El descrédito de la figura pública del presidente de la República es evidente. Es como si el INE publicara a los cuatro vientos que ahora cualquiera puede ser presidente de la República, que se inscriba quien crea que pueda ocupar un puesto de elección popular.
Pero no es sólo la figura presidencial la que se deteriora sino cualquier puesto de elección popular que pueda representar a los mexicanos en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Es decir, los políticos y los funcionarios públicos tienen una imagen tan deteriorada que cualquiera puede mejorar, basta con tener la suficiente estructura social como para establecer los vínculos necesarios con tanta gente, pero sobre todo el dinero suficiente para contar con un proceso de recaudación de firmas donde se requieren recursos para reunir tal cantidad.
Aquí viene otro grave problema en la política mexicana que se asocia con la clase social de quienes puedan llegar a ser candidatos a cualquier puesto de elección popular. Condición que el propio priista del Estado de México, Carlos Hank González, había anunciado desde hace mucho tiempo al decir que un político pobre no es más que un pobre político.
Para ser poseedor de una candidatura se requieren recursos económicos suficientes para realizar una campaña a la altura de sus competidores, no basta el dinero que otorgan los mexicanos a través del INE, eso es sólo una parte de lo que necesita para ser competitivos.
La representación política, la designación de los manejos de la administración pública, recae entonces en quienes quieren y pueden contar con recursos propios para representar a la clase social a la que corresponden. Lo que quiere decir que los pobres ya no serán representados en las cámaras y mucho menos en una presidencia municipal o en la presidencia de la República, por la simple razón de que quienes están sentados en la silla del poder en los tres niveles de gobierno, son personas con una gran holgura económica que no pueden hacer otra cosa que defender los intereses propios y los de su clase.
Las candidaturas independientes vienen a darle un portazo a la tradición de que nos gobernaban los mejores hombres. Ahora no depende la candidatura de una vocación política, sino de la oportunidad que a estos hombres y mujeres les da la suerte de nacer con posibilidades económicas suficientes como para competir por un puesto de elección popular.
Abaratar el ejercicio político en un tiempo de descomposición social y crisis económica no hace otra cosa que abrir las puertas a fuerzas extrañas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Si es al interior del país, hay fuerzas oscuras que pueden ser representadas por quienes mueven los hilos de los que aparentan competir, cubriendo y defendiendo intereses que la gran maquinaria de la justicia mexicana no puede controlar ni la estructura electoral puede advertir.
En México puede surgir, por ejemplo, un nuevo grupo electoral conformado por los ex gobernadores corruptos, cuyo frente puede denominarse el de la Delincuencia Autorizada, que deja en el olvido a una delincuencia organizada superada por ellos en muchos sentidos. La cantidad que los ex gobernadores corruptos pueden aportar para convertir a un representante suyo en presidente de la República es incalculable. El dinero mal habido por todos ellos supera la fortuna del hombre más rico del mundo y esto puede producir un colapso en la justicia mexicana de dimensiones impredecibles.
Si es al exterior, la economía creciente de países como China, Rusia, Estados Unidos, Israel, que ven el territorio como un manjar para instalar sus empresas e influir en la política mexicana de acuerdo a sus intereses.
Abrir la candidatura de un puesto de elección popular sin más requisito que la reunión de firmas en por lo menos 17 estados de la República, significa abrirle la puerta a intereses extranjeros, a narcotraficantes, a todo tipo de personas que quieran aprovechar su cargo para beneficiar a un grupo reducido de personas. Si bien esto viene haciéndose desde hace tiempo, por lo menos los personajes están ubicados en las filas de los partidos políticos, los cuales han permitido la impunidad de sus militantes, pero no por eso deben abrir más las posibilidades de una amplia gama de mexicanos que sin más requisito que firmas puedan llegar a convertirse en presidente de la República.
En cambio, los verdaderos líderes sociales, los que tienen realmente seguidores y son un ejemplo a seguir son castigados por la estructura de gobierno. No es ninguna novedad que los activistas y luchadores sociales que defienden la naturaleza son encarcelados por el sistema político mexicano por interferir en los planes de los grandes capitalistas que talan bosques, que exportan maderas. Los propios recursos naturales tienen sus defensores en diferentes regiones del país y son entes políticos por naturaleza, preocupados por la defensa de la población, pero estos personajes han sido castigados históricamente por el simple hecho de impedir la libre depredación de la tierra en la que viven y vivieron sus ancestros, pero donde ya no vivirán sus descendientes por el simple hecho de que lo que las autoridades llaman progreso, se los arrebata.
Esos son los líderes que deben tener todas las facilidades necesarias para llegar a puestos de elección popular y no quienes por deporte o simple capricho quieren formar parte de un grupo de candidatos que desconocen las auténticas responsabilidades de un hombre o una mujer electo por la población. PEGA Y CORRE. - Este sábado se nos casó Alberto Silva Ramos, principal cómplice de Javier Duarte en más de un negocio chueco, con su ex secretaria privada, Cyndi Paola Virues Rodríguez, a quien en su momento se le acusó de cobrar sumas millonarias en el PRI estatal a favor de su “novio”, o sea su actual esposo. No cabe duda de que la complicidad crea relaciones más profundas que el simple hecho de evitar la cárcel… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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