Pero sí ha pasado, porque el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley y al Código, dando un plazo de noventa días para que se aplicaran, es decir tres meses, pero ya van más siete meses y siguen en circulación esos camiones que ya deberían de estar fuera de ruta por las pésimas condiciones en que se encuentran.
Resulta que un buen número de camiones del servicio urbano, ya luce en su espejo del frente, una copia del documento de certificación en el registro y el padrón de vehículos, aunque si uno se trepa en alguna de esas unidades, se puede constatar que están con los asientos destrozados y en pésimas condiciones para dar el servicio.
No queremos pensar como recomienda Pancho López el filósofo de mi pueblo -piensa mal y acertarás- pero al parecer se siguió con el mismo esquema de corrupción que se pretende evitar, es decir, que las unidades ni siquiera son llevadas a Tránsito del Estado a una revisión física para determinar si pueden seguir funcionando, sino que simplemente, para facilitar y agilizar las co$sa$, el representante de los llamados pulpos del transporte, lleva el paquete de documentos de los camiones y de igual manera le entregan el paquete de autorizaciones.
Porque no se explica cómo puedan seguir en circulación esas unidades chatarra, a las que el mismísimo Gobernador del Estado se refiere en la exposición de los motivos para cambiar la Ley de Tránsito y Transporte, en el sentido de que “uno de los objetivos del Estado es el de mejorar las vías y medios de comunicación, promover sistemas de transporte público e impulsar la renovación del parque vehicular, para superar una problemática que se ha venido agravando”.
Que, según lo expresa el mandatario, “es preciso un reordenamiento del transporte público, por haberse incrementado el número de vehículos que prestan este servicio en sus tres modalidades, ya que se otorgaron concesiones sin analizar que el posible concesionario tuviera las calidades técnicas para su desempeño, ni se analizaron rutas de transporte urbano, lo que congestiona las vías de comunicación de la Entidad, afecta a la calidad del transporte y a los propios concesionarios, pues genera competencia desleal”.
Precisamente en el Artículo 120 de la Ley reformada quedó plasmado que “Los vehículos que se utilicen para prestar el servicio de transporte público reunirán las características, condiciones técnicas, engomados respectivos, uniformidad de color por municipio y, demás requisitos que para tal efecto, fijen esta Ley y su Reglamento”.
También se dice en la ley que “los vehículos destinados al servicio de transporte público en las submodalidades de urbano, suburbano y foráneo, deberán contar con un botón de pánico que permita al usuario emitir una alerta de agresión”. Pero eso tampoco se ha cumplido a la fecha.
Y como ya estamos próximos al inicio de las campañas electorales se estableció en el Artículo 121 que “la instalación de publicidad en los vehículos del servicio de transporte público se sujetará a las disposiciones que determine la autoridad de transporte. Se prohíbe la instalación de propaganda política en las unidades del servicio de transporte público en todas las modalidades y submodalidades previstas en el artículo 118 de esta Ley”. A ver si es cierto que no van a poner las caras de los candidatos a gobernador y diputados en las partes posteriores de las unidades.
Pero aunque usted no lo crea, en el maravilloso y excelente municipio de Boca del Río, si el mismo donde gobierna y manda el presidente municipal Miguel Ángel Yunes Márquez hijo del gobernador del estado actual, ahí sí, ya se dio el banderazo de salida a 150 autobuses de última generación, que cuentan hasta con WIFI gratuito, los autobuses -nos comentan-cuentan además con botón de alerta, asientos preferenciales para mujeres, adultos mayores y personas de capacidades diferentes todo en torno al Programa Estatal de Reordenamiento y Regularización del Transporte Publico del Estado de Veracruz.
Todo esto, aunque usted no lo crea.
|
