En la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, Veracruz pasó de ser “el estado del agandalle” al estado omiso.
En el 2015, cuando la Federación no concluía aún las reformas que le dan forma a este sistema, tres entidades se apresuraron a enviar iniciativas sobre el tema a sus congresos locales. Los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo aprobaron leyes anticorrupción antes de que fueran promulgadas las leyes federales.
En realidad se trataba de reformas “a modo” que tenían como fin garantizar la impunidad de los gobernantes de aquel momento, esto es, Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo), ya que gracias a esas reformas podrían imponer fiscales anticorrupción comprometidos con ellos y que trascenderían sus sexenios.
Al año siguiente, 2016, todas esas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De esos tres estados que intentaron “madrugar” a la Federación, dos de ellos –Veracruz y Chihuahua- están empantanados en la construcción de sus sistemas estatales. El Congreso de Veracruz sesiona este jueves para someter a votación las reformas en la materia, a una semana de que venza el plazo que se impuso una vez que se promulgaron las leyes federales.
Llama la atención la lentitud con la que Veracruz ha atendido este tema tan importante, cuando fue uno de los recursos más socorrido por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, en su campaña electoral: El combate a la corrupción.
Luego de ocho meses de gestión, ya podemos explicarnos las razones de su morosidad. Su administración está mostrando una tendencia irreversible a la opacidad y tras cubrir la cuarta parte de su gestión, ya han surgido las primeras señales de que entre sus colaboradores hay elementos corruptos.
Para evitar que la misma bandera que lo llevó al gobierno sea la razón de su descalabro, Yunes Linares ya opera en busca de personajes que “cubran el perfil” y que aparenten independencia, pero que en lo oscurito estén dispuestos a llegar a acuerdos con él.
El primo hermano del actual gobernador de Veracruz, el senador priista Héctor Yunes Landa, quien preside en la Cámara Alta la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, ya levantó la voz para reclamar que esta entidad se ubique en el último lugar de avance a nivel nacional.
“El tiempo se agota y no se observa voluntad política de las autoridades del estado, a pesar de los graves problemas que se han venido denunciando. Nos preocupa que haya un doble discurso en esta materia”, dijo y advirtió que en múltiples ocasiones se han enviado exhortos a los Congresos locales para que aceleren el proceso de armonización.
“La corrupción es el problema más grave que enfrenta la administración pública, por lo que no podemos privilegiar cálculos políticos, cuando ya hemos logrado ponernos de acuerdo en lo más importante, que es el sistema en su conjunto”, sentenció.
Lo que a Veracruz le corresponde (como al resto de los estados) es aprobar una reforma constitucional, crear la ley del sistema local anticorrupción, crear el comité correspondiente, designar al fiscal estatal e integrar el Tribunal especializado en esa materia.
Así pues, mientras Miguel Ángel Yunes Linares se la pasa exhibiendo las innumerables tropelías cometidas en la administración de Javier Duarte, se desentiende de la responsabilidad de crear el marco jurídico que permita prevenir actos de corrupción similares a los cometidos en pasadas administraciones y a la vez castigar a quien sea sorprendido incurriendo en malas prácticas.
Es algo así como “ver la paja en el ojo ajeno y no percibir la viga en el propio”.
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Epílogo.
El ayuntamiento de Minatitlán mantuvo la calificación de ‘BBB(mex)’ respecto a su calidad crediticia, pero la empresa calificadora Fitch Rating modificó su perspectiva, de “negativa” a “estable”. Esto se debe a que la tesorería municipal fortaleció su recaudación en 2016 respecto a 2015, a la vez que mantuvo control en el gasto operacional y aumentó el ahorro interno. Sigue teniendo problemas con su pasivo circulante y con su disposición de liquidez. Minatitlán tiene una deuda pública que asciende a 120.9 millones de pesos. De esa cantidad, 30.7 millones corresponden a las dos emisiones bursátiles; otra parte pertenece a un financiamiento bancario dispuesto en octubre de 2016 por 73.6 millones de pesos con Interacciones, a un plazo de 5 años y para cuyo pago se afectaron 22.5% de las participaciones federales. El resto corresponde a un crédito con la banca de desarrollo cuyo saldo insoluto es de 16.5 millones de pesos. *** Finalmente será el próximo lunes cuando el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegue a México para enfrentar los cargos por los delitos del fuero común y federal. La PGR y la Cancillería confirmaron que a pesar de que el gobierno de Guatemala ofreció concretar la extradición desde la semana pasada se decidió no apresurar el procedimiento para evitar “darle ventajas procesales” al exgobernador veracruzanos. Ya se verá si sirvió de algo. *** A propósito de la constante referencia del gobernador de Veracruz, en el sentido de que la incidencia delictiva se ha disparado en delitos del fuero federal, baste señalar que este miércoles dos sujetos armados ingresaron a la sucursal de la tienda departamental “Jotaerre”, ubicada en el centro de Veracruz y cometieron un atraco. Los hechos ocurrieron en el local ubicado en la calle de Esteban Morales entre 5 de mayo e independencia. Los dos sujetos amagaron con una pistola a las empleadas y las despojaron de sus pertenencias. Antes de huir hicieron un disparo y salieron por la puerta principal, sin que apareciera ninguna patrulla policiaca. *** ¿Crimen organizado? No, ineficacia de nuestra policía.
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