Ya son dos cartas que seguramente integrarán la obra epistolar del ex gobernador. En la primera se decía víctima de las autoridades de Veracruz, es decir, del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien considera su enemigo desde hace años y a quien acusa de “hostigamiento, persecución política y cacería de brujas”, contra él y sus colaboradores. Es decir, contra el líder de la banda y sus cómplices.
En la segunda carta de siete páginas entregada el lunes 22 de agosto, Duarte acusa de “pederastia”, “depravación” y de “dictador” al actual gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes.
La carta textualmente quiere salvar a sus cómplices, a quienes prácticamente nadie ha tocado, porque hay muchos que gozan no sólo de impunidad sino de fuero, al respecto escribe el nuevo perseguido político: “Es en solidaridad con mis ex colaboradores que se encuentran injustamente privados de su libertad en Veracruz y a los que me une un principio de lealtad”.
En este espacio hemos publicado en repetidas ocasiones los nombres de los cómplices, con sus correspondientes fechorías, que seguramente el ex gobernador calificará de responsabilidades sociales.
Desde el inicio del sexenio de Javier Duarte los medios de la entidad dieron cuenta del desvío de fondos, del mal uso de recursos federales, del peculado, del robo de jubilaciones y prestaciones sociales, de la enajenación de impuestos, de la adjudicación del presupuesto de la Universidad Veracruzana, de la creación de empresas fantasma, etc.
En la segunda carta señala que su objetivo es que “dejen de ser rehenes políticos de un dictador que utiliza a la juez (sic) Alma Aleida Sosa Jiménez como herramienta política, y a la demagogia y el engaño como instrumento para distraer a la sociedad veracruzana del desastre que es su gobierno”.
“Está claro que para Yunes su único trabajo es echarme la culpa de su fallido gobierno, rehuir cobardemente de su responsabilidad y desentenderse de los problemas que tiene Veracruz, aunque tenga al estado incendiado”, asegura Duarte, quien lleva una dieta que bien podría patentar y hacerse más rico de lo que es.
Pesa ahora 114 kilos. Pesaba unos 118. Se ha mantenido con limón, agua y miel. Todo en cuatro días. El sobrepeso parece que ya no será problema del ex gobernador, quien por su obsesión por aparecer en los medios ahora será todo un maniquí.
Desde que Duarte inició su huelga de hambre, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México está atenta de su estado físico, la Unidad Médica del Reclusorio realiza una vigilancia tres veces al día para verificar su estado de salud.
Duarte acusó a Yunes de pactar con grupos criminales para llegar a la gubernatura, lo cual tuvo como consecuencia que la inseguridad creciera a niveles inconcebibles.
Duarte es acusado por la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a un supuesto esquema de compra de propiedades a través de prestanombres y con recursos estatales y federales.
Mientras Duarte abogaba por sus colaboradores, amigos, familiares y compadres, la PGR detuvo a Mario Molina, ex responsable de Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y colaborador de Javier Duarte, por presunto uso ilegal de programas sociales con fines electorales para apoyar al PRI.
La defensa epistolar de Duarte tiene que ver más con los medios que con una defensa formal, seria y de argumentos sólidos, pero lo que sucede es que mientras más se defiende más se hunde. Porque ahora le encuentran cada vez más ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador.
Ante las grandes corruptelas del grupo Odebrecht, se encuentra que Duarte concesionó el suministro de agua en la zona conurbada de Boca del Río, en un proceso de privatización de este servicio, entre otras obras como la planta de etileno XXI.
En relación a los colaboradores que asegura Duarte se les persigue injustamente, el periódico Noreste destacó algunos nombres, asegurando que más de la mitad de su gabinete estaba involucrado en actos ilícitos:
“Las denuncias involucran a 16 ex funcionarios, desde el ex director del Régimen Estatal de Atención a la Salud (Seguro Popular), Leonel Bustos, directivos de segundo nivel; así como al ex contralor Mauricio Audirac, el ex tesorero del estado Tarek Abdalá, ahora diputado federal, y el ex subsecretario de Finanzas y ex tesorero, Carlos Aguirre Morales”, señala este medio.
Añade que “Existen otras seis denuncias ante PGR por el desvío de 748 millones 184 mil 161 pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que involucran a Juan Antonio Nemi Dib, segundo titular de Salud de Duarte; Ricardo Sandoval Aguilar, director de Servicios de Salud; así como Manuel Lila de Arce (titular de Salud con Fidel Herrera) y Rafael Méndez y Carlos González Cruz, que fueron apoderados de las cuentas del sector salud”.
Las cartas de Duarte, quieren llamar la atención, pero no sobre su inocencia sino sobre la incapacidad de las autoridades de Veracruz por cumplir con su deber. Nunca enumera las razones de su inocencia sino que descalifica a la administración y procuración de justicia. Duarte quiere entrar al tribunal mediático para mitigar la sentencia del juez que seguramente se verá maniatado ante las aseveraciones del ex gobernador y sus señalamientos que califican a la justicia mexicana de parcial e injusta. PEGA Y CORRE: Otro periodista asesinado en Veracruz, esta vez fue Cándido Ríos Vázquez, colaborador del Diario de Acayucan, y fundador de La Voz de Hueyapan, asesinado a balazos, junto con otras dos personas, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. Con su muerte suman 9 los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2017. Nos unimos a la pena de sus familiares y exigimos justicia, porque en la impunidad de estos actos está la invitación a seguir asesinado comunicadores y esto debe detenerse… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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