Como todos unos ridículos quedaron los priistas veracruzanos que viajaron a la Ciudad de México a exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a través de un punto de acuerdo, para que investigue al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares después de que funcionarios estatales entregaron apoyos a damnificados a través de una asociación civil que hace alusión al apellido del ejecutivo estatal.
En efecto, el delito electoral se encuentra claramente a la vista, y tal vez los ciudadanos Rafael Jesús Abreu Ponce, Ricardo Cabrera Ferez y Mauro Sánchez Pola no se salven de la cárcel por esta jugada de principiantes.
Sin embargo, mal, pero muy mal se vieron los senadores Héctor y Pepe Yunes al secundar al malogrado presidente del PRI Renato Alarcón y más mal se vio el ex presidente del tricolor, ex Secretario de Gobierno y actual supuesto asesor del gobierno panista Erick Lagos, al querellar sus mismas acciones esgrimidas en el pasado, cuando se encontraban en la plenitud del pinche poder.
Las denuncias, la solicitud de investigaciones y la petición de imparcialidad por parte de la FEPADE, la debieron de haber solicitado otro tipo de ciudadanos, digamos un poco más impolutos o más limpios, y no los mismos tricolores que ahora rechazan y se espantan con el tema “Yunete”, pero que anteriormente permitieron y hasta participaron en el claro desarrollo de las “Afielate” “Juventud Dinámica” “Ayuduarte” y otras más.
¿O qué? ¿Apenas se dan cuenta de la realidad de Veracruz?
Se tiene que decir, esta vez la jugada no les salió a los rojos y en vez de apoyar a Juan Nicolás Callejas Roldan y a Fernando Kuri Kuri en relación al asalto de la JUCOPO por parte del PAN, se metieron en un asunto donde todos, absolutamente todos están embarrados: el uso de recursos públicos con fines electorales.
Esta vez, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
POR CIERTO, habría que estar muy atentos y vigilar con especial interés a esos alcaldes “Duartitos” que a tan sólo unos meses de dejar el cargo están endeudando o solicitando créditos para sus respectivos municipios.
Y es que hay casos en los que estos presidentes municipales en funciones utilizan los recursos obtenidos por el endeudamiento aprobado por el Congreso Local en esquemas poco transparentes, cómo son los denominados empresas fantasma.
Tal es el caso de los municipios de Cosamaloapan y Acayucan, en dónde los actuales munícipes se han visto envueltos en casos de los conocidos como empresa fantasma, al adjudicar proyectos de varios millones de pesos.
Incluso, en Cosamaloapan la alcaldesa Adriana Mass solicitó un crédito (el cual fue sorprendentemente aprobado) para luminarias por más de 54 millones de pesos en el último año de su administración, teniendo un último “colchón” en este año de hidalgo.
En fin, así como estos, existen otras poblaciones en donde los ediles pretenden implementar un esquema similar, como si los veracruzanos no estuvieran molestos con los casos de empresas fantasma ya conocidos. Así que habría que decirles a los alcaldes que no estiren tanto la liga porque se revienta por lo más delgado.
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