Con ello confirma los comentarios vertidos a la prensa por la rectora Sara Ladrón de Guevara el pasado viernes 21 de julio, al concluir la votación que ratificó el esquema de autonomía presupuestal por parte de la Legislatura local, cuando dijo que se negociaba con el gobierno yunista, hasta antes de la salida de Clementina Guerrero de la Sefiplan, la entrega de unos mil millones de pesos y saldar la deuda restante con bienes inmuebles.
Pero hay adeudos que se deben cubrir enteramente en metálico y no precisamente a la casa de estudio como, por ejemplo, al Sistema de Administración Tributaria (SAT), derivado de las retenciones de impuestos a los trabajadores universitarios que el gobierno de Duarte no transfirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Desde la propuesta desesperada de Duarte en sus últimos días de gobierno, el problema ha sido que este esquema no representa en modo alguno un alivio a las destruidas finanzas de la Universidad Veracruzana, como no iba a suceder en el caso del IPE. Si lo que se transfiriera fueran empresas paraestatales o terrenos que pudiera enajenar la UV para conseguir los recursos que necesita para, a su vez, cubrir sus adeudos, otra cosa sería.
“Sí he comentado con la rectora que el Gobierno pague a la Universidad con bienes inmuebles, como un gimnasio que está dentro de la Zona Universitaria, que es usado por los universitarios y no tiene ningún sentido que siga siendo del Gobierno si se puede aplicar al pago de la deuda”, ha dicho el mandatario en conferencia de prensa.
Sin embargo, el gimnasio que ha mencionado Yunes ¿sería entregado a la UV sin ninguna carga laboral o los trabajadores que se encargan de su operación seguirían recibiendo sus quincenas del gobierno estatal? ¿A qué presupuesto se cargarían las labores de mantenimiento del inmueble? Porque, de otra manera, la UV se haría con una carga presupuestal no considerada en el siempre discutido subsidio anual e, incluso, tendría que cargar con los pasivos laborales del personal que ahí presta sus servicios, sin que pueda amortizar los faltantes de su presupuesto.
La cuestión pinta difícil para la UV porque de los dineros adeudados por las dos administraciones anteriores no hay evidencias de que el actual gobierno quiera saldarlos, pese a que Miguel Ángel Yunes haya dicho que lo que se le da a la Casa de Estudios no es un apoyo sino un derecho, “para aplicarla en beneficio de los jóvenes”.
Preocupante, la deuda pública
Y es que la deuda pública general del gobierno estatal (que incluye la que tiene con la UV) se sigue calculando en el orden de los 46 mil millones de pesos, cuando han pasado ya ocho meses del actual gobierno y la Legislatura hace meses que le aprobó hacer todo lo posible por reestructurar aquella que tiene con instituciones de crédito.
Ni una rayita ha bajado la deuda pública, pero tampoco se observa que los recursos provenientes del gobierno federal se estén materializando en obra pública importante, ya no digamos para saldar deudas con proveedores.
A 17 meses de terminar su gestión, la situación se ha acercado al nivel de inmanejable. De ahí que este miércoles, Yunes Linares haya salido a defender la iniciativa que envió al Congreso para que le autoricen la creación de un fideicomiso que retenga las participaciones federales y, con ellas, pague los diversos créditos, entregando el resto al gobierno estatal.
“No se desvían las participaciones ni se retienen más participación. La deuda la tiene que pagar el Gobierno de Veracruz y la puede pagar firmando pagarés y contratos de crédito a nombre del Gobierno del Estado que van a servir para pagar otros créditos o creando una figura jurídica del fideicomiso”.
En apariencia, esta nueva jugada permitiría a su gobierno renegociar la deuda con tasas más bajas que las que actualmente le ofrecen al estado por la mala calificación crediticia que tiene. De hecho, ya adelantó que su gobierno publicará pronto una licitación para que los bancos ofrezcan tasas, condiciones y plazos para reestructurar la deuda del Gobierno del Estado.
“Actualmente, dadas las condiciones del estado y el proceso de corrupción brutal que afectó a Veracruz, la calificación de la deuda es de las más bajas, es triple B negativo, y esto hace que las tasas de interés sean mayores porque el riesgo es mayor. Si la restructuración se lleva a cabo por el Gobierno del Estado la tasa de interés será un poco alta”.
La ventaja del Fideicomiso es que tendría una calificación Triple A, que es la más alta en México y lograría bajar la tasa de interés para la reestructuración de la deuda, sin crear más burocracia.
¿Opacidad en el juego?
Estas declaraciones y estas presiones de todos lados para que se vea la actuación del gobierno estatal en materia de mejora financiera, se dan en medio de acusaciones de opacidad como las señaladas por el diputado perredista Sergio Rodríguez Hernández, y por la notificación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso sobre un presunto incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y municipios.
Hace unos 11 días, Yunes Linares había respondido frontalmente a los comentarios del diputado que, por cierto, fue removido de su papel de presidente de la Comisión de Hacienda, aparentemente en represalia por sus continuas críticas a la forma de manejar el presupuesto por parte del gobierno estatal.
Yunes atajó: “Hemos estado gastando con transparencia y honestidad, con absoluto apego a la ley, nadie puede decir que se actúe en el Gobierno de otra manera”. Y añadió que en los primeros siete meses de su administración, se ha conducido con un esfuerzo de austeridad y contención del gasto, que ha llevado al Gobierno del estado a limitar sus gastos al máximo.
Además, reiteró su mensaje al gobierno federal, el que debe participar en el rescate de Veracruz, que presenta “un boquete financiero” de 20 mil millones de pesos, que se suman a la deuda de 4 mil millones de pesos que se tienen con los Ayuntamientos. “El Gobierno federal debe participar por muchas razones, y una razón sustantiva es que Veracruz le da mucho a México, y no merece vivir en la situación que vivimos”.
Veracruz, en semáforo amarillo
Para colmo, a principio del mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Sistema de Alertas, colocó a Veracruz (junto a Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas) dentro del grupo de entidades con foco amarillo en materia crediticia, lo que significa que tendrá un techo de endeudamiento limitado para 2018 y mayores restricciones sobre el uso de ingresos excedentes.
El Sistema de Alertas, derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, clasifica “en un semáforo” el nivel de endeudamiento de los estados: sostenible (verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo). Con base en ello, para 2018 una tercera parte de los estados (entre ellos el nuestro) tendrán un techo de endeudamiento: el límite máximo para contratar deuda adicional será de cinco por ciento sobre sus ingresos.
Aunque no llegamos a los niveles de Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila, que rebasan en 200 por ciento el monto de sus participaciones federales, lo cierto es que Veracruz anda arrastrando la cobija, ubicándose en el sexto lugar (luego de esas tres entidades y de Nuevo León y Sonora), con una deuda equivalente al 127 por ciento de sus participaciones, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este escenario, por lo que hemos visto hasta este momento, ha sido muy difícil de manejar por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, quien aparentemente no se ha hecho con los servicios de expertos y ha tratado de afrontarlo mediante revelaciones. De ahí que el síndrome de la guillotina, ocurrido ya con su antecesor (en cuyo gobierno pasaron 7 secretarios), volverá en su breve estancia en Palacio de Gobierno: en siete meses ya van dos secretarios de Finanzas y Planeación.
Más los que siguen.
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