Por unanimidad, el Pleno de la Corte determinó la separación del cargo del alcalde Bernardo Barrada Ruiz, de los otros nueve integrantes del Cabildo y de los directores municipales de Programación y de Finanzas. Además, los ministros resolvieron someter a juicio penal por desacato al munícipe anterior, Jorge Alberto Carrillo Jiménez, y los nueve ex miembros del Cabildo que presidió, ya que igualmente ignoraron los requerimientos del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco para cumplir el amparo en cuestión.
La Corte presentará directamente la acusación contra los 22 señalados ante un juez federal del nuevo sistema penal en Villahermosa; la pena por este delito, previsto en la Ley de Amparo, es de 5 a 10 años de cárcel.
Por segunda vez en dos meses, la Corte aplica esta sanción. En noviembre pasado los ministros destituyeron en la Ciudad de México al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, que junto con su antecesor desacató otro amparo que ordenaba pagos a trabajadores que ganaron demandas laborales.
Además, es la primera vez que la Corte sanciona a todo un Cabildo en funciones, pues sólo había destituido a alcaldes y algunos funcionarios ejecutivos.
Pero este miércoles, la Suprema Corte ordenó también la destitución y consignación penal de Erwin Castelán, alcalde priista de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, así como la consignación penal de su antecesor, el diputado federal David Sánchez Isidoro, y de otros funcionarios municipales por desacato reiterado a una sentencia de amparo que desde abril de 2013 ordena pagar 4.1 millones de pesos por un laudo laboral favorable a Julián Domínguez Zamudio.
Además, el Pleno de la Corte determinó separar del puesto y acusar penalmente a Pablo Pérez Maceda, alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, así como a todo el Cabildo, por haber sido omisos en pagar 967 mil pesos a la dueña de un terreno de 400 metros cuadrados que fue invadido ilegalmente para una obra pública.
Todos los ahora ex funcionarios serán acusados directamente por la Corte ante jueces federales del Estado de México y Puebla por el delito de desacato a una sentencia de amparo, con sanción de 5 a 10 años de cárcel.
En el caso de Veracruz existían hasta finales de octubre pasado mil 85 demandas laborales derivadas del cambio de gobierno estatal, y 283 más que corresponden a diversos ayuntamientos. El monto total de los laudos laborales ascenderían a cerca de dos mil millones de pesos.
Por ejemplo, en el caso el Ayuntamiento del puerto de Veracruz, la síndica Alma Lamadrid Rodríguez declaró desconocer este tema, pero el 10 de diciembre anterior el aún alcalde Ramón Poo Gil informó que se quedaría pendiente el pago de 500 laudos laborales que recibió de administraciones anteriores. El ex munícipe priista dijo que por insuficiencia presupuestal en su cuatrienio solo se cubrieron 200 sentencias laborales en favor de ex trabajadores.
La magistrada Concepción Flores Saviaga, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, declaró en julio del año pasado que hay laudos que datan desde 2005 y que fueron desatendidos por las administraciones municipales, por lo que sus montos fueron incrementándose. Mencionó el caso concreto del Ayuntamiento de Misantla, que enfrenta laudos por más de 20 millones de pesos luego de que pasadas administraciones dejaran sin atender los llamados de la autoridad laboral.
Otros Ayuntamientos, como el de Coatzintla, solicitaron desde hace dos años al Congreso local que les asignara una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales, pero la Comisión Permanente de Hacienda Municipal dictaminó que el Poder Legislativo no contaba con atribuciones para hacerlo.
El 17 de noviembre de 2015 el Ayuntamiento de Coatzintla pidió al Congreso le fueran asignados 800 mil pesos extras para pagar un laudo laboral, derivado del expediente 708/2008-IV, promovido por Esteban Hueramo Tapia.
Igualmente, hace un par de años la Diputación Permanente del Congreso del Estado negó a los Ayuntamientos de Actopan, José Azueta, Playa Vicente, Pajapan y Veracruz la solicitud para pedir préstamos, enajenar bienes o utilizar recursos federales para pagar laudos laborales.
Solamente Coatepec fue favorecido, por lo que dispuso de recursos del remanente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF) del ejercicio 2015. Con dicha autorización, pagó a Rafael Gómez la cantidad de 136 mil 551.18 pesos; a Pablo Ruiz Mapel, 213 mil 365.82 pesos; a Raúl Odón Martínez García, 550 mil pesos; y a Paulino Alarcón Trujillo, 158 mil 800 pesos.
En su caso, el Ayuntamiento de Actopan pedía permiso para disponer de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF), tanto del presente ejercicio fiscal como de los ejercicios subsecuentes para cubrir los importes de las sentencias de los juicios federales promovido por Rosa María González Cortés y Salvador Santillán y otros, el primero por la cantidad de un millón 341 mil 60 pesos, y el segundo por la cantidad de dos millones 54 mil 97.73 pesos.
En el caso del Ayuntamiento de José Azueta solicitaba permiso para poder desincorporar dos bienes inmuebles de propiedad municipal para el pago de un laudo laboral a favor de Víctor Manuel Hernández Acevedo, por la cantidad de dos millones 164 mil 973.29 pesos.
Playa Vicente quería recurrir al endeudamiento directo con Banobras, pagadero a cinco años, para dar cumplimiento a la sentencia del laboral promovido por Carolina Reyes Mendoza.
El Ayuntamiento de Pajapan solicitó que se le asignara un recurso extraordinario por la cantidad de dos millones 343 mil 484.83 pesos para el pago de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el pago de 13 ex policías municipales.
Lo mismo ocurrió con Playa Vicente en otra solicitud similar y con el Ayuntamiento de Veracruz, que fue condenado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado a pagar laudos laborales a Manuel Enrique Mendoza Murguía, Raúl Eusebio Luna, Mauricio Ortiz Medina, Jesús Camacho Valencia, José Nieves Gómez Gómez, Pedro Bolaños Rojas y Miguel Piña Hernández.
Este miércoles, el diario El Universal documentó que en los últimos doce meses el gobernador Miguel Ángel Yunes se ha negado a acatar sentencias del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y de Juzgados de Distrito para reinstalar e indemnizar a cientos de trabajadores que fueron despedidos injustificadamente del Poder Ejecutivo estatal durante la administración del priista Javier Duarte de Ochoa.
Y refiere que por lo menos en 60 juicios, ex empleados han logrado que se les dicte una resolución favorable, en la que se ordena su reinstalación, pago de salarios caídos y prestaciones, lo que la administración yunista se ha resistido a cumplir.
Dichas sentencias, según el diario capitalino, suman pagos por aproximadamente 70 millones de pesos a favor de los ex trabajadores. La negativa a cumplir provocó que el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, en el juicio de amparo indirecto número 219/2016, ordenara al gobernador a obligar a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a cumplir el laudo; sin embargo tampoco acató dicho mandato del Poder Judicial federal. |
