Por su parte, un “connotado” fide-duartista, el diputado federal por Tuxpan Alberto Silva Ramos, quien ocupó cargos públicos tanto en el sexenio de Fidel Herrera como en el de Javier Duarte, también tiene fuertes y cercanos nexos con “Pancho” Colorado: su hermano Francisco Silva Ramos, alias “El Negro”, fungió como representante legal de la empresa ADT Petroservicios, propiedad de Colorado Cessa, en el tiempo en que ésta recibió 22 contratos del gobierno fidelista por 20 millones 554 mil pesos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para la perforación de pozos para uso agrícola que terminaron siendo inservibles, según documentó Noticias MVS hacia el año 2013.
Como queda expuesto, el manto corruptor de Colorado Cessa no discrimina filiaciones políticas y ha embarrado a todos, en mayor o menor medida. Aunque ahora mismo todos lo nieguen y busquen desmarcarse de quien antes era su “buen amigo”.
El problema de fondo, el principal causante de que Veracruz entrara en una espiral de decadencia que le ha costado al estado haber perdido por lo menos doce años, es precisamente que todo esto siempre se supo, en efecto. Pero nadie hizo absolutamente nada.
A los corruptos gobernantes veracruzanos, el Gobierno Federal los dejó hacer desde la administración de Vicente Fox, pasando por las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; a su vez, el fidelismo le entregó el estado a los Zetas, que lo convirtieron en una antesala del infierno. Todo, ante nuestros ojos.
El propio informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que tanto revuelo ha causado en los últimos días precisa en sus conclusiones que “los juicios de San Antonio, Austin y Del Río sacaron a la luz información nueva y corroboraron información que ya estaba disponible sobre las operaciones de los Zetas y los abusos a derechos humanos perpetrados en México”.
También señala que “los esfuerzos para abordar, prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos en México, incluyendo asesinatos y desapariciones forzadas, requieren voluntad política y mucho apoyo e involucramiento de la comunidad internacional. Sin embargo, México tiene la principal responsabilidad de prevenir, investigar y castigar abusos a derechos humanos cometidos por Los Zetas. La impunidad y corrupción generalizada hacen de esto una tarea extremadamente difícil”.
Y entre sus recomendaciones finales al gobierno subraya que “México debe usar los hallazgos de los tres juicios federales en los EE.UU. que son analizados en este informe para investigar y sancionar los abusos a derechos humanos cometidos por los Zetas y funcionarios públicos que conspiraron para cometer estos abusos”.
La colusión siempre fue conocida. Sólo que nunca nadie ha querido ir más allá.
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