Era el 12 de enero del 2014, hace ya casi 4 años. Carlos Fuentes Urrutia, mejor conocido como “Chico” Fuentes, era en ese entonces diputado local y formaba parte de la Comisión de Vigilancia.
En aquella ocasión, el legislador panista advertía que el gobierno municipal de Elizabeth Morales, que había concluido en diciembre del 2013, había utilizado lo recabado con el “cobro anual anticipado” de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para cubrir el gasto corriente.
No renegaba que se hubiera aplicado dicha promoción (“es la propia Comisión la que tiene la atribución de decidir en qué fecha lo puede hacer”, admitía) sino que no se hubiera aplicado para lo que realmente se necesitaba, que era el mejoramiento de la infraestructura.
“Chico” Fuentes llegó a vaticinar que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) le observaría esa irregularidad a Elizabeth Morales.
Nada sucedió.
Es ahora el alcalde electo, Hipólito Rodríguez Herrero, quien hace un llamado a la población para que no pague de forma anticipada su consumo de agua en los meses de noviembre y diciembre “porque hay elementos para pensar que quieren dejar al próximo Ayuntamiento sin los recursos para los proyectos que quiere hacer”.
Por supuesto, nunca explicó a qué elementos se refería, nunca los mostró, nunca los reveló.
Américo Zúñiga Martínez, quien concluye su mandato el 31 de diciembre del presente año, ya explicó en que consiste la promoción de CMAS y cuál será el destino de esos recursos: La facultad de realizar el cobro anticipado y ofrecer descuentos a los usuarios, está plasmada en la Ley. Este mecanismo se ha aplicado desde hace un cuarto de siglo. Los recursos que se obtengan serán entregados, de forma íntegra, a la próxima administración. Las fugas y los requerimientos de infraestructura no se detienen por el hecho de que la administración municipal se sustituya.
No hay, pues, argumentos jurídicos para detener este cobro. Con esto lo que se consigue es que los usuarios tengan un mayor margen para cubrir su cuota anual y mantenerse al corriente en el pago de sus servicios.
El alcalde en funciones va más allá y hace un llamado para ya no crear más confusión entre los habitantes de Xalapa:
“Se puede provocar una reacción, no contra Américo o contra el Cabildo, sino contra la institución y se puede generar animadversión en los ciudadanos”.
A final de cuentas Américo Zúñiga invitó a quien será su sucesor a informarse. Y es que no sólo fue el tema del agua potable, en la sobremesa, en charla con reporteros, les llegó a mencionar a los reporteros que el actual Ayuntamiento xalapeño pretendía, también, cobrar por anticipado el impuesto predial, lo que es imposible, absurdo e ilegal.
Y como si tuviera un amplio conocimiento de la problemática del agua potable en Xalapa, Hipólito Rodríguez cerró su charla con los reporteros quejándose del “chantaje” en el que incurren los pobladores de Quimixtlan y Chilchotla, al condicionar su anuencia para que el líquido llegue hasta la capital veracruzana.
“Es presión y chantaje, por lo que debemos llegar a acuerdos claros y transparentes, porque no es justo que un pequeño grupo de la población esté abusando sobre un recurso que no es de ellos; el agua es un patrimonio de toda la población y no un grupo específico”.
¿Acaso supone Hipólito Rodríguez que el actual alcalde y sus antecesores no buscaron llegar a “acuerdos claros y transparentes”? Todos lo han intentado, pero los pobladores de esas dos comunidades (poblanas, por cierto) han encontrado en este chantaje su única forma de sustento.
La anterior administración estatal, por cierto, sugirió la construcción de una presa para captar agua de uno de los afluentes veracruzanos y dotar a Xalapa, pero líderes ecologistas –entre ellos el propio Hipólito Rodríguez- se opusieron a ello. Ahora él tendrá que negociar con los poblanos, o dejar a los xalapeños sin agua.
* * *
Epílogo.
¿Es usted de los que se preguntan qué pasó con la tan discutida renegociación de la deuda pública? El especialista Rafael Arias lo explica así: Este miércoles entró en vigor la tercera modificación a la convocatoria pública nacional para que los bancos adquieran la deuda por 38 mil millones de pesos. El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sigue teniendo un problema porque la entidad tiene una calificación crediticia negativa. “Siguen teniendo un problema con las tasas de interés y un problema de calificación negativa”, explicó. “¿Por qué le dan importancia al informe trimestral?, porque quieren persuadir a los bancos y a las calificadoras”. Lo que se debe transparentar, dijo, es la identidad de los gestores financieros de esta transacción, entre los bancos y el gobierno del estado, pues cada consulta y modificación que celebren ellos se van a llevar a sus bolsillos entre tres mil y cuatro mil millones de pesos, lo que será un incremento a la deuda. *** La Comisión de Hacienda que preside el senador Pepe Yunes Zorrilla, y la de Estudios Legislativos, retomaron la discusión del dictamen de la ley de Ingresos de la Federación 2018, ya que resulta de suma relevancia para el país que no se detengan los trabajos, más allá de las circunstancias políticas. A invitación de los senadores participaron la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez; el subsecretario de Ingresos Miguel Messmacher Linartas y el titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, Luis Madrazo Lajous. *** Sabía de ella, pero nunca habíamos cruzado palabra. Hoy puedo decir que Ixhuatlán del Café tendrá a partir de enero una buena alcaldesa. Viridiana Bretón Feito tiene ganas, es capaz, cuenta con relaciones que le pueden ser útiles al municipio y, lo más importante, tiene un proyecto claro, definido, de lo que debe y puede hacer por su tierra. Que así sea. *** Este miércoles en Soteapan, en la comunidad de San Fernando, en el sur de la entidad, fue sepultada la estudiante de primer año de secundaria Mary Luz, de 12 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado sin vida, degollado, con evidencias de que sufrió abuso sexual. Mary Luz fue reportada como desaparecida el domingo 22 de octubre, tras salir a comprar en compañía de su hermano menor a la papelería. Sus padres intentaron denunciar su desaparición el mismo día, pero la Policía Municipal les dijo que tenían que esperar 72 horas. La menor fue encontrada muerta 48 horas después en una parcela, cerca de un cafetal. *** Y en Tatahuicapan, también en el sur, la policía estatal tuvo que asumir el control de la comandancia, luego de que los pobladores corrieran a los elementos de la corporación municipal, a los que acusaron de estar coludidos con la delincuencia. La población, en asamblea comunitaria, exigió la salida de los 20 policías municipales. Horas después de la llegada de la Fuerza Civil, a través de altavoces se convocó a la población a otra asamblea pública en la que fue presentada la “Policía Comunitaria de Tatahuicapan”. *** Está claro: Lo que las autoridades no puedan hacer, lo terminará haciendo el pueblo mismo.
filivargas@gmail.com |
