al resolver en su sesión pública el recurso RRA 3406/17, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) rechazaron la propuesta que sobre el particular presentó su colega Óscar Mauricio Guerra Ford.
Lo increíble del asunto es que el comisionado Guerra Ford explicó ante los otros comisionados que un particular solicitó a la PGR reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencias, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida sobre Odebretch y su subsidiaria Braskem.
Esto en relación con la investigación de supuestos sobornos que una u otra habrían pagado a funcionarios de Petróleos Mexicanos entre 2010 y 2014 para favorecerlas en la adjudicación de cuatro contratos de obras.
En respuesta, la PGR reservó la información, bajo el supuesto del Artículo 110, fracción XII de la Ley de Transparencia, debido a que dichos datos forman parte de una investigación que está en marcha.
Sin embargo, el comisionado Oscar Mauricio Guerra señaló que si bien la investigación está en curso ya se saben muchos datos, incluyendo el nombre de la empresa subsidiaria, por lo que propuso cambiar el motivo de la clasificación por el Artículo 113 fracción I de la propia Ley de Transparencia. Este último, prevé clasificar la información que, de ser difundida, podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Pero al discutir el tema, las comisionadas Patricia Kurczyn y Areli Cano rechazaron la propuesta bajo el argumento de que, en efecto, se trata de una investigación judicial en curso y por lo tanto la PGR hizo bien en clasificar la información bajo el supuesto del Artículo 110 fracción XII.
En consecuencia, la propuesta del comisionado Guerra fue rechazada por seis votos contra uno y en consecuencia la información quedó reservada y por lo tanto no se puede dar a conocer hasta que terminen las investigaciones.
Esta medida vuelve a provocar cientos de dudas y cuestionamientos sobre las posibles implicaciones por parte del gobierno federal y sus funcionarios y ex funcionarios.
La oferta del presidente Peña Nieto por el contrario restar los escándalos de corrupción continúan al alza con dichas acciones, pues los mexicanos deseamos conocer los alcances de esta red dentro de nuestro sistema político y gubernamental.
Ahora la duda será saber si en todo en este entramado legaloide no saldrá a relucir el corrupto reo de Guatemala, que estaría siendo regresado al país con el único afán de atajar el crecimiento de Morena y Andrés Manuel López Obrador sumamente calladito desde que se supo de su retorno, y de paso, empantanarle el estado al gobernador en funciones, con quien se sabe trae viejas rencillas.
Sextante
Cabe destacar la actitud valiente del alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez respecto del actuar de algunas empresas constructoras -desarrolladoras de vivienda- que cometieron verdaderos actos criminales con la construcción de Unidades Habitacionales que en su momento no contaron con los procedimientos de municipalización, dejando con verdaderos problemas de subvalía a los propietarios de dichas casas o departamentos, como lo hiciera la empresa Homex.
Pero la pregunta a todo esto sería saber, ¿porque en su momento las autoridades municipales no limitaron el desarrollo de estos espacios, con la cancelación misma de las obras?, ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los municipios en ello?, ¿Qué papel jugaron los responsables del Desarrollo Urbano? Y ¿Por qué hasta hoy no vemos a ningún funcionario de corte municipal, tras las rejas por esto?
Tanto el INFONAVIT como el ISSSTE a través de sus unidades de crédito para vivienda debieran poner muchísimos más candados y trabas, para que empresas de esta naturaleza no afecten más a familias que sueñan con hacerse de un pequeño patrimonio para sus hijos.
No es justo que dependencias como la PROFECO no hayan tampoco actuado o sancionado a estos grupos, que verdaderamente se constituyen en embaucadores y defraudadores profesionales.
Al tiempo.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
Twitter: @LuisBaqueiro_mx |
