En diciembre entran en vigor una serie de cambios para emitir nuevas facturas, que significan cientos de horas de trabajo y miles de pesos adicionales para adquirir los software y conocimientos para cumplir con los nuevos requisitos de hacienda “dizque” para evitar la evasión, que no es el principal problema en México, sino el mal uso y robo de impuestos, que es donde el gobierno no investiga ni castiga a quienes mal usan y roban los impuestos.

En materia fiscal rige en México la “Ley del embudo”: lo angosto para los ciudadanos que pagan impuestos y lo ancho para los gobernadores y funcionarios que los gastan. Son necesarios mayores controles para evitar más robos de impuestos, que deslegitiman éticamente el pago de impuestos. Muchos causantes buscan evitar su pago pues saben que parte de sus impuestos terminarán en los bolsillos de funcionarios.

 En EUA, según Doing Business, las empresas invierten 175 horas en preparar su pago de impuestos; en México, 286 horas, 63% más. Y con las nuevas reglas es posible que en muchas empresas medianas y pequeñas se dupliquen las horas de trabajo y los recursos para cumplir con los nuevos requisitos que pide el SAT. Hay cientos de cursos que se ofrecen para que contadores y causantes entiendan el nuevo enjambre de reglas que hay que cumplir para pagar impuestos. Los grandes “ganones”, que obtienen ganancias de miles de millones de pesos, son las empresas que venden la tecnología al SAT y a millones de causantes para actualizar sus programas, enviar facturas complementarias y catálogos de productos requeridos para evitar, según el SAT, la evasión.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade debe investigar el costo para el sector productivo y el beneficio para el gobierno de estos burocráticos y engorrosos cambios, que benefician a empresas que venden la tecnología para implementarlas y en donde participan presuntamente exfuncionarios y funcionarios de Hacienda.

Ahora, si tratan de reducir el déficit por el lado de mayores ingresos y no de menores gastos (como se deriva del proyecto de Presupuesto 2018), que se fastidien los ciudadanos, pues el ejecutivo no está dispuesto a reducir sus gastos.

_{*El autor es profesor de Economía Política.}