La pobreza es fuente de riqueza y, desde luego, de poder religioso, político y gubernamental.
En Veracruz, gracias a opacidad y corrupción; apoyados en asistencialismo, manipulación y condicionamiento, el problema no tiene fin ni solución. Entre más se combate más crece.
Expresado en millones de personas, según CONEVAL.
De 4.4 en 2010, pasó a 4.6 en 2014 y a más de 5 millones en 2016. Con el gobierno de la alternancia y las condiciones prevalecientes, para 2018 la entidad fácil puede llegar a 5.5 millones de pobres.
A nivel municipal la realidad es más clara y preocupante.
A reserva de abundar al respecto, Xalapa es el municipio con el mayor número de pobres en el estado, con casi 180 mil detectados; cifra que aumenta a más de 250 mil en su zona metropolitana.
Xalapa también es, el municipio que más remesas recibe. Según el Banco de México, tan solo en el primer semestre de 2017 ha recibido 43.5 millones de dólares de los 592 millones que recibió el estado de Veracruz.
Esto comprueba una vez más que, el programa de ayuda de los pobres a los pobres, a sus familiares, es en cantidad y eficiencia el más importante de todos, por encima de los oficiales.
Preocupa mucho que en todos los ámbitos de gobierno, mediocridad y abyección, improvisación y discrecionalidad, simulación e ineficiencia prevalecen y crecen, al estímulo o amparo de corrupción e impunidad.
Más, porque los hechos prueban que inseguridad, hambre y pobreza se incrementan. Y hay que repetirlo: entre más combaten los gobiernos la pobreza, más crece y se aprovechan de ella.
Veracruz cada vez más lejos de ser recuperado. Inocultables, se muestran las consecuencias de ineficiencia e insuficiencia gubernamental.
Inútil insistir en combatir la recesión económica que el estado padece, a base de actos y declaraciones, discursos y boletines oficiales, plagados de futuros prometedores y de buenas intenciones.
Inocultable crecen desempleo e informalidad; incluso, además de los miles de despidos y las arbitrarias reducciones salariales, siguen perdiéndose empleos ya creados.
Tan solo en julio se perdieron 5,625 empleos formales, un promedio de -188 diarios; lleva 3 meses seguidos (mayo, junio y julio) de pérdidas de registrados en IMSS.
En siete meses de gobierno de la alternancia, con el crecimiento económico negativo (lo último reportado por INEGI, fue de -1.5 % en el primer trimestre) se han perdido 15, 679 empleos formales.
Por si fuera poco, persiste la crisis de las finanzas públicas, y prevalece la política de gastar más y endeudar más, pero ahora con descaradas privatizaciones, concesiones y apropiaciones de los servicios básicos y el patrimonio público.
Los problemas económicos y el debilitamiento o retroceso del desarrollo social, se agravan más, a consecuencia de las presiones inflacionarias y las condiciones adversas de los contextos nacional e internacional.
Y en el reino de la opacidad, hay que insistir y preguntar: ¿de qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado? ¿A cuánto asciende el total-total de la deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos?
DISCRECIONALIDAD, INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN.
La burocracia en general, no puede hacer, deshacer y disponer a su antojo, de lo que es de todos.
Servidores, funcionarios y gobernantes, de cualquier nivel (federal, estatal y municipal, así como de órganos autónomos), no deben hacer lo que les da la gana. Todos y cada uno de sus actos deben transparentarse y estar dentro de las normas establecidas. Cumplir y hacer cumplir ley, es una de sus ineludibles obligaciones más importantes.
Sospechosa y de dudosa efectividad es toda aquella institución o dependencia, política o programa gubernamental que se dedica a hacer como que hace, y a atender todo y de todo: planea, norma, regula, ejecuta y evalúa.
Lo mismo incluye y excluye, premia y sanciona, sostiene y debilita. En fin, hace y deshace, se auto juzga y se auto sanciona, se auto justifica y se auto promueve. Funciona con poca o nula transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, fiscalización y participación social.
Consecuentemente, aumenta la probabilidad de fracaso, por distorsión o manipulación de atribuciones y recursos públicos.
Además unilateralidad y discrecionalidad propician abuso de autoridad o arbitrariedad. Irresponsabilidad o corrupción. Se disminuye o destruye la capacidad de respuesta institucional; se afectan los alcances de articulación y coordinación, de participación y colaboración, de evaluación y previsión.
Así, presuntos responsables, ineficientes e ineptos, cómplices y autores intelectuales y materiales, se convierten en parte o en el problema mismo. Pasan de amenaza, a constituirse en conocido mal institucional, tan difícil de combatir como de erradicar.
Por estas y otras razones. Pero sobre todo, por la ineludible obligación de atender, bien y a tiempo, los crecientes reclamos y necesidades sociales, no hay que aflojar el paso ni desistir en los propósitos y objetivos de buen gobierno y auténtico desarrollo social presente y futuro.
Es imprescindible hacer un esfuerzo simultáneo y participar en todos los frentes. En particular, eliminar la simulación que sigue arraigada en el comportamiento de quienes creen que engañan o convencen, frente a una realidad que en los hechos muestra el tamaño del daño que ocasionan. No más soluciones en declaraciones ni en simulaciones.
Para mejorar, es preciso contar con más y mejor transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, fiscalización, planeación, comunicación y participación ciudadana y social.
Las cuestiones de gobierno son demasiado importantes para dejarlas sólo en manos de los gobernantes.
*AcademicoIIESESUV @RafaelAriasH.
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