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Hay individuos asesinos y hay sociedades asesinas.
La lista de periodistas ejecutados en México ilustra tal visión.
Retorno al caso del crimen de Gumaro Pérez Aguilando, el joven periodista ultimado en pleno festejo navideño de una escuela primaria de Acayucan, Veracruz, el pasado martes 19 de diciembre.
Miguel Angel Yunes Linares -fiel a su estilo- lo criminalizó al otro día de los hechos.
El gobernador se apoyó en un celular presuntamente propiedad de Pérez Aguilando y expuso -entre otros argumentos- que la víctima no era periodista sino miembro del cártel de los zetas.
Añadió que Pérez Aguilando habría solicitado a sus cómplices “levantarla (a su pareja) porque ya no la aguanto”.
Con estas declaraciones el jefe del ejecutivo veracruzano violó la ley y principios básicos de la teoría del Estado Liberal que se compone entre otros elementos de la soberanía que descansa en el pueblo.
El Estado tiene entre sus responsabilidad cuidar a todos sus integrantes, sin distingo de raza, edad, religión, filiación, condición social e incluso la comisión de errores que los hayan conducido a ponerse ellos mismos en riesgo violando la ley, lo que no los coloca sobre la ley pero tampoco debajo de ella sino frente a la misma.
Si un ciudadano viola la ley debe ser sometido a una investigación, luego a un juicio y será inocente hasta que se demuestre lo contrario.
A 24 horas de haber sido asesinado, Gumaro Perez Aguilando fue juzgado por el jefe de un poder ejecutivo, no por un juez.
Yunes Linares lo encontró delincuente y por tanto lo despreció públicamente y puso en riesgo a su familia al citar datos de una investigación judicial surgida tras su asesinato.
La pareja o ex pareja de Gumaro Pérez estaría en la lista de personas que los zetas podrían levantar en Acayucan a petición del asesinado ciudadano Gumaro Pérez Aguilando, según versión del gobernador.
En lugar de protegerla el Estado -en este caso el gobierno de Veracruz- la expone y coloca en condición de peligro. Falla grave de MAYL.
Hay un tercer elemento cuestionable en sus afirmaciones.
¿Cuándo dejó Perez Aguilando de ser periodista?
Un punto: Miguel Angel Yunes Linares es abogado por la UV pero no litiga, se dedica a la política.
¿Por no litigar y dedicarse a la política ha dejado de ser abogado?
En un sentido lógico no.
El gobernador es un abogado que no litiga porque optó por la política, pero sigue siendo abogado. Una condición no niega la otra.
Gumaro se convirtió en periodista y dejó de reportear para operar dentro del Ayuntamiento de Acayucan en el área de comunicación social y/o formar parte de la delincuencia -el cártel de los zetas- según la afirmación del gobernador Yunes Linares.
Otra vez: desde la perspectiva lógica una condición no elimina la otra.
Si nos adentramos en el tema desde un ángulo filosófico entraríamos en un debate: podríamos plantear que un profesionista o el ejercedor de un oficio pierden tal definición cuando faltan a la ética que marca su labor.
Gumaro Pérez Aguilando, en tal caso, habría dejado de ser periodista de comprobarse que tomaba parte de la delincuencia organizada.
Así Yunes Linares tendría razón al descalificarlo como periodista pero sigue atrapado en la contradicción de ser una autoridad de Estado que hace la vez de juez sin serlo y que criminaliza sin probar al tiempo de abandonar su labor de cuidar por todos los ciudadanos aunque deba hacerlo ante los errores que provienen de los mismos ciudadanos.
Si la soberanía radica en el pueblo ¿quién manda: Yunes Linares o el pueblo al que pertenecen Gumaro Pérez Aguilando y el propio Yunes Linares? ¿Un ciudadano deja de ser parte del pueblo por violar la ley?
Otra duda: ¿Un asesino condenado a cadena perpetua tras un juicio debidamente llevado a cabo por las autoridades competente debe morir?
Si tal caso ocurre en Estados donde la pena de muerte está aprobada la respuesta es sí pero en México la pena de muerte no existe, es ilegal, así que la respuesta en este caso es negativa.
Esto habla de la relatividad de los Estados y en consecuencia del concepto de ciudadanos y del elemento denominado soberanía.

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Luego de iniciarse como reportero policiaco en el Diario Acayucan y de operar como “El hombre de rojo” en los inicios de la llamada fidelidad (arribo al poder de Fidel Herrera Beltrán) en Veracruz, Gumaro Pérez Aguilando estrenó un automóvil de lujo que llamó la atención de colegas, autoridades y un sector de la sociedad.
¿Cómo un humilde reportero pudo adquirir un auto cuyo costo alcanzaba varios cientos de miles de pesos?
Pérez Aguilando lo manejó a su antojo, sin placas, con vidrios polarizados, en un contexto de absoluta impunidad.
Resulta obvio que al joven periodista asesinado el pasado 19 de diciembre en el sur de Veracruz le gustaba la vida pública.
También fue Rey del Carnaval acayuqueño: Gumaro Primero.

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Acayucan vivió y vive circunstancias graves en materia de inseguridad y este fenómeno alcanza estadísticas sin precedente en asesinatos dolosos, secuestros, robos y ha convertido a la llamada llave del sureste en un sitio clave para el asentamiento del crimen organizado.
La guerra entre cárteles tiene en el sur veracruzano su rostro más grave en los días, los meses, los años que corren.
Desde Acayucan hasta Las Choapas, pasando por Coatzacoalcos, Jáltipan y Minatitlán el rostro del desarrollo industrial más importante del país vivido durante la década de los setentas se convirtió en el más sangriento de la entidad veracruzana y uno de los más graves en México.

Hay elementos de descomposición de la sociedad, de estado fallido, de rompimiento del tejido social en alrededor de una veintena de municipios donde día tras día hay asesinatos por doquier, brilla el desempleo y el gobierno cada día es sustituido por la delincuencia en el ejercicio del poder.
El pueblo pierde soberanía, el gobierno en todos sus niveles pierde control o es cómplice de los cárteles.
Entre los años 2016 y 2017 abandonaron Coatzacoalcos más 600 familias de clase media alta o alta por el incremento de secuestros.
En el segundo semestre del 2017 se registraron casos de plagios contra ciudadanos de clase media que además de pagar el rescate por algún familiar fueron obligados a pagar “derecho de piso para vivir”; es decir, deben dar una cantidad mensual de dinero a sus atacantes para no volver a ser secuestrados o asesinados.
El caso de los periodistas es tema aparte.

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Gumaro Pérez Aguilando somos todos.
Independientemente de las condiciones en que Gumaro accedió al trabajo reporteril y de las decisiones individuales que lo habrían conducido a sus presuntos vínculos delincuenciales, la historia del vehículo lujoso que condujo impunemente por la región pone en evidencia la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades políticas que debieron frenarlo, detenerlo, investigarlo.
Eso ocurrió varios años antes de su asesinato y nadie hizo nada.
La sociedad civil tampoco y las empresas periodísticas para las que trabajó lo miraron estacionarse antes de entregar sus notas volteando hacia otro lado mientras aquello ocurría.
Hubo periodistas que se subieron a aquel coche, lo disfrutaron y hoy lloran...

¿Por Gumaro o por el auto?
El 14 de diciembre, en el marco del cuarto informe de gobierno del alcalde Marcos Martinez Amador, se escuchó a Gumaro Pérez Aguilando reconocer que un día antes, el 13 de diciembre, elementos de la policía federal lo habían detenido en un retén sobre la entrada a Texistepec, municipio cercano a Acayucan.
El motivo: un automóvil Nissan, color blanco, con la leyenda del periódico Golfo-Pacífico presentaría irregularidades.
Gumaro narró -de acuerdo a fuentes anónimas- que fue dejado en libertad luego de una llamada “de arriba”.
No quedo claro si llamó un político o alguien de otro sector.
¿Quién fue el de arriba?

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¿Cuál es el papel de los periodistas y cuál es la diferencia con el de los políticos?
Esta pregunta me lleva a cuestionar lo que escribo ahora mismo y dudar de mí, de mi ética profesional, de mi lealtad al gremio a que pertenezco, de mi solidaridad con Gumaro a quien conocí muy de cerca y de quien siempre recibí saludos respetuosos y afectivos.
¿Cuál fue mi papel en torno a la historia del automóvil lujoso aunque nunca me subí a él? ¿Cuál papel desarrollo en este drama?
Me queda claro que la sociedad somos todos y el cuidado de esa sociedad nos corresponde a todos.
La ley existe para vigilar nuestro comportamiento desde una perspectiva ética y moral y para aplicar normas coercitivas en los casos de su violación.
Yunes Linares faltó a la ética porque usó información privilegiada para un fin político, proteger su entorno de poder ante un hecho que lo afectó: el asesinato de un periodista.
¿Rompo yo un código ético igual que Yunes?
El personaje es el mismo, el hecho es el mismo y también comparto información.
La diferencia -no la justificación- es que mi oficio consiste en informar y los datos que he obtenido son producto de una investigación propia y de vivencias personales durante años en torno al ámbito donde ocurre esta historia, conviví con la víctima y colegas que han vivido y viven en tal contexto.
¿Estas circunstancias me obligan al silencio?
El periodista tiene la obligación de narrar hechos públicos apegado a la permanente búsqueda de la objetividad que no existe como tal sino como una construcción siempre incompleta…(Continuará)