El asesinato de Cándido Ríos corresponsal del Diario de Acayucan, nos incita a preguntarnos ¿de que sirve tanto mecanismo de protección a favor de víctimas y periodistas? si su efectividad ante una artera bala, se vuelve menos efectiva que cualquier monserga cargada de demagogia delirante por parte del Gobierno.
El gremio periodístico nacional esta castrado, ahogado en el sufrimiento y el dolor, que lo consume, que le impide cerrar filas, demostrando esa solidaridad humana que como colegas habríamos de tener, como ha sucedido en otros lugares del mundo a la muerte si quiera del más humilde de los trabajadores de la información.
Mientras el Gobierno Federal y Estatal no reconozcan que su incapacidad los ha rebasado, difícilmente, se podrá construir una agenda nacional de unidad, en torno al papel que juegan los comunicadores, en esa suerte de escribas de la verdad y la historia de un pueblo ensangrentado por el oído, la ambición que grupos criminales y de gobierno pretenden acallar con sus balas.
Aun cuando nieguen que México está sufriendo un proceso de Colombianización masivo, con la ayuda de ciertas empresas televisivas, que dignifican el culto al “narcotráfico” y a sus “capos” como los nuevos héroes de la nueva revolución tecnológica, nunca, habremos de encontrar la paz y mucho menos la esperanza.
Precisamente fue en Colombia donde un hecho relacionado con ese poder abyecto que encabezaron el Cartel de Medellín y el de Calí que llevaron al gremio periodístico a unirse y solidarizarse.
Para comprender mejor ese hecho, habrá que remontarnos al origen del problema, en agosto de 1983, el Nuevo Liberalismo ingresó al gobierno de Belisario Betancur. Además de apoyar su cruzada por la paz, desde el ministerio de Justicia, el dirigente Rodrigo Lara Bonilla entró a destapar la olla podrida del narcotráfico. Por eso, durante sus primeras intervenciones en el Congreso, denunció con nombres propios a los promotores de los dineros calientes en la política, la economía o el fútbol. En especial, Lara Bonilla la emprendió contra el representante a la Cámara suplente por Antioquia, Pablo Escobar Gaviria.
Las denuncias de Lara Bonilla causaron revuelo político, pero la reacción del narcotráfico fue tratar de enlodar la imagen del ministro de Justicia con un cheque que había sido filtrado a su campaña al Congreso, por un narcotraficante del Amazonas, Evaristo Porras Ardila. Al mismo tiempo, Pablo Escobar denunció al ministro Lara por injuria y calumnia. En momentos en que la situación del ministro era crítica y la encerrona política en su contra parecía salir airosa, Guillermo Cano, director del Diario El Espectador sacó el as que cambió la historia.
Una fuente advirtió al editor judicial de El Espectador, Luis de Castro, que el periódico alguna vez había publicado antecedentes de Pablo Escobar Gaviria en el narcotráfico. Guillermo Cano se metió a los archivos del diario hasta que encontró la evidencia. El viernes 11 de junio de 1976, El Espectador había publicado una nota judicial que documentaba como seis narcotraficantes habían caído en Itagüí (Antioquia) con 39 libras de cocaína. Entre los detenidos estaba Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria Rivero.
En la edición del 25 de agosto de 1983, El Espectador reprodujo la publicación de 1976, y documentó que el congresista Pablo Escobar sí tenía un pasado ligado al narcotráfico. Dos meses después el Congreso lo despojó de su inmunidad parlamentaria y el juez Gustavo Zuluaga Serna libró orden de captura en su contra, sindicándolo del asesinato de los dos agentes del DAS que siete años antes lo había capturado. Cuando se buscó el expediente de 1976, este había desaparecido misteriosamente.
Como acción complementaria a la decisión del juez Zuluaga y en apoyo a la labor emprendida por el ministro Rodrigo Lara, el director de El Espectador publicó en su Libreta de Apuntes el artículo “¿Dónde están que no los ven?”, a través del cual cuestionó que a pesar de que la justicia ya tenía manera de encausar a Pablo Escobar, este seguía impune “por sus feudos podridos de Envigado”, con el exótico privilegio de que ningún agente del orden se atrevía a tocarlo pues gozaba de absoluta impunidad.
Así Don Guillermo Cano no cejo un instante en la tarea de desenmascarar a esos personajes que tanto daño le hicieron a Colombia.
Previo a su muerte el 17 de diciembre de 1986, escribió su ultimo editorial, en el cual escribió: “Así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera”. En un artículo de su Libreta de Apuntes dijo: “Hay que decirle a la mafia: ¡Ni un paso más!”.
Cano Isaza, era un periodista de conducta trasparente, valiente, que amaba a Colombia y a su gente y para quien los actos de quienes violaban la seguridad del pueblo, no quedaban impunes.
Tenía una pluma sencilla, humilde pero enérgica y que era respetada no solamente por la elite del Gobierno y la política sino por todo el país. Muchos lectores, cuando sucedía algo importante, lo primero que hacían era ir a la página editorial buscando la nota de don Guillermo.
Las palabras de paz y unidad de Guillermo Cano Isaza se levantaron y Colombia guardó silencio.
El día de su entierro, fue un día de silencio de todos los medios. No hubo periódicos, ni noticieros de radio, ni televisión, ni salieron revistas. Todos los medios siguieron el féretro de don Guillermo en su viaje al panteón.
A la par de lo ocurrido Colombia en la década de los 80’s., en Nicaragua sucedió algo similar con el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal que desató la Revolución Sandinista y la caída de Anastasio Somoza de Bayle y, del reportero mexicano Ignacio “Nacho” Gutiérrez Terrazas que tumbo a la Junta Militar que gobernada en el Salvador.
Aquí jamás hecho similar a logrado hacernos reflexionar en un ya basta, un hasta aquí, pues prevalece más la compra de conciencias, que el actuar por amor a nuestro país y a Veracruz.
Que la muerte de todos los compañeros caídos intentando advertir la verdad no quede impune, que no se vuelva un grito en el desierto o en el abismo de la desolación, que la muerte de Ricardo Monlui, Edwin Rivera y Cándido Ríos -los tres comunicadores asesinados durante la presente administración- sean el fin de una etapa de obscuridad y tristeza para la sociedad y un gremio que no acallara jamás la voz para denunciar lo que se hace mal.
Al tiempo.
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